Política Por: Pamela Orellana27 de octubre de 2026

Corte, demoras y tensión sindical: la protesta municipal profundizó el reclamo a la Provincia

Trabajadores municipales nucleados en FESIMUBO cortaron la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Ezpeleta, provocando importantes demoras y desvíos. La protesta por salarios y condiciones laborales reavivó la presión sobre el Gobierno bonaerense para convocar al Consejo del Empleo Municipal, en medio de una disputa por la representación sindical.
Corte, demoras y tensión sindical: la protesta municipal profundizó el reclamo a la Provincia.

Los trabajadores municipales bonaerenses volvieron a llevar sus reclamos a una vía estratégica este martes 27 de octubre. Agrupados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), realizaron un corte total de la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Ezpeleta, en el partido de Quilmes, para exigir mejoras salariales y laborales. La medida afectó el tránsito durante la mañana y se levantó cerca del mediodía.

La protesta comenzó alrededor de las 10 y provocó demoras en ambos sentidos de circulación. La concesionaria Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) dispuso desvíos para quienes viajaban hacia La Plata, a la altura de Quilmes, y para los automovilistas que se dirigían a la Ciudad de Buenos Aires, en Berazategui. Con la liberación de la traza al mediodía, finalizó el bloqueo, pero no el conflicto sindical que lo originó.

La movilización fue organizada por la Regional Conurbano Sur de FESIMUBO, integrada por sindicatos de Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Presidente Perón y Ezeiza. También participó Hernán Doval, secretario general de la federación. La organización encuadró la jornada en un plan de lucha que viene desarrollando con acciones en diferentes regiones bonaerenses.

Salarios, contratos precarios y reclamos por IOMA e IPS

En los materiales difundidos durante el corte, los manifestantes pidieron sueldos dignos y denunciaron la existencia de empleados municipales con ingresos por debajo de la línea de indigencia. También reclamaron el fin de los pagos no registrados y de modalidades de contratación mediante monotributo o becas, que el gremio identifica como expresiones de precarización laboral.

La agenda incluyó pedidos de estabilidad en los puestos de trabajo y cuestionamientos al desfinanciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS). Para FESIMUBO, esas cuestiones están vinculadas con las formas de contratación y con la protección sanitaria y previsional del personal municipal.

El reclamo salarial atraviesa administraciones locales con realidades diferentes. Cada municipio negocia las remuneraciones de sus trabajadores, pero la federación pretende que también exista una instancia provincial donde discutir criterios comunes y condiciones de empleo. A comienzos de octubre, Nélida Haye, dirigente municipal de Esteban Echeverría, sostuvo que en numerosos distritos los salarios básicos se ubicaban entre 300.000 y 400.000 pesos y reclamó la apertura de una instancia provincial de discusión laboral.

Corte, demoras y tensión sindical: la protesta municipal profundizó el reclamo a la Provincia.

El Consejo del Empleo Municipal, en el centro de la protesta

Además de los ingresos, FESIMUBO exigió la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656, sancionada en 2014. Aunque el marco legal tiene más de una década, el organismo todavía no comenzó a funcionar efectivamente. Su conformación constituye uno de los principales pedidos de la federación al Gobierno bonaerense y al Ministerio de Trabajo.

El Consejo fue concebido como un ámbito de consulta y asesoramiento en materia de empleo municipal. Puede producir información, proponer criterios laborales y formular recomendaciones, pero sus decisiones no son obligatorias. Por eso, su apertura no implica automáticamente una paritaria provincial ni reemplaza las negociaciones que los sindicatos mantienen con cada intendencia.

El gobierno de Axel Kicillof avanzó este mes con un procedimiento para integrar ese espacio. El Ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, envió el 17 de octubre comunicaciones a las 135 intendencias para solicitar datos sobre las asociaciones sindicales y sus trabajadores afiliados. Los municipios tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar esa información.

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La iniciativa está vinculada con la Resolución 183/2026, firmada en agosto, que estableció pautas para organizar la convocatoria, integración y funcionamiento del organismo. Sin embargo, el pedido de documentación no equivale a una reunión convocada: hasta este martes no había una fecha oficial para iniciar las deliberaciones. La expectativa es que el Consejo pueda ponerse en funcionamiento durante 2027.

La representación sindical también enfrenta a las federaciones

La demora no responde solamente a cuestiones administrativas. La integración de la representación de los trabajadores abrió diferencias entre organizaciones sindicales que mantienen posiciones distintas frente al esquema dispuesto por la Provincia.

FESIMUBO cuestiona los criterios aplicados para determinar qué entidades pueden participar. El artículo 53 de la ley contempla un mínimo de afiliación del 10% de los trabajadores del ámbito a representar, y la controversia incluye cómo se calcula ese porcentaje y qué trabajadores se consideran afiliados cotizantes. Doval sostiene que el criterio adoptado por la cartera laboral modifica las reglas legales y planteó la posibilidad de llevar el conflicto a la Justicia.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) respaldó los avances para conformar el organismo. La discusión también alcanza a la eventual participación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), objetada por FESIMUBO. La disputa por las bancas sindicales sigue abierta incluso antes de que se reúna el Consejo.

A las diferencias entre gremios se agregaron cuestionamientos de intendentes de la primera y la tercera sección electoral por las demoras en poner en marcha la mesa. Para las administraciones comunales, el reclamo salarial representa además una negociación cotidiana ligada a los presupuestos municipales, mientras que la Provincia debe resolver cómo se conformará el ámbito previsto por la ley.

Un plan de lucha que recorrió distintos puntos bonaerenses

El corte de Ezpeleta se sumó a una secuencia de protestas que ya había alcanzado la colectora de Panamericana y Ruta 197, en Tigre, el 6 de octubre. En aquella oportunidad se movilizaron sindicatos de la Regional Conurbano Norte. También hubo bloqueos en la ruta 51, en el acceso al puerto de Bahía Blanca, y medidas sobre las rutas 6 y 205 en la zona de Cañuelas.

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En paralelo, representantes de la Regional Centro se reunieron en Azul y resolvieron sostener el plan de lucha. Sindicatos del Conurbano Sur habían debatido nuevas acciones semanas antes de la protesta de este martes. La federación denominó a su estrategia «Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado» y anticipó que mantendrá las medidas mientras no obtenga respuestas a sus pedidos.

Tras la liberación de la autopista, el principal plazo institucional sigue siendo el 31 de diciembre, fecha límite para que los municipios remitan al Ministerio de Trabajo los datos solicitados. La convocatoria formal al Consejo continúa pendiente. Entretanto, FESIMUBO mantiene sus reclamos por ingresos, contratación y cobertura social, y sostiene la presión para que la discusión avance del procedimiento administrativo a una mesa de trabajo efectiva.

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