Personas en situación de calle: las claves del nuevo sistema de protección bonaerense
Dormir en una vereda, una plaza o una estación es la expresión más visible del problema, pero no la única. La nueva ley bonaerense amplía la protección a quienes todavía conservan un techo, aunque se encuentran a punto de perderlo por un desalojo, el egreso de una institución o la imposibilidad de sostener un alquiler.
Ese cambio de enfoque constituye el corazón de la iniciativa impulsada por el senador provincial Federico Fagioli. La propuesta abandona una mirada concentrada exclusivamente en la asistencia de emergencia y reconoce a las personas en situación de calle —o en riesgo de quedar en ella— como sujetos de derechos.
El texto recibió la sanción definitiva de la Legislatura bonaerense y ahora deberá ser promulgado y reglamentado por el Poder Ejecutivo. Recién entonces se conocerán los plazos, circuitos administrativos y recursos concretos con los que se aplicará en los 135 municipios.
La legislación considera en situación de calle a quienes habitan de manera permanente o transitoria en espacios públicos, paradores, refugios u otros lugares que no reúnen condiciones adecuadas para funcionar como vivienda.
Pero incorpora una segunda categoría que amplía considerablemente su alcance: las personas en riesgo de situación de calle. Dentro de ese universo aparecen quienes deben abandonar hospitales, establecimientos de salud mental, hogares, instituciones de cuidado o unidades penitenciarias y no cuentan con un lugar donde vivir. También quedan comprendidas las familias que enfrentan un desalojo y carecen de ingresos suficientes para acceder a otro inmueble.
La norma alcanza, además, a quienes residen en asentamientos precarios, sin servicios básicos o bajo condiciones de hacinamiento, siempre que esos lugares no estén incluidos dentro del registro nacional de barrios populares establecido por la Ley 27.453.
El objetivo es que el Estado intervenga antes de que la pérdida del techo se consume. Hasta ahora, gran parte de las respuestas públicas se activaba cuando una persona ya se encontraba durmiendo a la intemperie y la emergencia era difícil de revertir.
Uno de los principales cambios consiste en impedir que la falta de documentos se transforme en una barrera para recibir atención. La ley establece que ninguna dependencia provincial podrá negar asistencia porque una persona no tenga DNI, partida de nacimiento, domicilio acreditado u otra documentación. También garantiza la tramitación gratuita de esos instrumentos y de las claves necesarias para acceder al empleo formal y al sistema tributario.
El punto resulta central porque la pérdida o ausencia del documento suele bloquear el ingreso a programas sociales, tratamientos médicos, búsquedas laborales, alquileres y trámites previsionales.
La protección incluye el acceso integral a la salud física, mental, emocional y social. También contempla la incorporación a programas de formación y empleo, con el propósito de construir una salida que no quede limitada a una cama transitoria o a la entrega de alimentos.
La norma reconoce, a su vez, el derecho a utilizar el espacio público sin sufrir discriminación. Frente a una intervención estatal, los organismos deberán priorizar las herramientas de acompañamiento y asistencia antes de recurrir a medidas coercitivas.
El aspecto de mayor alcance es la obligación de incorporar a esta población dentro de las políticas habitacionales bonaerenses. La Provincia deberá reservar un cupo o una proporción de sus planes de construcción y acceso a viviendas para personas que se encuentren en la calle o en riesgo de perder su techo. Sin embargo, el texto no fija un porcentaje determinado.
Esa definición quedará en manos de la reglamentación. Allí deberá precisarse cuántas unidades serán asignadas, cuáles serán los criterios de prioridad y qué requisitos se utilizarán para ingresar a los programas.
El desafío será evitar que la falta de documentación, ingresos formales o antecedentes crediticios vuelva inaccesible el beneficio para la misma población a la que intenta alcanzar.
La vivienda también diferencia esta normativa del régimen bonaerense vigente desde 2008. La Ley 13.956 estaba orientada principalmente a brindar alimentos, atención médica y alojamiento temporario. La nueva regulación busca incorporar una perspectiva más amplia, centrada en la restitución de derechos y en la construcción de alternativas para abandonar definitivamente la calle.
Qué papel tendrán los municipios
Aunque la autoridad de aplicación será provincial, la implementación dependerá en buena medida de los gobiernos locales. Son los municipios los que administran paradores, realizan operativos territoriales y reciben las primeras demandas de las personas que atraviesan una emergencia habitacional.
La Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle deberá coordinar las acciones, pero cada distrito tendrá que articular sus áreas de Desarrollo Social, Salud, Hábitat, Seguridad y Empleo.
El problema aparece en un contexto de mayor presión sobre las administraciones comunales. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, intendentes de distintos espacios vienen advirtiendo sobre el crecimiento de la demanda de alimentos, medicamentos y asistencia social, al mismo tiempo que enfrentan una caída de los recursos disponibles.
El antecedente nacional y el repliegue de la Nación
La propuesta bonaerense toma como referencia la Ley nacional 27.654, sancionada en 2021, que estableció un sistema de protección integral para personas en situación de calle y familias sin vivienda.
Fagioli fue uno de los impulsores de aquella norma durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación. Ya como senador provincial, trasladó sus principales lineamientos al territorio bonaerense.
El debate cobró otra dimensión después de que el Gobierno de Javier Milei modificara durante 2025 la reglamentación nacional. El nuevo esquema reorganizó las competencias y dejó la respuesta inmediata principalmente bajo responsabilidad de las provincias y los municipios.
Esa transferencia profundizó una discusión que ya atravesaba al sistema: quién debe alojar, asistir y acompañar a una persona cuando la emergencia supera los límites de una jurisdicción.
Para los gobiernos locales, el riesgo es recibir nuevas obligaciones sin los recursos necesarios. Para la Provincia, el desafío será sostener un sistema común que no dependa exclusivamente de la capacidad financiera de cada intendencia.
El acuerdo político que destrabó la iniciativa
El proyecto había sido aprobado por el Senado bonaerense en octubre de 2025, pero permaneció durante meses sin tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados.
Su avance terminó vinculado con las negociaciones internas de la Legislatura. Fuerza Patria facilitó el recambio de autoridades solicitado por La Libertad Avanza, que permitió la llegada de Juan Osaba a la presidencia del bloque libertario y el traslado de Agustín Romo a la Vicepresidencia tercera de la Cámara.
Como parte de ese entendimiento parlamentario, la iniciativa de Fagioli fue incorporada al temario y obtuvo la sanción definitiva. El acuerdo permitió cerrar una discusión legislativa, pero abrió otra mucho más compleja: cómo llevar sus disposiciones al territorio.