AySA, entre la Suprema Corte y las tarifas: los frentes que abre la privatización en la Provincia
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó en los últimos días dos movimientos que impactan directamente sobre la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la pelea judicial iniciada para preservar las obligaciones de la empresa llegó a la Suprema Corte bonaerense. Por el otro, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) puso fecha a una audiencia pública para discutir una modificación de los coeficientes que determinan parte del valor de las facturas.
Ambos procesos avanzan mientras el Gobierno nacional mantiene en marcha la venta del 90% de las acciones de AySA a un operador estratégico privado. La licitación pública nacional e internacional fue autorizada por el Ministerio de Economía y la última modificación del cronograma fijó el 15 de septiembre como fecha para la recepción y apertura de la primera etapa de ofertas.
AySA presta el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios bonaerenses, por lo que las discusiones sobre las futuras obligaciones de inversión, las tarifas y las condiciones del contrato tienen incidencia directa sobre buena parte del Conurbano.
De la Cámara a la Suprema Corte bonaerense
El último movimiento judicial ocurrió el 2 de octubre. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, contra la decisión que había dispuesto enviar la causa a la Justicia Federal.
El expediente queda ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deberá determinar si correspondió apartar al fuero contencioso administrativo bonaerense y remitir el litigio a los tribunales federales.
La causa comenzó a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo contra AySA. El organismo pidió garantías para que una eventual modificación societaria o contractual no reduzca los compromisos existentes en materia de agua potable, saneamiento, salud pública, protección ambiental, obras e inversiones.
En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar. Posteriormente, la Cámara confirmó que AySA debía abstenerse de reducir, suspender o modificar las obligaciones vigentes hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.
La misma Cámara dispuso, sin embargo, que la discusión continuara en el fuero federal. Lorenzino cuestionó ese punto y presentó el recurso que ahora deberá analizar la Suprema Corte provincial.
Los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que el planteo cumplía con los requisitos para llegar al máximo tribunal bonaerense y remarcaron que la resolución sobre competencia podía tener carácter definitivo porque implicaba trasladar el expediente fuera de la jurisdicción provincial.
La cautelar sigue alcanzando a 26 municipios
La disputa sobre qué tribunal continuará interviniendo no modificó, hasta ahora, la protección cautelar establecida en la causa. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Cámara había rechazado el planteo de AySA contra esa medida y mantuvo la obligación de no reducir los estándares vinculados con prestación, salud y ambiente en territorio bonaerense.
El alcance comprende los municipios atendidos por la empresa, entre ellos La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Moreno, Merlo, Morón, Tigre, San Isidro, San Fernando y Vicente López, además de otros distritos del área metropolitana.
La cautelar no dispuso la cancelación de la licitación ni prohibió el ingreso de un operador privado. Su objeto está concentrado en las obligaciones que deben mantenerse mientras continúa el proceso judicial.
Lorenzino viene planteando que el eventual traspaso no debe derivar en que costos sanitarios, ambientales o de infraestructura terminen siendo absorbidos posteriormente por la Provincia, los municipios o los usuarios.
Mientras el expediente judicial llega a la Suprema Corte, el ERAS abrió otro proceso. El organismo convocó para el 26 de octubre a las 10 a una audiencia pública virtual destinada a analizar la propuesta de AySA para actualizar los coeficientes zonales, uno de los componentes utilizados para calcular las facturas de agua y cloacas. La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 41/2026.
La empresa sostiene que la estructura actual no tuvo una revisión integral durante más de cuatro décadas y que dejó de representar adecuadamente las diferencias socioeconómicas y urbanísticas dentro del área de concesión.
La propuesta reduce las actuales 11 categorías a cinco. Los nuevos niveles serían: Baja, con un coeficiente de 0,75; Media Baja, 1,25; Media, 1,75; Media Alta, 2,25; y Alta, 2,75. Para realizar la reclasificación, AySA utilizó información censal e indicadores de ingresos por área geográfica.
El 55% pagaría más
El impacto estimado alcanza a 3.752.740 usuarios. De acuerdo con la propuesta presentada por AySA, el 55% tendría aumentos, con una variación promedio del 23%. Otro 25% no experimentaría cambios y el 20% restante tendría una reducción promedio del 18,1%.
Entre los usuarios residenciales, la proporción alcanzada por incrementos subiría al 60%. En los casos extremos, la modificación podría producir aumentos de hasta 149%. Las subas superiores al 120%, según la estimación difundida, alcanzarían al 0,6% del universo de usuarios.
