“Buscamos cuidar el consumo y proteger el mercado interno”, aseguro Paula Español

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó hoy que la decisión de intimar a unas 1.000 grandes empresas a fabricar y comercializar al máximo de su capacidad instalada tiene como objetivo "cuidar el consumo y proteger el mercado interno", y subrayó que se reconocerá "las dificultades" que cualquier compañía pueda tener para producir o distribuir.
"Desde la Secretaría de Comercio Interior, a través de herramientas y políticas estructurales, buscamos cuidar el consumo y proteger el mercado interno", dijo Español a Télam.

"Con esta resolución avanzamos en prevenir estrategias de retención especulativa de productos en todas las cadenas productivas".

La funcionaria señaló que "desde que se decretó la emergencia sanitaria se tomaron medidas focalizadas en la provisión de productos de consumo masivo en general y relacionadas al sector alimenticio en particular".
"Con esta resolución avanzamos en prevenir estrategias de retención especulativa de productos en todas las cadenas productivas", aseguró la funcionaria.
Tras remarcar que saber "que en este contexto muchas empresas tienen dificultades para producir, transportar, distribuir o comercializar", Español enfatizó que "en este sentido la medida reconoce esas dificultades, y busca promover el abastecimiento y evitar la escasez de insumos y bienes finales".
La secretaría resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria.
Lo hizo a través de la resolución 330/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la intimación abarca desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización.

"Desde la Secretaría tenemos la convicción de que debemos cuidar el mercado doméstico y que las relaciones de consumo sean cada vez más equilibradas".

Español precisó que "esta nueva medida abarca alrededor de mil empresas grandes, seleccionadas por sus montos de facturación anual", y añadió que "alcanza a todos los rubros productivos como por ejemplo insumos difundidos, materiales para la construcción, electrónica, medicamentos, consumo masivo y otros".
"Desde la Secretaría tenemos la convicción de que debemos cuidar el mercado doméstico y que las relaciones de consumo sean cada vez más equilibradas. Es por eso que hace pocos días lanzamos el SIPRE, un sistema informativo que nos permite tener un monitoreo de precios, ventas y stock para prevenir desequilibrios, transparentar la cadena de comercialización e impedir comportamientos especulativos", puntualizó la secretaria.
La resolución destacó que el objetivo de la norma es prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por la Covid-19, una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno.
La medida rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $ 3.955,2 millones por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $ 3.698,27 millones.
Su incumplimiento hará que las empresas infractoras puedan recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento.
La resolución puntualizó que "se continúan advirtiendo y han sido reportadas situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura actual, en especial cuando se persigue como finalidad esencial la recuperación de nivel de actividad económica".
Asimismo, aseguró que "las situaciones apuntadas, que se exteriorizan en negativas de venta y falta de stock de insumos y bienes finales, no han sido motivadas por problemas concretos de la cadena de producción", por lo cual consideró que "resultan irrazonables e injustificadas en un contexto actual de normalización de la economía y recuperación de la demanda".
"Por consiguiente, con el objeto de prevenir una disminución en la oferta de insumos y bienes finales en el mercado interno, que pueda generar distorsiones y efectos adversos en el nivel de actividad de las cadenas productivas y la satisfacción de la demanda interna, corresponde intimar a todas las empresas de los sectores de comercio y de la industria a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, distribución y provisión de sus insumos y bienes finales", concluyó la normativa. (Télam)