El corazón fabril, bajo ataque: la Provincia acusa a Milei de empujar la desindustrialización
El gobierno bonaerense volvió a endurecer su diagnóstico sobre el rumbo económico de Javier Milei. El ministro de Trabajo, Walter Correa, aseguró que para la Casa Rosada “la mejor política industrial es no implementar una política industrial” y advirtió que ese vacío golpea especialmente al distrito que concentra más de la mitad de la producción fabril del país.
La definición fue realizada durante el panel “Trabajar en la Argentina de hoy: plataformas, reforma laboral e informalidad”, desarrollado en el marco del 4° Congreso Productivo Bonaerense. Allí, el funcionario contrapuso el modelo nacional con la agenda que la administración de Axel Kicillof intenta sostener alrededor de la producción, el empleo registrado y los derechos laborales.
“Para el Gobierno nacional la mejor política industrial es no implementar una política industrial, y esto afecta mucho a la provincia de Buenos Aires porque más del 50% de la producción nacional se genera en territorio bonaerense”, sostuvo Correa.
El ministro agregó que el deterioro productivo se agrava por el “ahogo financiero y económico” que, según la Provincia, ejerce la Nación mediante el recorte de transferencias, la paralización de obras y la discontinuidad de programas destinados a las pequeñas y medianas empresas.
La respuesta bonaerense al modelo de Milei
Correa señaló que Buenos Aires busca ubicarse en la vereda opuesta mediante políticas vinculadas con el crédito productivo, la capacitación laboral, el sostenimiento de parques industriales y la intervención del Ministerio de Trabajo en conflictos con suspensiones o despidos.
“Desde la provincia de Buenos Aires nosotros hablamos de producción, trabajo y derechos de las y los trabajadores”, remarcó. También defendió el funcionamiento de las negociaciones colectivas y sostuvo que Kicillof puede presentarse ante pymes, grandes compañías y sindicatos con el compromiso de respetar las paritarias.
La exposición contó con la participación de la coordinadora del Centro de Estudios Derecho al Futuro, Mara Ruiz Malec; la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi; y el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano. El debate incluyó el crecimiento de las plataformas digitales, la informalidad y los alcances de la reforma laboral nacional.
La discusión no es solamente normativa. Los cambios impulsados por la Casa Rosada pueden modificar los costos de contratación, las indemnizaciones y los mecanismos de negociación, mientras el debilitamiento de la actividad reduce la capacidad efectiva de los trabajadores para defender sus condiciones laborales.
Kicillof: “Lo que está haciendo Milei es criminal”
La intervención de Correa profundizó el discurso que Kicillof había dejado durante la apertura del Congreso Productivo, realizado en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata con representantes de empresas, cooperativas, cámaras, sindicatos, universidades, organismos científicos y gobiernos locales.
El mandatario bonaerense sostuvo que la Argentina atraviesa “caídas históricas” en la industria, la construcción, el turismo, las economías regionales y la agricultura familiar. Además, afirmó que el programa económico fue diseñado para destruir capacidades construidas durante años.
“No es algo casual ni transitorio: hay una política encaminada a construir un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral y dependiente en lo geopolítico”, aseguró.
Kicillof fue todavía más lejos al comparar la orientación argentina con las políticas aplicadas en otras partes del mundo: “Ningún país destruye sus capacidades industriales y su sistema científico: lo que está haciendo Milei con la industria y la ciencia argentina es criminal, irracional y profundamente contrario al interés nacional”.
La expresión se suma a otra definición que había formulado durante un encuentro por el Día de la Industria: “No es azar ni una mala coyuntura”. Allí acusó al Gobierno nacional de ejecutar un “plan sistemático de desindustrialización” y sostuvo que los resultados coinciden con el objetivo de modificar la matriz productiva argentina.
Más empresas cerradas y menos puestos de trabajo
Las críticas políticas están acompañadas por indicadores que muestran un retroceso significativo. Según los datos difundidos por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, desde la llegada de Milei a la Presidencia cerraron 1.597 empresas industriales en Buenos Aires y se perdieron más de 46.000 empleos fabriles.
Las cifras pueden variar según el período, la fuente y el universo considerado. Un relevamiento de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) ubicó la contracción en 1.306 unidades productivas y casi 42.000 puestos entre mayo de 2023 y mayo de 2026.
Más allá de esas diferencias metodológicas, todos los registros describen una misma tendencia: menos establecimientos, reducción de personal y dificultades crecientes para sostener la capacidad instalada.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el sector representa el 20,8% del Producto Bruto Geográfico provincial, concentra el 50,3% de la producción fabril argentina y explica casi seis de cada diez puestos industriales registrados del país.
Además, aporta el 24,5% del empleo asalariado formal de Buenos Aires. La tasa de registración alcanza al 69% de sus trabajadores, ocho puntos por encima del promedio provincial, y la remuneración media del sector supera al salario general bonaerense.
Por eso, cada fábrica que reduce turnos o baja sus persianas produce efectos que exceden a sus trabajadores directos: alcanza a proveedores, transportistas, comercios, municipios y sistemas productivos regionales.
Consumo, importaciones y costos: la combinación que golpea a las fábricas
El escenario industrial combina varios problemas. La pérdida de poder adquisitivo redujo las ventas en el mercado interno, mientras la apertura importadora aumentó la competencia externa en sectores particularmente sensibles.
Textiles, calzado, juguetes, metalurgia, plásticos y automotores se encuentran entre los rubros que denunciaron dificultades por esa combinación. También aparecen el encarecimiento de la energía, la falta de financiamiento, los elevados costos logísticos y la presión tributaria de los tres niveles del Estado.
La utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico cayó al 39%, mientras la Fundación Pro Tejer estimó la pérdida de 25.000 empleos textiles y el cierre de unas 500 firmas.
La crisis de empresas como Granja Tres Arroyos agregó una expresión concreta al deterioro. La Provincia debió dictar una conciliación obligatoria ante el anuncio de despidos y abrió negociaciones por la continuidad de las plantas y el pago de salarios.
Los empresarios también reclaman respuestas a la Provincia
El diagnóstico contra Milei no elimina los cuestionamientos dirigidos a Kicillof. UIPBA llevó al Ejecutivo un proyecto para reducir gradualmente el peso de Ingresos Brutos sobre la actividad manufacturera.
La propuesta plantea elevar de $1.800 millones a $3.200 millones el límite anual de facturación para que las micro y pequeñas fábricas puedan acceder a una alícuota del 0%. Para las medianas y grandes compañías, prevé un descenso escalonado durante varios años.
Los industriales sostienen que el esquema podría compensarse mediante una mayor fiscalización, la reducción de la evasión y cambios en otras actividades. El gobierno bonaerense aceptó discutirlo, pero condicionó una reforma de fondo a la recuperación de la economía y a la posibilidad de preservar la recaudación.
Kicillof admitió que la estructura tributaria puede mejorarse, aunque rechazó que Ingresos Brutos explique por sí solo el deterioro. Frente a los empresarios, fue directo: “La macro de Milei es lo que los está fundiendo”.
La oposición bonaerense intenta ubicarse entre ambos planteos. Legisladores del PRO y sectores radicales cuestionan la apertura importadora y la ausencia de una estrategia nacional, pero también reclaman a la Provincia menores impuestos, menos burocracia, mejores rutas y facilidades para invertir.