Empresarios y diputados impulsan una reforma para sostener los controles a hipermercados
La discusión por la regulación de los hipermercados volvió a moverse en la Legislatura bonaerense. La conducción de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), encabezada por Guillermo Siro, llevó su reclamo a la Cámara de Diputados y encontró respaldo entre legisladores que plantean conservar la Ley 12.573, aunque con cambios para adecuarla a nuevas modalidades comerciales.
La delegación se reunió con Alejandro Acerbo, presidente de la Comisión de Producción y Comercio Interior, y con el diputado Ariel Archanco. La posición transmitida durante el encuentro fue avanzar por el camino de la actualización antes que por una derogación total del régimen, una alternativa que había ingresado previamente al debate legislativo desde La Libertad Avanza. La condición de Acerbo al frente de la comisión está registrada en la información oficial de la Cámara baja.
Siro sostuvo que quedó establecido que la normativa “no va a ser eliminada” y remarcó que cualquier modificación debería conservar un punto que las entidades consideran central: “mantener a la órbita estatal al frente del proceso de habilitación”. También pidió preservar herramientas contempladas en el esquema actual, entre ellas las Asociaciones de Colaboración Empresaria y las redes de compra.
De la reunión participaron además los vicepresidentes de CEPBA Cristian Wertmuller y Alberto Pate; el secretario general, Diego Príncipi; Silvia Predassi y José Santos Russo; Diego Piancazzo, de la Cámara de Industria y Comercio de La Plata; Javier Jonefer, de la Cámara de Supermercados; Ricardo Cuevas, de la Asociación de Almaceneros de Berisso; Mariano Schmarson y Gabriela Di Lorenzo, de la Cámara de Comercio de Berisso, junto con representantes de CALPO y movimientos de pymes.
De la derogación a una reforma de la ley
La ofensiva empresaria tiene como antecedente inmediato el proyecto impulsado en el Senado por Matías De Urraza, de La Libertad Avanza, que propone directamente derogar la Ley 12.573. A fines de agosto, la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo recibió a representantes de FEBA y FABA para discutir esa iniciativa y escuchar el diagnóstico del sector sobre consumo, costos y cierres comerciales.
Las entidades empresarias vienen planteando una salida diferente: conservar el régimen que regula la instalación, ampliación y funcionamiento de grandes superficies, pero modernizarlo. La norma fue sancionada en 2000 y establece una intervención provincial que complementa las habilitaciones municipales y procura evaluar el impacto de nuevos establecimientos sobre cada zona comercial.
En Diputados, ese camino encontró una expresión concreta en el expediente D-2803/26-27 de Ariel Archanco (Unión por la Patria). El proyecto no elimina la Ley 12.573: amplía y actualiza sus definiciones para incorporar, además de las grandes superficies, a cadenas de distribución, grupos económicos, centros de distribución y logística de última milla, locales de preparación de pedidos y plataformas de comercio electrónico.
La propuesta conserva la factibilidad provincial previa a la habilitación municipal y establece estudios sobre impacto socioeconómico, ambiental, urbanístico y vial. También prevé participación de entidades empresarias representativas, una ventanilla digital para tramitar las solicitudes y un plazo máximo de 60 días hábiles una vez reunidos los requisitos. Para las plataformas digitales contempla un registro provincial y habilita a evaluar obligaciones vinculadas al comercio de proximidad, proveedores pyme y prácticas de venta.
La ficha legislativa oficial indica que el proyecto ingresó a la Comisión de Producción y Comercio Interior el 28 de agosto y todavía no registra despacho. Luego tiene giro a Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia.
Archanco amplía el régimen y Rasquetti suma el reciclaje
Sobre la misma Ley 12.573 existe otra iniciativa, aunque de alcance diferente. El expediente D-800/26-27, presentado por Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), propone incorporar un artículo 20 bis para que grandes superficies comerciales y cadenas de distribución implementen beneficios destinados a incentivar la devolución de productos o envases reciclables.
El proyecto establece que esos materiales deberán ser recolectados de manera eficiente y quedar a disposición del Ministerio de Ambiente bonaerense. Es decir, a diferencia de la iniciativa de Archanco, no modifica el sistema de habilitación ni redefine las actividades alcanzadas: agrega una obligación vinculada al reciclaje dentro del régimen vigente.
El D-800 ingresó en junio a Producción y Comercio Interior y también tiene previstos giros a Ambiente y Desarrollo Sostenible y Legislación General. La ficha parlamentaria no registra hasta el momento un despacho.
El encuentro con CEPBA incorporó, además, otro reclamo empresario. Siro manifestó preocupación por el aumento de las tarifas y cuestionó un esquema que, según sostuvo, toma como referencia criterios de consumo potencial y “directamente está atacando a nuestra rentabilidad”.
La discusión queda así abierta en dos cámaras y con estrategias diferentes. Mientras en el Senado existe una iniciativa para derogar la Ley 12.573, en Diputados los dos expedientes que proponen modificarla permanecen en comisión y, de acuerdo con las fichas oficiales, todavía no cuentan con despacho.