La oposición cuestiona el Presupuesto 2027: los reparos por la deuda, los impuestos y el gasto público
La presentación del Presupuesto 2027 de Axel Kicillof desató fuertes cuestionamientos de la oposición bonaerense, que puso en discusión los salarios estatales, las prioridades del gasto público, la presión impositiva y el nuevo pedido de endeudamiento. Legisladores de la Coalición Cívica y La Libertad Avanza cuestionaron los números expuestos por el ministro de Economía, Pablo López, y reclamaron explicaciones sobre el destino de los recursos provinciales, en el comienzo de una negociación que el oficialismo deberá afrontar para conseguir las autorizaciones legislativas.
Las críticas llegaron después de que el Ejecutivo presentara este jueves un paquete que contempla gastos por $58,6 billones, una autorización para tomar deuda por USD 1.000 millones y la continuidad de la emergencia económica. La propuesta también incluye la Ley Impositiva y la creación de un fondo de seguridad para los municipios, aunque todavía deben definirse aspectos de su implementación.
Mientras el Gobierno sostiene que necesita garantizar la inversión pública y los servicios esenciales frente al recorte de recursos nacionales, Andrés De Leo, Francisco Adorni, Diego Valenzuela y Matías de Urraza plantearon reparos sobre distintos aspectos del paquete económico.
Los números del Presupuesto y las prioridades del Gobierno
El proyecto establece $4,05 billones para inversión de capital y obras, incluyendo infraestructura hidráulica, rutas, hospitales y viviendas. También prevé $2,32 billones para protección social, con especial atención a las políticas alimentarias, y $2,26 billones para salud, destinados a programas sanitarios, medicamentos y atención de enfermedades.
En tanto, las asignaciones anunciadas para seguridad y el Servicio Penitenciario ascienden a $1,98 billones, mientras que educación cuenta con partidas específicas por $1,93 billones, vinculadas con la ampliación de la jornada escolar y el programa universitario PUENTES. Estas cifras no representan necesariamente el gasto total de cada función estatal, sino los principales componentes detallados durante la exposición.
El paquete también incorpora una Ley Impositiva que, según el Ministerio de Economía, no contempla aumentos de la presión tributaria en términos reales. En Ingresos Brutos se mantendrían las alícuotas y se actualizarían los límites de facturación para pymes, mientras que los impuestos patrimoniales tendrían ajustes vinculados con la evolución de los precios.
Durante la presentación, López volvió a responsabilizar a la administración de Javier Milei por la situación financiera provincial y sostuvo que los fondos nacionales recortados o pendientes alcanzan los $20 billones a octubre. “El Proyecto 2027 se elaboró en un contexto nacional aún más adverso, con una economía nacional transitando una nueva recesión”, afirmó el funcionario, al defender las prioridades establecidas por el Ejecutivo.
De Leo denuncia una pérdida salarial y cuestiona el ajuste provincial
Uno de los planteos más duros llegó desde la Coalición Cívica. Su presidente en la Cámara de Diputados, Andrés De Leo, cuestionó el deterioro de los ingresos de los trabajadores estatales y sostuvo que el Gobierno bonaerense también aplicó un ajuste sobre los salarios.
“La presentación del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires por parte del ministro Pablo López deja varios interrogantes y una certeza: el gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores”, escribió el legislador en sus redes.
De Leo calificó esa política como “una motosierra mal aplicada” y afirmó que “el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”.
El dirigente también planteó dudas sobre las proyecciones oficiales, especialmente por la incorporación de recursos que Buenos Aires reclama al Estado nacional y cuya recuperación todavía no está garantizada. El cuestionamiento introduce uno de los principales ejes de la discusión: la evolución del gasto salarial frente al resto de las erogaciones provinciales.
En tanto, desde La Libertad Avanza, el diputado Francisco Adorni cuestionó el orden de prioridades que, según su interpretación, estableció el Ejecutivo para el próximo año. “Pablo López presentó el Presupuesto 2027 de Kicillof. Sus ‘prioridades’: 4. Educación, 5. Seguridad”, expresó en redes sociales.
El legislador vinculó esa crítica con la situación de inseguridad y el funcionamiento del sistema educativo bonaerense. “Te matan por un celular y la seguridad es lo último. ¿Educación? Casi: quieren una población sin educación que no se dé cuenta del desastre que hacen con la Provincia”, afirmó.
El senador libertario Diego Valenzuela concentró sus críticas en la política tributaria y en la responsabilidad del Ejecutivo bonaerense sobre la situación económica. “Una vez más, el gobierno provincial buscó excusas en la Nación para eludir su responsabilidad”, sostuvo después de participar de la presentación.
También cuestionó que la administración provincial destaque la decisión de no incrementar la presión fiscal en términos reales. “¿Desde cuándo mantener la presión impositiva es un logro?”, planteó, al reclamar modificaciones en los tributos que afectan a las actividades productivas.
El legislador recordó que las pequeñas y medianas empresas y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires vienen solicitando una reducción de impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, por considerar que encarecen la producción, la inversión y la generación de empleo.
“La Provincia tiene que hacerse cargo de lo que está en sus manos. Es hora de bajar los impuestos que encarecen producir, invertir y generar empleo en Buenos Aires”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos llegó desde el senador de La Libertad Avanza Matías de Urraza, quien apuntó contra la continuidad de la emergencia económica y las facultades extraordinarias que solicita el Ejecutivo. “En la Provincia, Kicillof es la emergencia. Su último presupuesto otra vez se escuda en una provincia ‘en emergencia’. Ocho años de gestión, ocho años de poderes extraordinarios. No es emergencia, es su forma de gobernar”, expresó.
El legislador también cuestionó el nuevo pedido de endeudamiento y reclamó información sobre el uso de las autorizaciones aprobadas anteriormente. “Hoy piden autorización para endeudarse y todavía no usó todo lo aprobado en 2026. Queremos ver la ejecución real del segundo semestre y el destino de cada peso”, sostuvo.
La crítica apunta a uno de los puntos más sensibles de la negociación. El Ejecutivo solicita autorización para tomar deuda por el equivalente a USD 1.000 millones, ampliar el Programa de Letras del Tesoro y emitir títulos en pesos para administrar vencimientos financieros.
De Urraza también cuestionó las previsiones fiscales y sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el déficit presupuestado. “Hablan de sostenibilidad fiscal, pero presentan un presupuesto y gobiernan con déficit”, afirmó, antes de calificar al oficialismo como “gastadores seriales”.
Según las cifras difundidas tras la presentación, el proyecto contempla recursos estimados en $56,5 billones y un déficit financiero cercano a $2,15 billones.
La deuda y los fondos municipales, dos claves para la negociación
Más allá de las críticas públicas, el principal desafío de Kicillof será conseguir los acuerdos necesarios para aprobar el paquete económico, especialmente la Ley de Financiamiento, que requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
La negociación también tendrá como protagonistas a los intendentes. El proyecto incorpora un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, aunque todavía deberán precisarse sus montos y mecanismos de distribución. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Provincia ya había atravesado una extensa negociación con los municipios por el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), en medio de reclamos por recursos y mayor autonomía para administrar las partidas.
El antecedente vuelve a cobrar relevancia porque los legisladores opositores buscarán precisiones sobre el financiamiento, mientras los jefes comunales esperan conocer cuánto dinero recibirán y bajo qué condiciones. La caída real de las transferencias municipales ya había generado cuestionamientos sobre el esquema de distribución de recursos.