Piden investigar al titular de Ministerio Publico de la Acusacion por presunto maltrato laboral

La Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) solicitó hoy que se investiguen dos denuncias por maltrato laboral y violencia de género presentadas por abogados que cumplen funciones Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial contra el titular de ese organismo, Sergio Lello Sánchez.
Las denuncias penales contra el fiscal general jujeño fueron realizadas por los abogados Agustina Aramayo y Mateo Montiel, quienes trabajan en el Ministerio Público y denunciaron a Lello Sánchez por maltrato laboral, violencia de género y amenazas.
En su presentación Aramayo refirió hechos que se sucedieron desde el 9 marzo del 2016 hasta la fecha; sostuvo que durante este periodo fue trasladada en nueve oportunidades, por lo que que fue víctima de “maltrato laboral, humillación y denigración”.
Asimismo Montiel denunció situaciones de maltrato, insultos, humillaciones y amenazas, además de traslados injustificados y la imposición arbitraria de una suspensión por cinco días, sin que hubiera sanciones disciplinarias anteriores.
Ante esta situación la Asociación de Abogados de Jujuy, a través de un comunicado, consideró necesario realizar un examen crítico para “analizar y repensar los roles, las atribuciones, deberes y obligaciones” del Ministerio Público de la Acusación.
Sobre los hechos denunciados, respecto de la “conducta asumida” por Lello Sánchez, expresaron su solidaridad con los dos funcionarios afectados, “que han tenido la valentía de exteriorizar de manera puntual, detallada y concreta, situaciones abusivas por las que han tenido que atravesar”.
“Especialmente, respaldamos y acompañamos a la doctora Agustina Aramayo, quien ha denunciado haber sido objeto de tratos humillantes y denigrantes por su condición de mujer, en el ámbito laboral, de ese Ministerio por parte de la máxima autoridad”, dijeron.
Consideraron que es “inaceptable e impermisible por parte de los poderes del Estado, hacer caso omiso a tal denuncia”, en un contexto donde “nuestro país se ha comprometido internacionalmente a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y la sociedad lo reclama al grito colectivo de Ni Una Menos”.
Pidieron, además, una manifestación pública de parte de la máxima autoridad judicial de la provincia, Clara Langhe de Falcone y también “una investigación de oficio y sin dilación, seria, imparcial y efectiva orientada a determinar la verdad, según los estándares de debida diligencia que pesa en el Estado en estos casos”.
(Télam)