“No son falsas denuncias, faltan denuncias”: legisladoras bonaerenses se plantan contra el proyecto de Losada
La discusión por las denominadas falsas denuncias abrió un nuevo frente entre la Legislatura bonaerense y el Congreso nacional. Diputadas y senadoras provinciales reunieron a familiares de víctimas de femicidio, madres protectoras y organizaciones feministas para expresar su rechazo al proyecto impulsado por Carolina Losada, que busca modificar el Código Penal y elevar las penas por falsa denuncia y falso testimonio.
Bajo la consigna “No son falsas denuncias, faltan denuncias”, las participantes advirtieron que la reforma podría convertirse en una barrera adicional para mujeres, niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia de género o abuso sexual.
La actividad fue organizada por la diputada Noelia Saavedra en la Cámara baja bonaerense. Participaron las diputadas Lucía Iañez, Mónica Schlotthauer, Evelyn Flores Yans, Ayelén Rasquetti y Cintia Romero, el diputado Christian Castillo y las senadoras Mónica Macha y Valeria Arata, además de familiares y representantes de organizaciones sociales y políticas.
El encuentro tuvo dos objetivos conectados: rechazar el avance de la iniciativa nacional y respaldar el pedido de absolución de Patricia Godoy, condenada por falso testimonio después de haber declarado como testigo en la causa por el cuádruple femicidio de La Loma.
Qué propone el proyecto de Carolina Losada
La iniciativa, identificada como expediente S-228/25, propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal. El texto obtuvo dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado nacional el 8 de abril de 2026 y quedó en condiciones de llegar al recinto.
El proyecto reemplaza la pena vigente por falsa denuncia —que actualmente contempla prisión de dos meses a un año o multa— por una escala general de uno a tres años de prisión.
Cuando la acusación considerada falsa estuviera relacionada con violencia de género, violencia familiar contra menores o delitos contra la integridad sexual, la sanción se elevaría a entre tres y seis años.
También plantea cambios para el falso testimonio. La pena básica pasaría a ser de uno a cuatro años, mientras que en una causa penal en perjuicio de una persona imputada podría alcanzar los ocho años. Para los procesos por violencia de género, abuso sexual o violencia familiar contra menores, el mínimo quedaría fijado en tres años.
Un punto central del dictamen establece que la denuncia debe haber sido realizada “a sabiendas de su falsedad”. Esa condición supone que una investigación archivada, una absolución o la falta de pruebas no convierten automáticamente una presentación en falsa: para aplicar la pena debería acreditarse que la persona conocía la inexistencia del hecho al momento de acudir ante la autoridad.
Losada argumenta que la modificación busca resguardar a personas injustamente acusadas, proteger la presunción de inocencia y responder al daño familiar, laboral y social que puede provocar una imputación falsa.
Desde Buenos Aires cuestionan el diagnóstico que sostiene la propuesta. Las legisladoras advierten que los delitos de falsa denuncia y falso testimonio ya están contemplados en el Código Penal y sostienen que el agravamiento resulta especialmente riesgoso cuando apunta a los mismos contextos en los que existen mayores dificultades para denunciar.
El temor a un efecto disuasorio
Durante la mesa de trabajo, las participantes señalaron que la reforma puede fortalecer una amenaza frecuente contra quienes buscan ayuda: la posibilidad de ser denunciadas penalmente si la causa original no avanza o no reúne pruebas suficientes.
Ese punto resulta clave porque una acusación que no termina en condena no necesariamente fue inventada. Un expediente puede archivarse por falta de elementos probatorios, errores en la investigación, demoras, prescripción o dificultades para reconstruir hechos que, muchas veces, ocurren en ámbitos privados y sin testigos.
La diputada Ayelén Rasquetti, autora de una de las iniciativas provinciales de rechazo, afirmó que el proyecto, “con el argumento de buscar la igualdad, apunta al desconocimiento y negación de la violencia de género en tanto gravísimo problema social”.
La senadora Mónica Macha fue todavía más dura. Sostuvo que la propuesta busca “deslegitimar las voces de las mujeres y las niñeces” y podría ser utilizada por personas denunciadas por violencia o abuso como una estrategia defensiva contra quienes recurrieron a la Justicia.
Para las legisladoras, el problema no reside solamente en la eventual aplicación de una condena. La existencia de una amenaza penal más grave podría alcanzar para generar miedo, provocar el retiro de una presentación o impedir que una víctima dé el primer paso.
El dato que atraviesa la discusión
El principal argumento estadístico presentado durante la jornada surgió de un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que examinó 8.254.672 causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país.
Dentro de ese universo se identificaron 7.517 investigaciones por falsa denuncia, equivalentes al 0,09% del total: aproximadamente una cada 1.098 expedientes.
Las investigaciones por falso testimonio representaron una proporción todavía menor: 0,025%, cerca de una cada 3.940 causas. El estudio también pudo clasificar los hechos registrados en 14 de las jurisdicciones participantes. Según esa desagregación, el 86% de las investigaciones por falsa denuncia no estaba relacionado con violencia de género. Solo el 8% correspondía a ese ámbito o a conflictos intrafamiliares.
El dato del 86% requiere una precisión respecto del 92% mencionado en algunas intervenciones políticas: el relevamiento federal publicado ubica en 86% los casos ajenos a la violencia de género, no en 92%.