AySA propuso que los incrementos no se apliquen de una sola vez: quedarían limitados a un 5% mensual acumulativo hasta alcanzar el valor que corresponda según la nueva categoría. Las reducciones, en cambio, serían aplicadas inmediatamente.
La modificación tendría además un impacto sobre los ingresos de la empresa. AySA calculó que el conjunto de los cambios produciría una mejora del 7,3%, equivalente a unos $140.057 millones a valores de septiembre de 2026.
Del total, 3,9 puntos porcentuales provendrían de la eliminación progresiva del descuento del 15% que actualmente reciben usuarios de las categorías zonales más bajas; otros 3,2 puntos surgirían de la nueva zonificación y 0,2 puntos corresponderían a una modificación específica para el servicio cloacal en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa propuso destinar esos recursos adicionales al Programa de Tarifa Social y los vinculó con el equilibrio económico-financiero de la concesión. La audiencia pública permitirá recibir opiniones y observaciones de usuarios, asociaciones, organismos públicos y demás interesados. La inscripción estará abierta entre el 8 y el 24 de octubre.
Qué se está vendiendo
El Gobierno nacional busca transferir a un operador estratégico la totalidad de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional, equivalentes al 90% del capital de la empresa. El 10% restante está asociado al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
La privatización fue habilitada por la Ley Bases y posteriormente reglamentada mediante disposiciones del Ejecutivo. En mayo, el Ministerio de Economía llamó formalmente a una licitación pública nacional e internacional.
La operación no fue planteada con un precio base. La estimación difundida durante el proceso ubicó la expectativa oficial en alrededor de US$450 millones, aunque el monto definitivo depende de las ofertas presentadas y de la adjudicación.
El Gobierno nacional sostiene que la participación privada permitirá obtener financiamiento para infraestructura, modernizar la compañía y disminuir la necesidad de aportes del Tesoro.
Los municipios llevaron la discusión a la Justicia
La Defensoría no es el único actor bonaerense que acudió a los tribunales. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó acciones contra las condiciones del proceso y reclamó preservar inversiones, expansión de redes y garantías para los usuarios.
“El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano”, sostuvo el jefe comunal al fundamentar uno de sus planteos.
Gray cuestionó además una cláusula del procedimiento que, según su presentación, impide competir en igualdad de condiciones a empresas estatales provinciales. Por ese motivo, había solicitado previamente a Axel Kicillof que evaluara una participación de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
ABSA presta actualmente servicios en alrededor de un centenar de municipios de la provincia, pero no opera el área metropolitana concesionada a AySA.
El intendente también cuestionó el calendario de inversiones previsto en los documentos de la licitación y señaló que existen distritos donde numerosos barrios todavía esperan conexiones de agua potable y cloacas. “Necesitamos inversiones para ampliar las redes”, afirmó.
La discusión ingresó además al Senado provincial. Organizaciones vecinales, ambientales, sindicales y de defensa de los consumidores mantuvieron reuniones con legisladores bonaerenses para plantear sus objeciones al proceso. Entre los senadores que participaron estuvieron Fernando Coronel, Germán Lago y Marcos Pisano.
Los principales temas llevados a esas reuniones fueron calidad del agua, tarifas, saneamiento, inversiones y extensión de las redes. Coronel vinculó el debate con los posibles efectos económicos y sanitarios para los usuarios; Lago puso el foco en el acceso a los servicios básicos y Pisano reclamó un posicionamiento institucional de la Legislatura.
En ese momento, al menos 11 concejos deliberantes ya habían aprobado pronunciamientos contra la privatización, según informó Pisano durante las reuniones mantenidas en la Cámara alta.
Obras de agua y cloacas, otro punto de disputa
Uno de los principales reclamos de los municipios y organizaciones está relacionado con la cobertura que todavía falta completar en distintas áreas del Conurbano.
En septiembre, representantes territoriales de Lomas de Zamora señalaron ante legisladores y la Defensoría que existen sectores que permanecen sin conexión a la red cloacal y reclamaron que las futuras condiciones contractuales aseguren la continuidad de las obras. Gray llevó un planteo similar en sus presentaciones judiciales respecto de Esteban Echeverría.
Desde el bloque bonaerense de Fuerza Patria también expresaron públicamente su rechazo al proceso y afirmaron que la falta de cobertura de agua potable y saneamiento tiene consecuencias ambientales y sanitarias. “Donde no hay agua potable y cloacas, hay enfermedad, desigualdad y contaminación”, sostuvieron los diputados en un comunicado.
El Gobierno nacional defiende otro diagnóstico: sostiene que la incorporación de capital privado permitirá realizar inversiones y sostener la prestación con menor dependencia de fondos públicos.