20231219 Rodolfo Aguiar
–En un contexto de ajuste sin igual, las provincias son muy afectadas por las medidas económicas de Javier Milei y su equipo, y desde ATE lanzan una jornada nacional de lucha para el viernes 22. ¿Cómo analizan el panorama económico y social?
En principio, les hemos demandado a todos los gobernadores que se van a reunir con el presidente Milei que defiendan los intereses de su gente. Que en cada uno de los casos exijan al gobierno nacional los recursos necesarios para garantizar el pago de aguinaldos, de salarios en tiempo y forma, pero también que permitan negociaciones salariales en provincias y en municipios que se correspondan con la evolución que están teniendo los precios.
Además, puntualmente, a cada uno de los gobernadores que se reúnen con el Poder Ejecutivo Nacional que, al momento de pedir ser compensados en sus ingresos, de ninguna manera se permita que el camino sea restablecer el impuesto a las ganancias, este injusto e ilegal tributo que se ha descargado sobre las espaldas de los trabajadores durante décadas y que es una de las últimas conquistas que, después de mucha lucha, tuvo el movimiento obrero en nuestro país.
Por supuesto que esa remarcación indiscriminada y generalizada en todos los precios de la economía que tuvimos que vivir mientras nadie se hacía cargo en la transición entre el gobierno que seguía y el que venía, donde los precios volaban en las góndolas de los supermercados, y luego esta devaluación superior al 118% aplicada por el ministro de Economía (Luis) Caputo, por este gobierno, han terminado de aniquilar, de pulverizar salarios y jubilaciones. Los trabajadores del sector público, también de la actividad privada, los jubilados, los sectores populares, no soportan una pizca más de ajustes. Todas las medidas económicas que anuncia y que pretende instrumentar el gobierno nacional, que por otro lado nos preocupa que pretenda, como ha demostrado hasta aquí, gobernar por decreto, tienen como víctimas a la gente.
–Ustedes han manifestado desde ATE que, si bien el gobierno lleva poco más de una semana, el daño que ya ocasionó, agravando las condiciones de vida de toda la gente, tardará años en poder repararse.
Sin lugar a dudas. Nosotros creemos que el ajuste regresivo, potente, que pretende llevar adelante el gobierno, recortando cinco puntos del PBI, hasta aquí no tiene nada que ver con lo que había anticipado en la campaña, que era que los gastos iban a pasar por el recorte de la política. Eso no es lo que está sucediendo. El ajuste agrava las condiciones de vida de todos los habitantes, y además lo intenta sostener con represión.
Yo digo que no es una exageración considerar que el protocolo antipiquete de (Patricia) Bullrich nos coloca a las puertas de una etapa no democrática en la Argentina. Nosotros queremos volver a reiterar que desde ATE no lo vamos a aceptar; que se trata de un protocolo que es inconstitucional. Lamentamos que hasta aquí no haya ningún juez o fiscal que haya actuado de oficio. Muestra que la Justicia sigue estando solo al servicio de los poderosos, que de vez en cuando nos da algún ejemplo con un ladrón de gallinas, pero que sigue estando al servicio de los poderosos porque este protocolo, además de infundir miedo, de intentar atemorizar, disciplinar a aquellos que pretenden reclamar por sus derechos, si hace una cosa, además de arrogarse atribuciones que son propias del Poder Legislativo y facultades judiciales, es precisamente esto último: es romper, quebrantar la división de poderes de nuestra república. Es muy grave; sin embargo, están todos calladitos en la Justicia.
–Rodolfo, en la jornada de ayer se reunió con el nuevo gobierno de Tucumán y acordaron la renovación entre las partes de todos los contratos, la extensión de los bonos y también discutir una nueva paritaria para el mes de febrero.
Sí, la verdad es que nos retiramos muy tranquilos luego de haber estado en la Casa
de Gobierno en Tucumán. Nosotros decimos que nos van a ver así estos cuatro años: más allá de las urgencias que tengamos, de la coyuntura que haya que enfrentar, nosotros vamos a conducir a la Asociación de Trabajadores del Estado desde las provincias, no lo vamos a hacer desde la Capital. Tenemos la sensación de que lo que ganó en las urnas en ATE hace muy poco, en las elecciones, fue federalismo, fue la idea de que las 24 provincias tienen que tener un fuerte protagonismo en esta etapa en ATE, al igual que las 185 seccionales que tiene ATE en la Argentina tienen que formar parte de la toma de decisiones.
Ayer, con el gobierno tucumano, nos hemos retirado de esa reunión con la tranquilidad de saber que está garantizada la estabilidad, la continuidad laboral de todas y todos los trabajadores provinciales. Por supuesto que el bono que se había alcanzado en la última paritaria se va a hacer extensivo para el mes de enero, y está convocada ya una próxima negociación salarial para el mes de febrero.
Por supuesto que las reacciones en las provincias son dispares. También recibimos inmediatamente la denuncia de los estatales de San Luis, que plantean que el gobernador ya les ha dicho que va a comenzar a pagar los salarios de diciembre y enero en cuotas. Este ajuste dispara rápidamente a las provincias. No está garantizado el pago de los aguinaldos. Algunas han anunciado el pago en tramos, también, de los aguinaldos. Se suspenden las paritarias, se congelan las plantas de personal, entre otras medidas que, sin lugar a dudas, hacen que desde ATE tengamos que reaccionar.
Ojo con esto: nadie nos puede acusar de quebrantar la paz social o de atentar contra la gobernabilidad, porque nosotros lo hemos sostenido hasta el hartazgo: hubo un veredicto del pueblo y ese veredicto del pueblo hay que respetarlo. Ahora, somos un sindicato. Nos votan trabajadoras y trabajadores para que representemos sus intereses, para que defendamos sus derechos, para que seamos capaces de seguir hablando de los problemas que tienen que enfrentar todos los días. Por eso es que hemos determinado llevar adelante la primera medida de fuerza nacional el día 22, con modalidades de protesta que van a ir definiendo en cada una de las provincias y que seguramente en las próximas horas vamos a comunicar, para rechazar el ajuste y exigir la inmediata reapertura de todas las paritarias en la administración pública nacional, pero también en todas las provincias y en todos los municipios. No es responsabilidad ni de los sindicatos ni de los trabajadores garantizar la paz social. La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con las políticas que implementan, y en este caso el gobierno nacional, a partir de las políticas que está implementando, es el primero en atentar contra la paz.
