Según un informe de UNICEF, en Argentina 2 de cada 3 menores son pobres o están privados de derechos básicos como el acceso a la educación o la salud.
Argentina 04 de mayo de 2024
Con información de Agencia de Noticias
En línea con los reportes del Observatorio de la Deuda Social que periódicamente difunde la UCA, Unicef publicó en un informe que en Argentina 2 de cada 3 menores son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos a la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro.
Del dramatismo que encierran estos datos estadísticos da pábulo que, en nuestro país, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.
Está a la vista. Basta con tomar nota que se erigieron 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que en total ocupan una superficie tres veces más grande de la que de la Ciudad de Buenos Aires y en los que habita el 12% de la población, unas 5 millones de personas.
Figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el decisivo aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras de la sociedad civil, presentado unos días antes que asumiera el presidente Javier Milei. Casi un tercio de esos asentamientos está en la provincia de Buenos Aires: 2065.
De la acumulación de datos de barrios populares que centraliza el Renabap desde 2017 e iniciara la ONG Techo en 2009, al que denominan Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI), surgen falencias sociales que dejan al descubierto una espeluznante desigualdad
En grandes números, el 66% de los residentes no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% recibe al suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar onerosas garrafas o usar los peligrosos braseros.
Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.
“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina. Y añade: “Sólo hablamos de los barrios populares cuando suceden casos que para la vida cotidiana son sueltos”.
Se refiere a las corrientes demonizadoras que se crean en la opinión pública, reñidas con asesinatos, delincuencia, tráfico de drogas o directamente o como cuando les endilgan que pretenden vivir de los favores ajenos, pluralizando por unos pocos que se hacen notar.
La ONG católica Cáritas recuerda al respecto que 519 de los más de 6.000 barrios llevan nombres de santos y santas y, de ellos, a 100 los bautizaron San Cayetano, el patrono del trabajo. A la vez, destacan que repiten mucho las palabras esperanza y unión.
El prejuicio contra los villeros, por otra parte, fue desacreditado y dado vuelta en un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias de barrios populares con hijos e hijas en la escuela primaria y secundaria.
Esta compulsa junto a un estudio etnográfico que buscó identificar las demandas y expectativas de estas familias respecto de la educación de sus hijos/as, generaron conclusiones inquietantes, como que “la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales de los jóvenes en espacios vulnerables contribuyen a su reclutamiento en el consumo y en el comercio de drogas, sumado a otras actividades ilegales”.
Advierte que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios.
Los actores sociales, las familias, los jóvenes de barrios populares que no participan de estas actividades ilegales sufren el miedo, la indefensión y el acoso de las bandas o grupos ilegales.
El comercio de drogas en los barrios populares se ve favorecido por la ausencia del Estado y/o la convivencia de las fuerzas de seguridad con las actividades ilícitas, desgrana el documento.
“La vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo excepcional”, aboga Maquieyra.
De acuerdo con la encuesta, en uno de cada cuatro hogares (26,5%) se identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario.
Ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense (y en un 32,8% en el Gran Rosario), por arriba de lo que caracteriza a otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente).
Es atribuido el incremento del riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios a la ausencia de presencia o vigilancia policial, en un 36,3%. Sin embargo, en caso de que existiera sólo reduciría el riesgo al 22%.
La percepción de venta de drogas en las villas o asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja.
Comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%. No es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.
La frecuencia aumenta en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y de las no metropolitanas, pero se extiende mucho más en los barrios populares del conurbano bonaerense y de otras ciudades metropolitanas.
En el Gran Rosario, la presencia de venta de drogas alcanza los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio (38,6%).
A medida que aumenta la cantidad de carencias en materia de derechos para la inclusión social, también sube el riesgo a la presencia de venta y tráfico de drogas: 45,2% de hogares con tres o más carencias vs. al 10,5% de hogares sin carencias.
El comercio ilícito de drogas y las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen fenómenos vinculados que afectan de manera crucial las capacidades de desarrollo humano a nivel personal, familiar y colectivo, así como la autonomía, la seguridad y la convivencia social.
La venta ilegal de drogas es un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión viene creciendo durante las últimas dos décadas a nivel general, pero sobre todo en los barrios más pobres, creando una entramado socioeconómico que debilita la integración social y las posibilidades de empoderamiento comunitario.
Afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes de las diferentes clases sociales y regiones del país, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de apoyo y contención.
Si bien la venta y consumo de sustancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios vulnerables.
El narcomenudeo en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización rudimentaria pero de mucho poder local debido a su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de estructuras familiares, la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de seguridad.
Dado sus altos niveles de rentabilidad abarca un amplio conjunto de actividades y actores que operan por fuera de la economía formal, y sus agentes compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes vulnerables, en un mercado sin reglas ni regulaciones.
Desde que fue convertido en política de Estado hace 9 años, para promover la inclusión social y urbana de quienes viven en villas y asentamientos del país, el Renabap dependía formalmente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, aunque siempre con Techo como unidad ejecutora.
Fue constituido por ley 27.453 de 2018 (votada por amplía mayoría de sectores políticos), más conocida como ley de Barrios Populares,
Formar parte del Renabap no sólo les otorgó a los barrios un paraguas de legitimidad, sino que también fue el primer paso para que, mediante obras de infraestructura, el Estado los integrara al tejido urbano.
Pero, además, sus habitantes pueden acceder a un Certificado de Vivienda Familiar, lo que, además de brindarles amparos ante un eventual intento de desalojo, les permite tener un domicilio formal, paso fundamental para acceder a diferentes derechos, desde tramitar servicios básicos, hasta generar el CUIT o el CUIL y, con eso, recibir prestaciones en materia de salud, educación y previsionales.
Desde 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas", recordó el comunicado.
De acuerdo a datos oficiales y evaluaciones externas (CIPPEC, 2023; ODSA-UCA, 2022; SISU, 2023), las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1200 proyectos en más de 300 municipios.
A junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de viviendas destinadas a mujeres a través del programa “Mi Pieza”.
Con distinta escala y profundidad, estas intervenciones han facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares.
El gobierno de Milei suprimió en febrero el fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras de infraestructura y para avanzar en la creación de lotes con servicio.
Lo fundamentó en presuntas irregularidades en su administración y personalizó la acusación en el dirigente social Juan Grabois.
Para su cumplimiento, se afectarían los terrenos habitados que no pertenezcan al Estado nacional, sean declarados de utilidad pública y, en consecuencia, expropiados. La norma frenó los desalojos de los barrios incluidos en el registro hasta 2022 y, hace dos años, mediante un decreto, se extendió ese plazo por 10 años más, es decir, hasta 2032.
Las ONGs ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina, en un comunicado conjunto, reclamaron la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que "es fundamental sostener e incluso ampliar" el financiamiento de esos programas porque, "de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad".
La acción que mancomunan no da abasto. Proyecto 7, que es una organización integrada por y para gente en situación de calle, celebró convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entidades privadas, más la ayuda de personas físicas, para hacer “las cuatro comidas para alrededor de 400 personas por día”, lo que no obstante, para Horacio Ávila, tu titular, “siempre todo es insuficiente”. Fundamenta en que “solo en Ciudad de Buenos Aires, hay más de 12.000 personas en situación de calle”.
“Es un número realmente exorbitante y, lamentablemente, tenemos que decir que va aumentando y no hay respuesta del Estado”, aseveró.
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