¿Chau Zona Fría?: 94 municipios, ante el riesgo de boletas más caras
El Gobierno de Javier Milei quedó a un paso de reducir el Régimen de Zona Fría y retirar el beneficio a más de 90 municipios bonaerenses. El proyecto obtuvo dictamen sin modificaciones en las comisiones de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles del Senado y quedó listo para llegar al recinto.
La iniciativa ya cuenta con la aprobación de Diputados. Por eso, si la Cámara alta sanciona el mismo texto, la reforma se convertirá directamente en ley. En la provincia de Buenos Aires, el cambio alcanzaría a unos 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 distritos que fueron incorporados al esquema en 2021.
El régimen vigente contempla rebajas del 30% sobre la tarifa de gas para los usuarios comprendidos dentro de las zonas incorporadas. El descuento asciende al 50% para jubilados, beneficiarios de programas sociales, electrodependientes, entidades de bien público y otros sectores vulnerables que cumplen los requisitos establecidos.
La reforma impulsada por Nación propone volver al mapa previo a la ampliación de 2021. De esa manera, conservarían el tratamiento territorial especial la Patagonia, el partido bonaerense de Patagones, Malargüe y la Puna, mientras quedarían afuera numerosas localidades del interior, el sur y la costa atlántica de la Provincia.
Cuáles son los 94 municipios bonaerenses que podrían quedar afuera
El posible impacto se extiende sobre buena parte del interior, el sudoeste y la costa atlántica. Los partidos que perderían el beneficio territorial son 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores y Florentino Ameghino.
La nómina continúa con General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar y Puan.
También quedarían comprendidos Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.
La exclusión del régimen automático no significa necesariamente que todos sus habitantes vayan a pagar la tarifa plena. Los hogares que cumplan las condiciones socioeconómicas establecidas por el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados podrían conservar parte de la asistencia. Lo que desaparecería para estos distritos sería el descuento general asociado a las condiciones climáticas del territorio.
Patagones no integra la lista de municipios que perderían la cobertura. Por formar parte de la Región Patagónica y estar incluido en el esquema histórico, mantendría el beneficio si el Senado convierte en ley el texto que obtuvo dictamen.
Cómo podría reflejarse en las facturas
No existe un único porcentaje aplicable a los 94 municipios. El aumento dependerá de la condición económica del usuario y de la composición de su boleta. Quienes no ingresen al esquema focalizado perderían por completo la bonificación territorial y pasarían a pagar la tarifa correspondiente sin ese descuento.
Para los hogares vulnerables, Nación prometió ampliar del 75% al 95% el bloque de consumo subsidiado. No obstante, el beneficio no alcanzaría al cargo fijo ni a los componentes asociados con el transporte y la distribución, que representan una parte relevante del monto final.
Por eso, incluso quienes conserven ayuda por sus ingresos podrían afrontar facturas superiores. El alivio se concentraría en el gas consumido, mientras otros conceptos pasarían a pagarse sin la reducción que brinda actualmente la Zona Fría.
La secretaria de Energía nacional, María Carmen Tettamanti, defendió el nuevo sistema con el argumento de que los subsidios deben destinarse únicamente a las familias que no pueden afrontar la tarifa. También cuestionó la expansión sancionada en 2021 y aseguró que no respondía a diferencias climáticas suficientes.
La oposición, en cambio, advierte que sustituir el criterio geográfico por uno exclusivamente económico desconoce las necesidades de calefacción de cada territorio y deja el nivel de cobertura sujeto a decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional calcula que la reforma permitiría reducir el gasto en aproximadamente US$400 millones por año. El fondo se financia mediante un recargo actualmente fijado en el 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios del país.
Según explicó Tettamanti durante el debate, después de regularizar compromisos pendientes con las distribuidoras, esa alícuota podría bajar al 5,85%. El proyecto también contempla utilizar recursos para cancelar deudas de empresas eléctricas con CAMMESA, a cambio de que renuncien a reclamos administrativos y judiciales contra el Estado.
El rechazo que crece desde la Provincia
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el posible recorte ya generó pronunciamientos de legisladores, intendentes y de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El diputado provincial Andrés De Leo, representante de Bahía Blanca, sostuvo que existen estudios bioambientales que justifican la incorporación de las localidades alcanzadas.
Aunque aceptó discutir modificaciones, rechazó que la solución sea eliminar el régimen: “Hay que hacer retoques y estamos abiertos, pero la eliminación de la Zona Fría es un perjuicio para un sector de la provincia de Buenos Aires”.
La Defensoría también recomendó al Congreso mantener la cobertura y consideró que la calefacción debe ser tratada como una necesidad básica vinculada con la salud y las condiciones dignas de vida.
Tras conocerse el dictamen, el exdiputado tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez calificó el recorte como un “castigo” y cuestionó que Nación priorice el ahorro fiscal sobre el impacto que tendría la medida en ciudades expuestas a temperaturas bajas.
El planteo se suma a la pelea que intendentes y referentes bonaerenses vienen sosteniendo desde que el proyecto comenzó a avanzar en el Congreso. El reclamo combina argumentos climáticos, económicos y sociales: mayor consumo durante el invierno, pérdida de poder adquisitivo y tarifas que ya representan una proporción creciente de los ingresos familiares.
La “Zona Cálida”, por ahora fuera del proyecto
La negociación sumó otro componente político. Para conseguir el acompañamiento de senadores vinculados con gobernadores del norte, el Ejecutivo abrió la posibilidad de crear una “Zona Cálida” con mayores subsidios eléctricos para las regiones que registran temperaturas elevadas.
Sin embargo, ese beneficio no fue incorporado al dictamen. Hasta el momento constituye un compromiso político cuya implementación dependería de futuras decisiones del Gobierno nacional.
Esa indefinición generó cuestionamientos en el Senado. Algunos legisladores reclamaron que las compensaciones prometidas queden escritas en la ley y no sujetas exclusivamente a la voluntad del Ejecutivo.