Rechazan apartar a la Oficina Anticorrupcion de la causa por lavado de activos contra Lazaro Baez

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó dos planteos con los cuales algunos de los acusados por supuestas maniobras de lavado de dinero en la causa en la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez habían reclamado que la Oficina Anticorrupción (OA) fuera apartada del caso en el que interviene como querellante.
Los planteos rechazados "in límine" por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iníguez y Adriana Palliotti habían sido presentados por las defensas de los hijos de Báez y del detenido abogado Jorge Chueco, quienes reclamaban que la OA fuera apartada del caso luego de que esa oficina desistiera de la querella de las causas Hotesur y Los Sauces.
"Cabe precisar que no hay conexidad declarada entre las causas mencionadas, donde los objetos procesales por los cuales se requiriera la elevación a juicio son totalmente diferentes, y por lo tanto ninguna deducción o extensión se puede hacer respecto de una presentación de la Oficina Anticorrupción en el sentido pretendido", sostuvieron los jueces en uno de los fallos conocido hoy y al que tuvo acceso Télam.

Lázaro Báez.

La causa se encuentra en juicio oral y público, interrumpido por la pandemia de coronavirus, y ya estaba atravesando la instancia de los alegatos: la Unidad de Información Financiera pidió 9 años de prisión para Báez, ya alegó la AFIP y lo estaba haciendo la Oficina Anticorrupción cuando comenzó la cuarentena.
Luego será el alegato de la fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, después hablarán los defensores, se dará lugar a las últimas palabras y se dictará el veredicto; es decir, el juicio se encuentra en sus instancias finales, pero aún restan muchas audiencias.
Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos Martín -también detenido-, Leandro, Melina y Luciana, el arrepentido Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadin, el abogado Jorge Chueco y el financista Federico Elaskar, entre otros, por maniobras de lavado de dinero.
Los Báez y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares, dinero supuestamente obtenido de manera ilícita con obra pública adjudicada durante el kirchnerismo, de acuerdo con los denunciantes. (Télam)