Kicillof habilita fondos de caminos rurales para obras hídricas: los intendentes ganan margen, el campo sale al cruce
El gobierno de Axel Kicillof promulgó una ley que les permite a los municipios bonaerenses utilizar para obras hídricas recursos que hasta ahora estaban destinados al mantenimiento de los caminos rurales. La decisión amplía la capacidad de intervención de los intendentes frente al riesgo de inundaciones, pero también profundiza una discusión con las entidades agropecuarias, que cuestionan la posibilidad de restarle financiamiento a una red vial deteriorada.
La Ley 15.688, publicada este martes en el Boletín Oficial, autoriza a los distritos a reasignar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural afectados al mantenimiento de la red vial rural. La habilitación es excepcional y tendrá una vigencia de 180 días corridos desde su publicación, un período que abarca los próximos meses y se extiende hasta comienzos de mayo de 2027.
La medida reúne varios actores de la política bonaerense. Surgió de una iniciativa del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, avanzó con respaldo legislativo y quedó formalizada por el Ejecutivo provincial. Del otro lado, CARBAP rechazó la reasignación y reclamó que las intervenciones hidráulicas se financien mediante otras fuentes.
La controversia se suma a la disputa entre Provincia y Nación por las obras pendientes y los recursos destinados a prevenir inundaciones. Mientras la administración bonaerense reclama fondos al gobierno de Javier Milei, los municipios tendrán ahora la facultad de modificar temporalmente el destino de una parte de los recursos que reciben.
Qué podrán hacer los intendentes con los fondos
La ley habilita la aplicación de esas partidas a drenajes pluviales, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico. El objetivo es permitir intervenciones que exceden el mantenimiento habitual de los caminos de tierra.
El alcance tiene una precisión central: la autorización comprende los recursos coparticipados o transferidos que ya tienen destino vial rural, en el marco de la Ley 13.010. No implica que los municipios puedan disponer de toda la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. Tampoco establece una obligación general. Cada gobierno local podrá decidir si utiliza la habilitación o mantiene el destino original de las partidas, de acuerdo con las necesidades de su distrito.
El proyecto tramitó bajo el expediente E-421/26-27. El Senado le dio media sanción a comienzos de octubre y la Cámara de Diputados lo convirtió en ley el 20 de ese mes, por unanimidad de los presentes.
“Lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes”, sostuvo Vargas al defender la iniciativa. Su argumento fue que las tareas sobre caminos rurales pierden eficacia cuando el sistema de drenaje no permite evacuar el agua y los anegamientos vuelven a comprometer los accesos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su rechazo después de la sanción legislativa. La entidad sostuvo que los caminos rurales necesitan más inversión y advirtió que habilitar otros destinos puede agravar las dificultades de transitabilidad.
“No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial”, planteó en un comunicado. También cuestionó la administración de los recursos municipales y reclamó que los fondos existentes se utilicen para los fines previstos antes de avanzar sobre las partidas específicas de mantenimiento vial.
La objeción no se limita a la necesidad de realizar obras hidráulicas. El punto de conflicto es cómo financiarlas y qué garantías tendrá la conservación de los caminos, utilizados para trasladar producción, acceder a establecimientos educativos y sostener servicios en las zonas rurales.
La disputa con Milei por las obras y el financiamiento
La promulgación se produce mientras el gobierno bonaerense mantiene sus reclamos a Nación por infraestructura hídrica. Durante la presentación del plan provincial de prevención, en agosto, Kicillof cuestionó la paralización de la obra pública y reclamó coordinación e inversiones.
“No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades”, afirmó entonces el gobernador. En esa oportunidad, la Provincia informó una inversión superior a $2,3 billones en políticas de gestión del riesgo y anunció una mesa interministerial para coordinar acciones con los 135 municipios.
Los antecedentes muestran que la controversia excede a la nueva ley. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) identificó 15 de 24 proyectos financiados por el Fondo Hídrico nacional suspendidos o cancelados.
Ese informe también señaló que siete de ocho obras del conurbano incluidas en el relevamiento permanecían paralizadas. Entre las dificultades mencionadas aparecen intervenciones en la cuenca del río Salado y proyectos de desagües y mejoramiento de canales en distintos municipios.
La aplicación quedará en manos de cada municipio
La nueva facultad llega después de meses de reclamos por anegamientos, falta de maquinaria y problemas de acceso en el interior. Como documentó este medio, durante octubre se registraron complicaciones en distritos como Nueve de Julio, Carlos Tejedor y Lincoln, con intervenciones sobre canales y tareas de desagote.
En paralelo, la Provincia incorporó herramientas de seguimiento. Ese mismo mes presentó en Bragado un Visor Hidrometeorológico que reúne información sobre precipitaciones, caudales y niveles de agua para facilitar decisiones por cuenca y distrito.
Con la ley publicada, cada intendencia deberá definir si reasigna recursos, qué trabajos prioriza y cómo sostiene el mantenimiento de la red vial rural. La habilitación legislativa ya está vigente; su aplicación trasladará a los gobiernos locales una discusión que combina prevención de inundaciones, demandas productivas y prioridades presupuestarias.