Aulas bajo tensión: la Provincia cruza a Milei y el conflicto docente suma nuevos frentes
La conflictividad docente bonaerense sumó un nuevo capítulo y ya no pasa solamente por los salarios. Las agresiones dentro de las escuelas, las diferencias entre los sindicatos mayoritarios y los sectores disidentes, la posibilidad de descuentos y una paritaria todavía sin nueva oferta económica configuraron un escenario que volvió a obligar al gobierno de Axel Kicillof a fijar posición.
Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, diferenció las huelgas convocadas por organizaciones sindicales con representación formal de aquellas impulsadas por agrupaciones disidentes y confirmó que, en estos últimos casos, pueden aplicarse descuentos por los días no trabajados. La decisión, aclaró, corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación.
La definición llega después de una semana atravesada por medidas de fuerza motivadas principalmente por una sucesión de agresiones contra trabajadores de la educación. SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET realizaron el jueves 1° de octubre un paro provincial para reclamar “medidas urgentes y concretas”, luego de episodios denunciados en Trenque Lauquen, Hurlingham, Ensenada, San Miguel, Almirante Brown, Florencio Varela y otros distritos.
A esa protesta se sumó la presión de sectores opositores dentro del sindicalismo docente, particularmente SUTEBA Multicolor, que combina el reclamo contra las agresiones con cuestionamientos salariales, laborales y al funcionamiento de las herramientas provinciales de prevención.
Agresiones en las aulas y una respuesta que abre otra discusión
Bianco explicó que dirigentes gremiales le transmitieron la existencia de cuatro o cinco situaciones graves durante la última semana y ubicó los episodios dentro de un cuadro más amplio de conflictividad social.
“Estamos viviendo en un marco de violencia”, sostuvo, y señaló que la situación también alcanza a trabajadores de hospitales y efectivos policiales. El ministro vinculó ese escenario con las políticas y el discurso del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó una nueva conferencia de prensa.
“Estas cosas no pasaban hasta el 2023”, afirmó al referirse a la frecuencia y magnitud de los episodios. También cuestionó las expresiones del Presidente contra periodistas, estudiantes y docentes y sostuvo que desde la principal magistratura debería transmitirse un mensaje de orden y convivencia.
La explicación política, sin embargo, convive con una demanda más inmediata de los sindicatos: qué herramientas concretas se aplicarán dentro de las escuelas para prevenir nuevas agresiones y proteger a los trabajadores.
La Provincia ya cuenta con mecanismos previos. En 2023, los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense y el Ejecutivo acordaron un esquema de prevención, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso. Durante este año también se asignaron mayores responsabilidades a las autoridades distritales y en abril se conformó una mesa interministerial con participación de Educación, Seguridad, Gobierno, Desarrollo de la Comunidad y Niñez.
El conflicto actual volvió a poner bajo examen la aplicación efectiva de esas herramientas. Los sindicatos reclaman especialmente el funcionamiento de las mesas intersectoriales y una coordinación más rápida entre autoridades educativas, organismos locales, Justicia y otros actores de cada territorio.
El salario corre por debajo, pero sigue empujando el conflicto
La violencia fue el detonante de la última huelga, pero la discusión salarial continúa atravesando la relación entre los gremios y el Ejecutivo.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— participó el 25 de septiembre de una nueva instancia paritaria sin recibir una propuesta económica. Desde entonces reclama que la negociación continúe de manera urgente.
El último acuerdo otorgó un incremento del 7%, dividido entre julio y agosto, por lo que septiembre quedó sin una nueva actualización. La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, reclamó una recomposición inmediata y pidió que no se demore la presentación de una oferta.
El pliego gremial tampoco termina en los ingresos. Incluye reclamos por IOMA, sobrecarga laboral, salud laboral, condiciones de trabajo y mecanismos de protección frente a las agresiones.
La oposición interna de SUTEBA comparte parte de ese diagnóstico, pero cuestiona la estrategia de negociación de la conducción provincial. La Multicolor reclama medidas de fuerza más sostenidas, actualización salarial ligada a la inflación, recuperación del poder adquisitivo, devolución de descuentos anteriores y mayores recursos para educación.
Allí aparece una de las claves de la respuesta de Bianco. El Gobierno busca distinguir entre las huelgas dispuestas por organizaciones sindicales reconocidas y las convocatorias impulsadas por agrupaciones que no cuentan, según la Provincia, con la misma representación legal. Los descuentos pueden convertirse así en otro foco de tensión dentro de un escenario sindical ya fragmentado.
De los protocolos a una nueva ley contra las agresiones
La discusión también llegó a la Legislatura. La semana pasada, Diputados dio sanción definitiva a una reforma impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas que amplía las sanciones contra quienes hostiguen, maltraten o agredan a docentes, trabajadores de la salud y agentes que cumplen funciones en servicios públicos esenciales.
La modificación del Código de Faltas contempla arrestos de entre cinco y treinta días o multas y amplía una protección que hasta ahora estaba centrada principalmente en los trabajadores de la educación. Además, prevé un registro provincial destinado a reunir información sobre este tipo de episodios.
En paralelo siguen en discusión otras propuestas: mediación escolar, asistencia jurídica gratuita para docentes agredidos, incorporación de psicólogos a los Equipos de Orientación Escolar, abordaje de la violencia digital y nuevas herramientas de convivencia.
La Provincia enfrenta así un conflicto con varias capas superpuestas: episodios de agresión que exigen respuestas inmediatas, sindicatos que reclaman que funcionen los mecanismos ya acordados, una negociación salarial sin nueva oferta y sectores disidentes que buscan profundizar las medidas de fuerza.
La respuesta de Bianco agregó ahora una dimensión política nacional a ese escenario. Mientras el Gobierno bonaerense vincula el aumento de la agresividad con el clima social y las políticas de Milei, los gremios mantienen sobre la mesa una demanda más concreta: prevención, respaldo institucional, condiciones laborales y una recomposición salarial que todavía no llegó.