El informe también detectó una fuerte concentración en Salta, que reunió el 57,3% de las investigaciones computadas. El propio Ministerio Público salteño aclaró que su sistema registra bajo esa categoría todas las presentaciones ingresadas con ese rótulo, aunque después no cumplan los requisitos legales del delito.
Por eso, la cantidad de expedientes iniciados tampoco equivale a denuncias cuya falsedad haya sido probada mediante una sentencia. El relevamiento no logró establecer cuántas investigaciones terminaron efectivamente en condena.
El otro número: la violencia que no se denuncia
Las legisladoras plantearon que la discusión debe incorporar no solo la proporción de acusaciones falsas, sino también el volumen de hechos de violencia que nunca llegan al sistema judicial.
La Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, realizada en el marco de la Iniciativa Spotlight, determinó que el 45% de las mujeres consultadas atravesó violencia de pareja alguna vez en su vida. Sin embargo, el 77% no presentó una denuncia.
Otros estudios oficiales mostraron que el subregistro es todavía mayor frente a la violencia sexual. El Segundo Estudio Nacional sobre Violencias contra las Mujeres indicó que cerca del 20% sufrió alguna forma de violencia sexual durante su vida adulta y que el 88% no denunció.
Ese escenario explica la consigna elegida por las participantes de la mesa bonaerense. Para ellas, el problema estructural no es una proliferación de presentaciones falsas, sino la cantidad de víctimas que no accede a protección, desiste del proceso o encuentra una respuesta insuficiente.
El debate también llegó al ámbito internacional. En sus observaciones sobre la Argentina, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas recomendó retirar la propuesta de reforma vinculada con las falsas denuncias.
El organismo advirtió que las modificaciones legislativas no deben crear nuevas barreras, desalentar la búsqueda de protección ni poner en duda de manera generalizada la credibilidad de las mujeres que relatan hechos de violencia.
Ese pronunciamiento forma parte de los argumentos utilizados por las legisladoras bonaerenses. La Argentina asumió compromisos internacionales, entre ellos los establecidos por la Convención de Belém do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Desde esa perspectiva, cualquier reforma penal debe analizar no solo la protección de quien es acusado falsamente, sino también el impacto que puede producir sobre quienes necesitan recurrir a la Justicia.
Patricia Godoy, el caso que llegó a la mesa bonaerense
La situación de Patricia Godoy ocupó un lugar central durante la actividad. Es la madre de Marisol Günther, una joven de 19 años hallada muerta en su vivienda de La Plata en octubre de 2011. La investigación por esa muerte fue archivada sin imputados, aunque Godoy sostiene que su hija fue víctima de un femicidio.
Meses después, Godoy fue citada como testigo en la investigación por el cuádruple femicidio de La Loma. En aquel crimen fueron asesinadas Susana De Barttole, Bárbara Santos, Micaela Galle y Marisol Pereyra.
Godoy declaró que había visto a su vecino Osvaldo “Karateca” Martínez ingresar a su domicilio durante la madrugada del crimen. Martínez fue uno de los principales sospechosos, pero luego resultó absuelto. El condenado a prisión perpetua fue Javier “La Hiena” Quiroga.
A partir de una denuncia presentada por Martínez, Godoy fue juzgada y recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión por falso testimonio agravado. Actualmente cumple prisión domiciliaria y su defensa pidió que el Tribunal de Casación Penal bonaerense revoque la sentencia.
Sus abogados sostienen que no se demostró que hubiera mentido deliberadamente y remarcan que ella nunca afirmó haber visto a Martínez en el lugar de los asesinatos, sino entrando en su propia casa.
También cuestionan que el testimonio haya sido considerado determinante para la detención del acusado. Martínez había sido arrestado antes de la primera declaración de Godoy y su posterior detención estuvo vinculada con otros elementos incorporados al expediente.
La defensa denunció, además, el uso de estereotipos de género para desacreditarla. Entre ellos mencionó la construcción de Godoy como una mujer “fabuladora” o movida por su militancia feminista y por la búsqueda de justicia para su hija.
El fiscal adjunto ante Casación reconoció que durante el proceso existieron preguntas basadas en un uso inadecuado de estereotipos, aunque consideró que ese aspecto no había definido la condena. La defensa, en cambio, sostiene que esos prejuicios sí afectaron la valoración de su credibilidad.
Godoy pidió ser escuchada y volvió a reclamar que se investigue qué ocurrió con Marisol. La Sala IV del Tribunal de Casación deberá resolver si confirma la sentencia o hace lugar al pedido de absolución.
La Cámara de Diputados y el Senado provinciales ya recibieron iniciativas destinadas a expresar el rechazo institucional al expediente de Losada. Aunque la Legislatura bonaerense no puede modificar ni impedir directamente una reforma del Código Penal —una facultad exclusiva del Congreso nacional—, sí puede aprobar declaraciones políticas y llevar el reclamo a los representantes de Buenos Aires.
Al finalizar la actividad se leyó un documento respaldado por las participantes, quienes asumieron el compromiso de sostener nuevas reuniones y coordinar acciones contra propuestas que, según denunciaron, puedan limitar el derecho a buscar protección.
También reclamaron presupuesto y políticas públicas para prevenir la violencia, acompañar a las víctimas y mejorar el acceso a la Justicia.