¿Zona cálida por Zona Fría?: la negociación que pone en alerta a 1,24 millones de hogares bonaerenses

El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, encabezará este martes una reunión con representantes de las diez provincias del Norte Grande. La agenda formal estará centrada en la creación de una “zona cálida”, un régimen destinado a reducir las tarifas eléctricas en regiones donde las temperaturas extremas del verano disparan el consumo.

Detrás del reclamo aparece una discusión política más amplia. El Gobierno de Javier Milei necesita apoyos en el Senado para avanzar con la modificación del régimen de Zona Fría, que actualmente otorga descuentos sobre las facturas de gas a usuarios de numerosos municipios bonaerenses y de otras provincias.

El oficialismo ya consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados para retrotraer buena parte de la ampliación sancionada en 2021. Si el Senado convierte el proyecto en ley, alrededor de 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios de Buenos Aires quedarían afuera del beneficio automático.

La cifra equivale aproximadamente al 20% de los usuarios residenciales de gas de la provincia. Para buena parte de esas familias, la modificación podría traducirse en incrementos de entre el 40% y el 100%, dependiendo del consumo, la categoría tarifaria y el eventual acceso al nuevo esquema general de subsidios focalizados.

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La reunión convocada por Santilli contará con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, y de mandatarios y equipos técnicos del NEA y el NOA. Las provincias del Norte Grande reclaman desde hace años un tratamiento eléctrico diferencial. Su argumento es que las altas temperaturas obligan a utilizar ventiladores y equipos de aire acondicionado durante períodos prolongados, del mismo modo que las regiones frías necesitan consumir más gas para calefaccionarse.

El planteo ganó fuerza durante la última reunión del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en Posadas. Allí, los gobernadores expusieron las particularidades climáticas de sus territorios y solicitaron una reducción de las tarifas eléctricas durante la temporada de mayor consumo.

Debido a los tiempos parlamentarios, la negociación podría derivar inicialmente en una resolución de la Secretaría de Energía. El objetivo sería establecer algún mecanismo de alivio antes del período de temperaturas más elevadas.

La Casa Rosada busca aprovechar ese diálogo para acercar posiciones con gobernadores que tienen influencia sobre los votos de sus provincias en el Senado. El proyecto que reduce la Zona Fría tiene media sanción de Diputados, pero todavía enfrenta resistencias suficientes para complicar su aprobación definitiva.

No existe una confirmación oficial de que ambos regímenes formen parte de un intercambio cerrado. Sin embargo, la discusión por la zona cálida avanza al mismo tiempo que Nación intenta reunir apoyos para limitar los subsidios al gas, lo que convirtió a la política energética en una pieza central de la negociación con el Norte Grande.

Qué es la Zona Fría y por qué Buenos Aires quedó en el centro

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para otorgar tarifas diferenciales de gas en la Patagonia, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el partido bonaerense de Patagones.

En 2021, la Ley 27.637 amplió el mapa de beneficiarios a localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis que presentan temperaturas invernales bajas. A partir de esa modificación, millones de usuarios comenzaron a recibir descuentos de entre el 30% y el 50%.

La bonificación más alta alcanza a sectores considerados vulnerables, entre ellos beneficiarios de programas sociales, jubilados con menores ingresos, electrodependientes y entidades de bien público que reúnen las condiciones establecidas por la normativa.

El sistema se financia mediante un recargo aplicado sobre el precio del gas que pagan los usuarios del país. Para el Gobierno nacional, la ampliación de 2021 extendió el beneficio a hogares que no necesariamente necesitan asistencia estatal y generó un costo fiscal que debe ser reducido.

La reforma impulsada por el oficialismo propone volver a un esquema territorial mucho más acotado. En la práctica, la mayor parte de los municipios bonaerenses incorporados hace cinco años perdería el descuento automático vinculado con las condiciones climáticas.

El mapa bonaerense del recorte

Los cambios alcanzarían a ciudades del sudeste, el centro, el oeste, el norte y la costa atlántica. Entre los distritos afectados aparecen General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Junín, Pergamino, Chivilcoy, Bragado, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.

La extensión territorial muestra que no se trata de un conflicto limitado a unas pocas localidades del extremo sur. El régimen cubre desde grandes centros urbanos hasta pequeñas ciudades y zonas rurales donde las temperaturas bajo cero son frecuentes durante el invierno.

Según las estimaciones difundidas durante el debate parlamentario, unos 1,24 millones de hogares bonaerenses dejarían de recibir el beneficio territorial. El impacto final no sería idéntico para todos: algunos usuarios podrían ingresar al nuevo sistema de subsidios focalizados si cumplen con los requisitos socioeconómicos que defina la Secretaría de Energía.

Para quienes no accedan a esa asistencia, la pérdida del descuento podría elevar la factura entre un 40% y un 100%. El porcentaje dependerá de la categoría residencial, el nivel de consumo y la composición final de la tarifa.

