Kicillof apura 250 pliegos judiciales, pero deja sin fecha las cuatro vacantes de la Corte
El gobierno de Axel Kicillof busca avanzar con una nueva tanda de nombramientos judiciales antes del cierre del período ordinario, mientras mantiene separada la negociación por las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense.
El Ejecutivo prepara el envío de alrededor de 250 pliegos para cubrir cargos en juzgados, cámaras y organismos del Ministerio Público, con la expectativa de que el Senado comiencen a tratarse antes de diciembre.
La Corte, en cambio, continúa sin candidatos formalmente acordados ni un cronograma público para completar su integración. Aunque la cobertura había sido planteada como un objetivo para este año, el Ejecutivo sostiene que esa discusión no debe quedar atada al Presupuesto 2027, la Ley Impositiva ni las reelecciones municipales. Su resolución podría trasladarse al próximo calendario político.
El Senado, la próxima estación de los nombramientos
Los pliegos deberán pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Emmanuel González Santalla. Ese trámite permitirá avanzar con el compromiso que Kicillof asumió ante las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense.
En aquella reunión, de la que participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, los representantes judiciales reclamaron cubrir los cargos pendientes y avanzar hacia la autonomía presupuestaria.
El envío también dará continuidad a las gestiones que Mena había anticipado en septiembre, durante un congreso de funcionarios judiciales en Mercedes. “Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”, sostuvo entonces. Con el cierre del período ordinario cada vez más cerca, la atención está puesta en que esas propuestas completen su recorrido legislativo.
La diferencia entre ambas negociaciones también está prevista en el procedimiento constitucional. El artículo 175 de la Constitución bonaerense establece que los jueces de la Suprema Corte son designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros.
Para los restantes jueces e integrantes del Ministerio Público, la selección parte de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura. El gobernador elige dentro de esa nómina y solicita el acuerdo de la Cámara alta.
Consultado sobre las designaciones pendientes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó que la decisión sobre las candidaturas está en manos de Kicillof y la hará efectiva "de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, sostuvo, sin establecer una fecha para el envío de los nombres.
La respuesta convive con reclamos dentro del propio oficialismo. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, insistió en completar la integración de la Suprema Corte durante su cruce con Bianco por la regulación de las apuestas online.
El legislador vinculó las decisiones judiciales que frenaron el cobro de un aporte sobre el juego digital con la necesidad de “designar las vacantes en la Corte bonaerense”, para que el tribunal establezca pautas que funcionen como doctrina legal para las instancias inferiores.
Un Tribunal de tres miembros y un reclamo institucional sostenido
La Suprema Corte funciona con Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, sobre una composición legal de siete integrantes. Los cuatro lugares vacíos se acumularon tras el fallecimiento de Héctor Negri, en 2020; las salidas de Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani, en 2021; y la jubilación de Luis Genoud, en 2024.
El reclamo para completar el tribunal también proviene de sus autoridades. Durante la presentación del proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica, Torres sostuvo que la cobertura “no es una cuestión diferible ni accesoria” y la vinculó con la conducción del Poder Judicial y la legitimidad de sus decisiones. En aquella intervención advirtió que “postergar las designaciones es debilitar el sistema”.
El problema tampoco termina en la cúpula. Un informe de la Suprema Corte fechado el 21 de septiembre identificó 238 vacantes de magistrados, entre puestos disponibles y otros próximos a quedar libres antes de finalizar el año. Representaban el 17% de la planta relevada.
El fuero Penal concentró 86 cargos, mientras que Penal Juvenil registró otros 24. Este último presentó, además, la mayor proporción de faltantes, con el 32%. En Laboral y Familia, el porcentaje alcanzó el 19%.
Otro relevamiento, correspondiente al Ministerio Público, contabilizó 233 vacantes: 143 agentes fiscales, 53 defensores penales, 23 defensores civiles y 14 asesores de incapaces. Se trata de registros sobre universos y cortes temporales diferentes, que muestran la extensión del déficit de titulares.
Nuevos retiros mientras se prepara otra tanda de pliegos
La cobertura debe avanzar, además, sobre un mapa que sigue cambiando. Este lunes se oficializaron tres renuncias por jubilación en los departamentos judiciales de San Isidro, Mercedes y Bahía Blanca.
Los decretos 2173, 2174 y 2175/2026 aceptaron las dimisiones de Mirta Angélica Ravera Godoy, del fuero Penal Juvenil; María Celina Estela Bereterbide, defensora oficial; y María Gabriela Lombardi, jueza laboral, con efecto desde el 1.º de octubre.
La negociación de fin de año deberá traducir ahora los anuncios en expedientes tratados y acuerdos votados. Kicillof busca destrabar una tanda amplia de nombramientos, pero los cuatro cargos que definen la conducción de la Justicia siguen sin fecha: el avance sobre juzgados y fiscalías puede aliviar parte del déficit, aunque no cierre la disputa de mayor peso institucional y político.