Milei acelera la venta de AySA: qué se juega la Provincia en una licitación condicionada por la Justicia
El Gobierno de Javier Milei avanza este martes hacia una instancia decisiva en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): comenzará la evaluación de los primeros sobres técnicos del proceso con el que busca vender el 90% de las acciones de la empresa que presta servicios de agua potable y cloacas a cerca de 14 millones de personas.
El procedimiento, sin embargo, llega a esta etapa condicionado por una batalla judicial con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Una cautelar ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata impide que AySA reduzca, postergue o altere sus obligaciones vinculadas con la calidad del servicio, la salud pública, la protección ambiental y las inversiones comprometidas.
A ese frente se agregó el pronunciamiento de los diputados bonaerenses de Unión por la Patria, quienes rechazaron la privatización y advirtieron por sus consecuencias en el Conurbano. “El agua no es una mercancía”, sostuvieron.
Qué se conocerá con la apertura de los sobres
En la instancia de este martes se analizará la documentación legal, técnica, patrimonial y financiera presentada por los postulantes. Solamente aquellos que superen ese filtro podrán participar de la apertura de las ofertas económicas. Allí, el criterio principal será el precio propuesto en dólares por el paquete accionario.
El Ejecutivo nacional espera obtener cerca de US$500 millones por la venta del 90% de la compañía. El 10% restante continuará en manos de sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El cronograma original preveía cerrar la presentación de propuestas en agosto, pero el plazo fue prorrogado ante pedidos de las empresas interesadas. La postergación trasladó la apertura técnica a septiembre y permitió a los posibles operadores completar la documentación exigida.
El pliego estableció barreras de ingreso que reducen el universo de candidatos. El operador deberá acreditar al menos cinco años de experiencia reciente en la prestación conjunta de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de, como mínimo, 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios.
También tendrá que demostrar antecedentes en financiamientos relacionados con infraestructura o servicios públicos por al menos US$150 millones durante la última década.
En materia patrimonial, las empresas deberán contar con un patrimonio neto consolidado no inferior a US$300 millones. Para los fondos de inversión y algunos consorcios, el requisito puede elevarse hasta los US$1.000 millones en activos administrados.
La cautelar que condiciona el negocio
Una semana antes del avance licitatorio, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó un recurso presentado por AySA y mantuvo vigente la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El fallo obliga a la compañía a abstenerse de modificar, limitar, reducir, diferir, suspender o desnaturalizar sus compromisos relacionados con el acceso al agua potable, la prestación adecuada, la salud y la protección ambiental.
Los camaristas advirtieron que una disminución de los controles sobre la calidad del agua podría provocar daños sobre la salud y el ambiente. También señalaron preliminarmente que el nuevo marco contractual podría reducir exigencias regulatorias y aplazar inversiones críticas.
En paralelo, el defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, cuestionó que el futuro operador pueda recibir una compañía rentable mientras los costos sanitarios y ambientales recaen sobre la Provincia, los municipios o los vecinos.
Según planteó, una privatización acompañada por menores compromisos de inversión podría trasladar al Estado bonaerense las consecuencias de la falta de expansión de las redes y del deterioro de la infraestructura.
Pero la controversia no comenzó con la apertura de los sobres. La Defensoría presentó una acción preventiva ante el riesgo de que el nuevo marco regulatorio permitiera diferir obras, reducir controles y flexibilizar las obligaciones de la empresa. La Justicia bonaerense hizo lugar al planteo y la Cámara confirmó posteriormente la protección.
A esa estrategia se sumaron presentaciones de intendentes del Conurbano. El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, promovió un amparo para frenar el proceso y reclamó preservar el acceso al agua y al saneamiento como servicios esenciales. Otros dirigentes y bloques legislativos también expresaron su rechazo.
El Conurbano, en el centro de la discusión
AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios bonaerenses. Por esa razón, el impacto potencial de la privatización se concentra especialmente en el área metropolitana, donde conviven distritos con alta cobertura y barrios que todavía dependen de perforaciones, pozos o camiones cisterna.
Los diputados provinciales de Unión por la Patria advirtieron que un operador orientado por criterios de rentabilidad podría concentrar sus inversiones en las zonas con mayor capacidad de pago y postergar la expansión hacia los sectores populares.
“Donde no hay agua potable y cloacas, hay enfermedad, desigualdad y contaminación”, señalaron en un comunicado. También advirtieron que la falta de redes puede afectar las napas, los cursos de agua y el Río de la Plata.
El bloque recordó la experiencia de Aguas Argentinas durante la década de 1990. Según los legisladores, las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales durante aquella concesión, mientras se acumularon incumplimientos en las inversiones comprometidas. También aseguraron que, desde la estatización de 2006, más de 11 millones de personas fueron incorporadas al servicio de agua y alrededor de 8 millones accedieron a las cloacas.
Tarifas, cortes y obras paralizadas
La privatización llega después de una profunda reconfiguración del servicio. El Gobierno nacional modificó el marco regulatorio y habilitó la posibilidad de interrumpir el suministro por falta de pago, una decisión que generó cuestionamientos por tratarse de un servicio esencial.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM cuando el Ejecutivo aceleró la venta de AySA, el proceso se apoya en la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en decretos posteriores que habilitaron la transferencia del capital estatal.
Antes de ofrecer la compañía, la Nación ejecutó un plan de transición para reorganizarla y mejorar sus condiciones financieras. Según la información oficial difundida entonces, ese programa contemplaba inversiones públicas superiores a $753.900 millones entre 2024 y 2026.
Ese dato alimenta uno de los cuestionamientos opositores: el Estado absorbe el costo del ordenamiento, mientras un privado podría quedarse con la operación y la renta futura.
Los diputados peronistas también afirmaron que las tarifas acumularon incrementos superiores al 300%, hubo reducción de personal y se paralizaron proyectos. Para el bloque, presentar la privatización como respuesta implica trasladar el costo de la crisis a los usuarios y reservar las ganancias para el futuro concesionario.
El Gobierno nacional sostiene la posición contraria. Argumenta que el ingreso de capital privado permitirá financiar la expansión, modernizar la infraestructura y sostener el servicio sin recurrir permanentemente a recursos del Tesoro.