La UCR bonaerense entra en la pelea por el DNU 70/23 y presiona por su rechazo en Diputados
El fallo de la Corte Suprema que volvió a dejar operativa la derogación de la Ley de Tierras abrió una nueva discusión en el Congreso y metió al radicalismo bonaerense en una pulseada que puede terminar poniendo en juego todo el DNU 70/23 de Javier Milei. Pablo Nicoletti, presidente de la Convención Provincial de la UCR, reclamó este jueves que los diputados nacionales del partido traten y rechacen el decreto que el Senado desaprobó hace más de dos años.
“Pido a los diputados de la UCR que traten y rechacen el DNU 70/23. El Senado ya lo hizo. Falta Diputados”, planteó Nicoletti. Su intervención tiene peso dentro de la estructura partidaria bonaerense: fue elegido el 8 de agosto al frente de la Convención Provincial, órgano encargado de fijar lineamientos políticos de la UCR en el distrito.
El planteo conecta dos discusiones que hasta esta semana transitaban por carriles distintos. Por un lado, el futuro de la Ley 26.737, que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Por otro, la vigencia del DNU 70/23 en su conjunto, que desde marzo de 2024 tiene el rechazo del Senado pero nunca recibió un pronunciamiento equivalente de Diputados.
El fallo que devolvió el conflicto al Congreso
La Corte Suprema resolvió el 29 de septiembre el expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata contra el artículo 154 del DNU, que había derogado la Ley de Tierras. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron el fallo de la Cámara Federal platense que había frenado esa derogación.
El máximo tribunal no decidió, sin embargo, si el artículo firmado por Milei es constitucional. Rechazó la acción porque entendió que el CECIM no tenía legitimación para promoverla y que, bajo esas condiciones, no existía un “caso o controversia” que habilitara a los jueces a resolver el fondo. La consecuencia inmediata fue que el artículo 154 volvió a producir efectos y la Ley 26.737 quedó nuevamente derogada.
La norma sancionada en 2011 fijaba un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a escala nacional, provincial y local. También establecía que una misma nacionalidad no podía concentrar más del 30% de ese cupo y limitaba a 1.000 hectáreas la superficie que un mismo titular extranjero podía poseer en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones.
Es sobre ese escenario que Nicoletti apuntó contra la resolución judicial. “La Corte tuvo casi tres años para decir si se puede derogar la Ley de Tierras por decreto. Eligió no decirlo”, sostuvo. Para el dirigente radical, la discusión debe volver a la arena parlamentaria: “Si la Corte no decide, que decida el Congreso”.
El antecedente más reciente vuelve más sensible esa disputa. Este año, el Gobierno intentó modificar el régimen de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta inicial eliminaba las restricciones y luego fue moderada hasta elevar del 15% al 25% el límite provincial. Las resistencias en el Senado terminaron obligando al oficialismo a retirar todo ese capítulo para conseguir la media sanción del resto de la iniciativa.
Un DNU que Diputados nunca trató
El Senado rechazó el DNU 70/23 el 14 de marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Desde entonces, el decreto continuó vigente porque la Ley 26.122 establece que para derogarlo se necesita el rechazo expreso de ambas cámaras. Diputados nunca completó ese trámite.
El dato es central porque la Cámara baja no puede limitarse a borrar el artículo referido a las tierras dentro del tratamiento del DNU. La legislación vigente establece que cada cámara debe aceptar o rechazar el decreto sin introducir enmiendas, agregados o supresiones. Si Diputados acompaña el rechazo que ya votó el Senado, el DNU 70/23 dejaría de regir hacia adelante en su totalidad, con los derechos adquiridos durante su vigencia preservados.
Ahí aparece la dificultad política. El decreto firmado en diciembre de 2023 no se limita a la cuestión de las tierras rurales: modificó o derogó decenas de normas y fue uno de los instrumentos centrales del programa inicial de desregulación del Gobierno. Una votación ahora obligaría a los distintos bloques a pronunciarse sobre el paquete completo y no únicamente sobre el artículo que reactivó la Corte.
El radicalismo ya atravesó una división similar. Cuando el Senado votó en 2024, Martín Lousteau y Pablo Blanco estuvieron entre los radicales que rechazaron el DNU, Maximiliano Abad se abstuvo y otros senadores de la UCR acompañaron su continuidad. La votación dejó expuestas diferencias internas que ahora vuelven a trasladarse a Diputados.
A quién interpela Nicoletti en Diputados
La Cámara baja muestra hoy una UCR mucho más fragmentada que la que existía cuando Milei dictó el decreto. El bloque formal “UCR-Unión Cívica Radical” tiene apenas seis integrantes: Pamela Verasay, de Mendoza, que lo preside; Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, de Chaco; Diógenes González, de Corrientes; Lisandro Nieri, de Mendoza; y Darío Schneider, de Entre Ríos. Ninguno representa a la provincia de Buenos Aires.
Los diputados bonaerenses vinculados al radicalismo se encuentran hoy en otras estructuras parlamentarias. Karina Banfi, afiliada a la UCR, representa a Buenos Aires desde el bloque Adelante Buenos Aires. Pablo Juliano, también referente radical de la Provincia, integra Provincias Unidas.
Juliano ya aparece entre quienes respaldan la posibilidad de llevar el DNU nuevamente al recinto. También se pronunciaron legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, anunció que pedirán una sesión especial para completar el rechazo del decreto.
La discusión empezó a acelerarse este jueves. Sectores opositores evalúan una convocatoria para el 14 o 15 de octubre, aunque todavía no hay una fecha oficial formalizada por la Cámara. Para abrir una sesión deberán reunir 129 diputados; una vez alcanzado el quórum, el rechazo requiere mayoría de los presentes.
Mientras esa negociación avanza, el oficialismo comenzó a explorar alternativas para evitar que la discusión por las tierras arrastre al DNU completo. Entre las opciones aparece volver a incorporar restricciones a las compras extranjeras por una ley específica o retomar ese punto dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya cuenta con media sanción del Senado.
Nicoletti fijó la posición que pretende llevar a ese debate desde la conducción de la Convención bonaerense: “Para los radicales esto es institucional: una política de Estado sobre el territorio no se deroga con una firma”. La próxima definición estará en Diputados, donde el rechazo del Senado de 2024 sigue esperando una segunda votación.