Rutas destruidas y fondos sin ejecutar: crece la presión sobre Milei y Caputo desde la Provincia
El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires ya no alimenta solamente reclamos municipales y denuncias de usuarios. La discusión comenzó a tomar volumen en la Cámara de Diputados bonaerense, donde legisladores de distintos espacios impulsan pedidos de informes para reconstruir el recorrido de los fondos que administra el Gobierno de Javier Milei.
La última presentación pertenece al diputado de Nuevos Aires Fabián Luayza, quien busca determinar cuánto recaudó la Nación mediante el impuesto a los combustibles entre 2023 y 2026, qué recursos fueron asignados al Sistema Vial Integrado (SisVial) y cuáles terminaron aplicándose sobre los corredores ubicados en territorio bonaerense.
El planteo se suma al expediente impulsado por Martín Rozas, legislador de Unión y Libertad, que incorporó documentación contable obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública. Los datos expusieron una diferencia superior al billón de pesos entre lo ingresado al sistema y lo utilizado en infraestructura.
El reclamo legislativo se inserta en una acusación política más amplia contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde la Provincia sostienen que recursos cobrados con una finalidad específica permanecen fuera de las rutas, mientras avanzan el deterioro de la calzada, los accidentes y los costos que deben soportar municipios, transportistas y sectores productivos.
La lupa sobre el SisVial
El SisVial integra el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte y fue creado para financiar la construcción, conservación, rehabilitación y mantenimiento de la red nacional. Parte de sus recursos proviene del tributo incluido en cada litro de combustible.
La documentación presentada por Rozas indica que entre 2024 y mayo de 2026 el sistema recibió $1.503.252 millones, pero destinó $394.406 millones a obras. La ejecución acumulada alcanzó así apenas el 26,2%.
La evolución anual muestra fuertes variaciones. Durante 2024 se habrían utilizado $40.670 millones sobre $360.238 millones recaudados, equivalentes al 11,3%. En 2025 fueron ejecutados $270.592 millones de un total de $692.514 millones, cerca del 39%. Entre enero y mayo de 2026, el porcentaje volvió a bajar: se aplicaron $83.144 millones sobre $450.500 millones.
“Los datos expuestos permiten advertir una significativa diferencia entre los recursos ingresados al sistema y aquellos efectivamente destinados a la ejecución de obras viales”, señaló Rozas.
El legislador pidió al Gobierno nacional que informe el destino del remanente, el cronograma previsto para invertirlo y las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
En tanto, la presentación de Luayza amplía la presión, aunque dirige parte de sus preguntas al Ejecutivo provincial. El diputado reclama que la administración de Axel Kicillof detalle qué montos fueron informados o reconocidos por la Nación para financiar obras dentro de Buenos Aires.
También solicita identificar las rutas y los tramos alcanzados por planes de conservación, repavimentación o reconstrucción; conocer cuáles tareas comenzaron, su porcentaje de avance y las fechas previstas de finalización; y precisar qué intervenciones permanecen paralizadas, suspendidas o demoradas.
“Más allá de las posiciones políticas que puedan existir respecto de la administración de dichos recursos, resulta necesario contar con información objetiva que permita determinar con precisión la situación”, argumentó Luayza.
El expediente pide saber, además, si la Provincia formuló reclamos ante Economía, Vialidad Nacional u otras dependencias y si existen negociaciones para que Buenos Aires pueda intervenir mediante convenios, transferencias de jurisdicción o esquemas de financiamiento compartido.
Para el legislador, la discusión excede la calidad del pavimento. Las rutas nacionales conectan municipios, áreas industriales, zonas agropecuarias, puertos y mercados de consumo. Su deterioro incrementa los costos logísticos, afecta la competitividad y compromete la seguridad de quienes circulan diariamente.
De los números a la acusación contra Milei y Caputo
La controversia escaló después de que un vocero del Gobierno nacional reconociera que recursos provenientes del impuesto a los combustibles contribuían al resultado fiscal mientras no eran ejecutados en su destino original.
Kicillof respondió con una de sus acusaciones más duras: “Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos”.
El gobernador relacionó esa situación con el “abandono sin precedentes” de los corredores nacionales y contrapuso la paralización de esas intervenciones con el programa ejecutado por la empresa provincial AUBASA.
El señalamiento coincide con una denuncia que ya había tomado estado parlamentario y judicial: en abril, legisladores nacionales e intendentes cuestionaron que más de $1,1 billones destinados a infraestructura vial terminaran colocados en instrumentos financieros. El planteo apuntó directamente contra Caputo y autoridades de Vialidad Nacional por la posible utilización de recursos afectados para apuntalar las cuentas del Tesoro.
La controversia derivó luego en una denuncia penal promovida por intendentes contra el ministro de Economía por presunta malversación. Los jefes comunales sostuvieron que la subejecución no constituye un problema meramente contable: obliga a los municipios a atender emergencias en trazas que no están bajo su jurisdicción y expone a los vecinos a circular por corredores sin mantenimiento suficiente.
“Los impuestos son para hacer rutas”
Una de las voces que anticipó la discusión fue la del intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, quien advirtió que los fondos obtenidos mediante el impuesto a los combustibles no podían quedar sujetos a decisiones discrecionales de la Casa Rosada.
“Los impuestos son para hacer rutas, no para uso discrecional de Milei y Caputo”, cuestionó. Su reclamo puso el foco en el contraste entre lo que pagan los usuarios al cargar nafta o gasoil y la ausencia de trabajos visibles en numerosos corredores.
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, llevó otro diagnóstico al Congreso. En su exposición ante la Comisión de Obras Públicas, sostuvo que las rutas 3 y 228 son esenciales para conectar el distrito con los puertos de Quequén y Bahía Blanca, pero acumulan problemas de bacheo, iluminación y conservación.
“En mis 55 años jamás vi la Ruta 228 en el estado lamentable en el que se encuentra”, afirmó. El municipio presentó alternativas para realizar intervenciones puntuales con recursos propios, pero necesita autorización nacional porque no posee jurisdicción sobre esas trazas.
En la Ruta Nacional 5, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, describió una situación todavía más sensible. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la definió como “la ruta de la muerte” y advirtió sobre más de 200 accidentes. Allí convergen el mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la demora de obras reclamadas durante años por los municipios del corredor.