Amnistía Internacional responsabilizó al Gobierno por los ataques a la prensa
La organización envió una carta a la Comisión Interamericana de DDHH por el “potencial peligro que esto genera para el debilitamiento del debate público”.
El ex operador judicial de Mauricio Macri fue liberado de la orden de arresto, pero la jueza Servini le fijó una caución de 3120 millones de pesos.
Política 08 de mayo de 2024La jueza federal María Servini concedió hoy la exención de prisión que había pedido en la víspera Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor del ex presidente Mauricio Macri, en la causa en la que está acusado por la “mesa judicial” contra ex funcionarios kirchneristas.
No obstante, la jueza le fijó una caución de 3.120 millones de pesos para garantizar su sujeción al proceso y le impuso una serie de medidas de conducta, entre ellas la prohibición de salida del país.
Rodríguez Simón está prófugo desde 2021, cuando viajó a Uruguay ante un llamado a indagatoria de la misma jueza que hoy le concedió la exención de ser detenido.
Cuando regrese a la Argentina, Rodríguez Simón deberá presentarse ante Servini, quien finalmente podrá tomarle indagatoria y definir su situación procesal.
Pero además, tendrá “la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes”, según condicionó la jueza.
En el mismo sentido, deberá “solicitar autorización al tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel”.
“Estaré a la prohibición de salida del país oportunamente dispuesta, imponiéndole la entrega inmediata de su pasaporte”, amplió Servini.
Para viajar a Uruguay, Rodríguez Simón no necesita su pasaporte, pero la presentación de su DNI invariablemente hará saltar en los registros la prohibición de salida.
Rodríguez Simón está acusado de haber formado parte de la denominada “mesa judicial” que supuestamente funcionó durante el gobierno de Macri y tuvo entre sus objetivos a los empresarios del Grupo Indalo, especialmente Fabián De Sousa y Cristóbal López.
Ambos son querellantes en este expediente.
La organización envió una carta a la Comisión Interamericana de DDHH por el “potencial peligro que esto genera para el debilitamiento del debate público”.
La cartera había presentado un recurso contra la resolución del juez Cormick, quien había impuesto el plazo de 48 horas para explicar cómo se repartirían.
Desde el FMI negaron que la foto haya sido retocada con una edición posterior, pero a la titular del organismo, en la imagen, le falta un brazo.
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