El efecto sería especialmente fuerte durante los meses de invierno, cuando aumenta la utilización de calefactores, calderas y termotanques. En muchas localidades, el gas no constituye un consumo opcional, sino la principal fuente de calefacción para viviendas, escuelas, hospitales y comercios.

Facturas que podrían duplicarse

Una familia que actualmente paga una boleta de $50.000 podría pasar a afrontar entre $70.000 y $100.000 si pierde el descuento automático. Se trata de una referencia general, ya que cada factura depende del volumen consumido y de los componentes tarifarios aplicados.

En Bahía Blanca, distintos cálculos utilizados durante la discusión estimaron que una factura residencial cercana a los $20.000 podría aproximarse a los $40.000 sin el beneficio. En hogares de consumo elevado, la diferencia nominal sería considerablemente mayor.

El proyecto también modifica la forma de calcular la ayuda. El descuento dejaría de aplicarse sobre la totalidad de los componentes alcanzados por el régimen actual y quedaría más concentrado en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.

Esa modificación implica que incluso algunos usuarios que conserven algún tipo de asistencia podrían recibir un alivio menor que el actual. Distribución, transporte, impuestos y otros cargos seguirían teniendo peso en el monto final.

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Intendentes, vecinos y concejales endurecen la resistencia

La posibilidad de perder el beneficio activó reclamos en distintos puntos del interior. Intendentes, concejos deliberantes, asociaciones de consumidores y organizaciones locales comenzaron a impulsar declaraciones, campañas de firmas y gestiones ante el Congreso.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la reacción se extendió por numerosos municipios mientras una sucesión de jornadas con temperaturas bajo cero reforzaba los cuestionamientos al criterio utilizado por el Gobierno nacional.

El reclamo combina argumentos climáticos y sociales. Los dirigentes locales sostienen que una evaluación basada solamente en los ingresos familiares deja afuera una característica estructural: dos hogares con recursos semejantes pueden tener necesidades energéticas muy diferentes según la temperatura del lugar donde viven.

La presión también llegó al Congreso. Jefes comunales bonaerenses se reunieron con legisladores para advertir que la quita afectaría especialmente a jubilados, trabajadores y familias que ya destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de servicios.

“El gas no puede costar una jubilación” fue una de las consignas utilizadas para graficar el impacto potencial del recorte. Los intendentes reclamaron que el Senado frene la reforma o incorpore criterios capaces de preservar el beneficio en las localidades con inviernos más rigurosos.

La discusión por el gas coincide con reclamos por las tarifas eléctricas en el Partido de La Costa. Vecinos, comerciantes y prestadores turísticos se movilizaron la semana pasada frente a oficinas de EDEA en Santa Teresita y San Clemente del Tuyú para cuestionar facturas que, según denunciaron, iban desde $500.000 hasta cifras superiores al millón.

En algunas zonas del distrito, la falta de acceso al gas natural obliga a utilizar electricidad para calefaccionar viviendas y calentar agua. Por ese motivo, la discusión energética adquiere características distintas dentro de un mismo municipio: mientras algunos usuarios pueden perder el descuento sobre el gas, otros ya afrontan altos costos eléctricos por no tener conexión a la red.

Los comerciantes enfrentan además consumos permanentes vinculados con heladeras, cámaras de frío, hornos, iluminación y maquinaria. Durante la temporada baja, esos gastos deben cubrirse con un nivel de actividad menor al registrado en verano.

El caso muestra que la segmentación basada únicamente en los ingresos no resuelve todas las desigualdades. La disponibilidad de redes, el clima, el tipo de vivienda y la fuente utilizada para calefaccionarse también determinan cuánto debe pagar cada hogar.

El argumento fiscal del Gobierno

La administración de Milei sostiene que la ampliación de la Zona Fría convirtió un régimen climático en un subsidio demasiado extendido. Según los cálculos difundidos por fuentes oficiales, el fondo moviliza alrededor de $460.000 millones anuales y durante 2025 necesitó aportes adicionales del Estado.

El Ejecutivo estima que la reforma permitiría ahorrar cerca de $250.000 millones. Su propuesta es sustituir los descuentos territoriales amplios por un mecanismo focalizado en los hogares que acrediten vulnerabilidad económica.

El punto cuestionado por intendentes y legisladores bonaerenses es que el nuevo criterio podría ignorar las diferencias de consumo originadas por el clima. Un hogar que supere por poco el límite de ingresos podría quedar sin asistencia aun cuando necesite utilizar calefacción durante varios meses.

También persisten interrogantes sobre el mecanismo de inscripción, las condiciones de acceso y la continuidad del beneficio. La experiencia de otros registros energéticos mostró que los trámites y la actualización de datos pueden convertirse en barreras para jubilados, personas sin conectividad o familias que desconocen los procedimientos.