Banco Provincia y un proyecto nuclear en Argelia: qué garantiza Río Negro y por qué desde la oposición apuntaron a Kicillof
Un decreto del gobierno de Río Negro para respaldar una operación entre INVAP y el Banco Provincia abrió un cruce que rápidamente pasó de la ingeniería financiera a la agenda bonaerense. El diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal y referente del sector del senador nacional Maximiliano Abad, responsabilizó políticamente al gobernador Axel Kicillof por la participación de la entidad pública y le reclamó respuestas sobre seguridad, IOMA, educación, rutas y compromisos institucionales.
Sin embargo, el Decreto 785/26 no coloca al Estado bonaerense como otorgante del aval por USD 6 millones. El documento establece que es Río Negro quien lo concede a favor del Banco Provincia para contragarantizar una garantía de anticipo financiero. La precisión no borra la intervención del banco público bonaerense, pero sí delimita las responsabilidades jurídicas: los recursos afectados ante un eventual incumplimiento son rionegrinos.
Qué firmó Weretilneck
El decreto fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, el 14 de agosto y publicado diez días después en el Boletín Oficial 6519. El aval estará vigente hasta el 31 de mayo de 2030 y respalda la Adenda N° 3 del contrato D11-01 Fase 2, suscripto el 18 de febrero de 2016 entre INVAP y el Centro de Investigación Nuclear de Draria, de Argelia.
El objetivo contractual es elevar a 3,5 megavatios la potencia del reactor nuclear NUR mediante trabajos de actualización tecnológica. El pedido formal fue presentado el 19 de junio por el presidente de INVAP, Vicente Campenni. Como respaldo, Río Negro afectó los fondos que le correspondan por Coparticipación de Impuestos Nacionales y/o regalías hidrocarburíferas. El Ministerio de Hacienda seguirá la garantía y la Contaduría General provincial deberá intervenir.
La operación se apoya en la Ley H 2.454, sancionada en 1991, que autorizó al Ejecutivo rionegrino a garantizar obligaciones de INVAP. La Ley 5.218 elevó de USD 30 millones a USD 100 millones el límite general, aunque el contrato del Bono Plan Castello mantiene un tope de USD 30 millones para estas garantías. La Subsecretaría de Financiamiento Público informó que el nuevo aval se encuentra dentro de los márgenes permitidos.
Del NUR al Banco Provincia
El NUR —“luz”, en árabe— fue la primera exportación nuclear argentina. Los contratos se firmaron en 1985, fue inaugurado en abril de 1989 y funciona en Draria con una potencia de 1 megavatio. Además de producir radioisótopos e irradiar muestras, opera como reactor escuela para ingenieros, físicos y operadores. También permitió realizar estudios con trazadores sobre acuíferos del norte africano.
El proyecto no consistió únicamente en entregar la instalación: incluyó transferencia tecnológica y capacitación de unos 50 especialistas argelinos en el reactor RA-6 de Bariloche. La actualización prevista busca llevar la potencia del NUR a 3,5 megavatios.
INVAP es una empresa estatal cuyo propietario es Río Negro y cuya conducción comparte con la Comisión Nacional de Energía Atómica, a partir del acuerdo que dio origen a la compañía. La relación con el Banco Provincia tampoco comenzó con esta adenda. Fuentes de la entidad señalaron que desde hace más de dos décadas participa en avales internacionales para obras nucleares en Argelia; el director Fernando Pérez ubicó el trabajo conjunto con INVAP en 1984.
La información reunida menciona, además, una propuesta todavía sin mayores precisiones oficiales para llevar el margen de emisión de avales a USD 25 millones, con seis años de plazo y garantía del Tesoro Nacional.
El reclamo radical y el mensaje por la Corte
El 28 de agosto, Garciarena trasladó la discusión al terreno de las prioridades de gestión. “Son los bonaerenses los que necesitan garantías”, escribió el legislador marplatense antes de enumerar reclamos por robos y homicidios, prestaciones de IOMA, calidad de la educación pública, transitabilidad de las rutas y cumplimiento de “la palabra empeñada”.
El dirigente ya venía cuestionando los pagos de la obra social a hospitales municipales y prestadores privados, además de reclamar su autarquía y la aplicación directa de los aportes de sus afiliados a las prestaciones.
La última referencia tenía, según pudo reconstruir GRUPOLAPROVINCIA.COM, una lectura adicional. El abadismo sostiene que durante las negociaciones de 2025 por el Presupuesto y el endeudamiento Kicillof se comprometió a enviar pliegos para cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense, con un lugar acordado para la UCR.
Según esa versión, el gobernador intervino por teléfono en una reunión de la que participaron el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis; dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro y legisladores opositores. El sector esperaba el envío en julio, pero al momento del planteo no se había concretado.
Garciarena aclaró que no objetaba el desarrollo tecnológico: “La energía nuclear de Río Negro está muy bien, pero recuerde que su obligación es mejorar la vida de los bonaerenses y, por lo que se ve, su garantía hoy es insolvente”.
Pérez, director del Banco Provincia desde enero de 2026 y dirigente radical de Quilmes, respondió con una corrección técnica y una chicana política: “Diego querido, hay que aprender a leer: la garantía es a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja en conjunto con INVAP desde 1984”.