Piden anular causa judicial contra dirigente feminista por alojar a una adolescente

Alrededor de 50 organizaciones feministas y de Derechos Humanos de Salta pidieron que se anule la causa judicial iniciada a la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, Irene Cari, que fue detenida por defender a una adolescente que se encontraba en extrema situación de vulnerabilidad.
“Como miembra de la Mesa de Derechos Humanos, considero que Irene Cari actuó para defender a una menor que estaba en peligro”, expresó a Télam Nora Leonardo, de la Asociación Lucrecia Barquet, tras lo que comentó que el accionar de la dirigente feminista fue el necesario para que “se respetara el derecho de esa niña de ser protegida”.
Mediante un comunicado, unas 50 organizaciones feministas y de Derechos Humanos solicitaron que se levante la causa judicial iniciada a Cari, luego de que el 11 de abril pasado recibiera el pedido de ayuda de una adolescente de 14 años, tras escapar de un hogar en el que estaba alojada por orden de una jueza de Tartagal.
La dirigenta intentó realizar la denuncia correspondiente, por entender que se trataba de una adolescente que se había escapado de un hogar, y que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema por haber sufrido abusos durante su infancia, y la alojó en su vivienda para que pudiera descansar.
Los policías de la dependencia a la que concurrió no le tomaron la denuncia, por lo que la mujer se comunicó con el sistema de emergencias 911, y efectivos de la fuerza se presentaron a la madrugada en su domicilio, en la zona sur de la ciudad de Salta, para exigirle que devolviera a la menor .
Cari respondió que la adolescente estaba descansando y que a la mañana siguiente iba a llevarla a la institución, que era lo que intentaba hacer cuando fue detenida y maltratada por la Policía provincial.
“De ninguna manera la policía tendría que haber actuado como actuó, de acuerdo al decreto 255/2020 que el gobierno provincial dictó por el coronavirus, que es inaceptable y que estamos pidiendo que se derogue porque viola derechos constitucionales”, detalló Leonard.
Asimismo, comentó que “hemos coincidido, como Mesa de Derechos Humanos de Salta, en defender a Irene Cari, y que se saque todo tipo de causa en su contra”.
Tras estar detenida 8 horas, le concedieron a Cari la prisión domiciliaria y “le labraron un acta indicándole que quedaba con libertad sustitutiva debiendo, una vez levantada la cuarentena, presentarse ante Fiscalía Penal, a fin de regularizar su situación procesal", mientras que la menor fue restituida al hogar del que se había escapado.
“En un contexto de recrudecimiento de la violencia machista sobre las mujeres, jóvenes y diversidades de género, con 24 feminicidios en 30 días, resulta totalmente inadmisible que quienes cuidamos y luchamos por acabar con estas violencias seamos reprimides y amedrentades por las fuerzas represivas del Estado”, indicaron,
Además, responsabilizaron “al ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro”, al que calificaron de “ex militar negacionista”, y “al gobernador Gustavo Sáenz”, quienes “avalan por decreto (255/20) el aumento exponencial de los casos de represión policial”.
Entre las organizaciones firmantes se destacan Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y gremiales, HIJOS en la RED por la defensa de los DDHH de Salta y, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; la Mesa de DDHH de Salta y al Liga Argentina por los Derechos Humanos.
(Télam)