![Karina Banfi 26-07-2024 16.40](/download/multimedia.normal.98bf5d305f2a0ac0.S2FyaW5hIEJhbmZpIDI2LTA3LTIwMjQgMTYuNDBfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)
Diputados bonaerenses piden que la planta de GNL se haga en Bahía Blanca
La inversión se iba a realizar en Buenos Aires pero como no adhirió al RIGI, la provincia de Río Negro está pidiendo que se concrete en su territorio.
Por una gran diferencia (42 votos contra 25), la Cámara alta no avaló el “decretazo” del Presidente, que sin embargo se mantiene vigente porque ahora deberá ser tratado en Diputados.
Legislativas 14 de marzo de 2024Luego de una sesión que duró varias horas, el Senado de la Nación rechazó hace instantes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei, a poco de asumir su mandato, y ahora serán los diputados los que definirán si la norma se mantiene vigente o “se cae”.
Con una ausencia, cuatro abstenciones y una abrumadora mayoría de 42 votos negativos contra 25 afirmativos, los senadores no dieron el visto bueno a la norma que, de todos modos, ya perdió vigencia en algunas de sus disposiciones por diversos fallos judiciales.
Por el mecanismo que rige a los DNU, el Decreto 70/23 sigue vigente: es necesario que sea rechazado en ambas cámaras legislativas para “caerse”. Por eso, ahora todas las miradas están puestas en la Cámara de Diputados, donde deberá tratarse a continuación.
La vicepresidenta de la Nación y jefa del Senado, Victoria Villarruel, habilitó el debate tras resistir dos pedidos de tratamiento en el recinto, e hizo así que se diera un paso más hacia la anulación o derogación del polémico decreto presidencial. Si “se cae”, sería la segunda derrota legislativa del gobierno de Milei, que ya vio frustrado el intento de aprobar la ley ómnibus con la que pretendía reformar una miríada de normas y desregular amplios sectores de la economía.
La inversión se iba a realizar en Buenos Aires pero como no adhirió al RIGI, la provincia de Río Negro está pidiendo que se concrete en su territorio.
Indicaron que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”.
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