![Respaldo a Miguel Fernández](/download/multimedia.normal.86c3f691305c8eee.UmVzcGFsZG8gYSBNaWd1ZWwgRmVybsOhbmRlel9ub3JtYWwud2VicA%3D%3D.webp)
Más de 60 ex intendentes radicales respaldaron a Miguel Fernández para liderar el Comité Provincia
En un llamado a la unidad, destacaron la necesidad de fortalecer el partido y su presencia en todo el territorio bonaerense.
Unas 3000 personas se manifestaron para protestar por la estigmatización de las personas en situación de calle, que se multiplicaron “en forma exponencial”.
Política 14 de mayo de 2024Unas 3000 personas en situación de calle participaron esta mañana de un “desayuno masivo” en el Obelisco convocado por unas 50 organizaciones de derechos humanos, ONGs, movimientos sociales, sindicatos y legisladores porteños para reclamar que se derogue el nuevo protocolo de salud mental para los sin techo y que cese la “represión” y la “mirada estigmatizante” hacia esta población que, a fines de 2023, sumaba 8.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires -de acuerdo al Renacalle– y que hoy algunos colectivos estiman en 12.000.
“Estamos ante un crecimiento exponencial de la cantidad de compañeras y compañeros en situación de calle, una población que además se ha modificado porque ahora hay mayor cantidad de mamás con criaturas pero también más abuelas y abuelos porque con 240 mil pesos (cifra de la jubilación mínima) hoy no podés pagar nada y lo que venías pagando ya no lo podés pagar”, dijo a Somos Télam Horacio Ávila de Proyecto 7, una de las asociaciones civiles convocantes.
Para Ávila, el crecimiento de la población en situación de calle se aceleró los últimos meses “producto claramente de lo que viene haciendo el gobierno nacional” en materia de política económica, “que golpea directamente en el clase trabajadora” y que se traduce en que “hoy el que labura es pobre, apenas si puede llegar a comer y le está costando mucho más pagar un alquiler o sostener los servicios”.
El integrante de Proyecto 7 advirtió, además, que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, “como no están pudiendo resolver este tema que les está explotando en las manos”, han optado por “intentar ‘limpiar la calle” con operativos de expulsión del espacio público que va de la mano con “la creación de un imaginario irreal” y que equipara a esta población con delincuentes o enfermos mentales, es decir, que los caracteriza como peligrosos para sí mismos o los demás.
En repudio y denuncia de todo esto se organizó el desayuno de hoy.
“Rechazamos todas las cosas que vienen planteando desde el gobierno de la Ciudad en relación a la gente en situación de calle específicamente, como los posteos del jefe de gobierno de un ‘antes y un después’ poniendo a las personas en situación de calle en un lugar de la basura y luego haciéndola desaparecer, sumado al protocolo de salud mental y a las declaraciones de (el secretario de Seguridad y jefe de la Policía Metropolitana) Diego Kravetz diciendo que son todos criminales o que el 50% de la población tiene antecedentes policiales”, agregó.
A principios de febrero, el gobierno de la Ciudad conducido por Jorge Macri lanzó un “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático” que autoriza a las autoridades porteñas a internar sin su consentimiento y en abierta contradicción con la Ley Nacional de Salud Mental. Este documento fue publicado en el Boletín Oficial porteño como una resolución conjunta de los ministerios de Salud, de Desarrollo Humano y Hábitat, y de Seguridad local.
Dicho protocolo ya fue impugnado por el asesor tutelar Gustavo Moreno ante el Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental, ante quien denunció que “la conducta arbitraria e ilegítima llevada adelante por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la sanción y aplicación” de este instrumento” y pidió su derogación “en resguardo de derechos humanos de las usuarias y los usuarios del sistema de salud mental”, en particular los niños, niñas y adolescentes a quienes representa.
No obstante, a principios de abril la Ciudad difundió que “en el primer mes del nuevo protocolo ya fueron asistidas 58 personas”.
“¿Dónde van esos compañeros y compañeras (que desalojan)? No tenemos la menor idea. Hay pedidos de informes de legisladores y legisladoras; de los organismos de justicia; de organismos de derechos humanos, pero no se sabe. Los levantan, los llevan a la madrugada y nadie sabe dónde están. Se está haciendo desaparecer personas en un país donde la figura del desaparecido es muy fuerte”, concluyó.
Tras el desayuno, se celebró una conferencia de prensa de la que participaron el propio Ávila y una veintena de legisladores porteñas como Berenice Iáñez, Victoria Montenegro, Celeste Fierro, Juan Manuel Valdéz, entre otros.
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“En principio, dormir en la vereda no es un delito con lo cual es ilegal que venga cualquier fuerza pública a desalojar a las personas en situación de calle. Lo que está sucediendo, además, es que las golpean para que salgan de esos lugares, les roban sus pertenencias y, en muchos casos, les inician causas judiciales por resistencia a la autoridad”, denunció Charly Pisoni de HIJOS Capital.
“Estamos viviendo un momento en el que el jefe de Gobierno criminaliza a las personas en situación de calle pero no les da una salida, porque no busca otros mecanismos alternativos de asistencia. Hay un subsidio habitacional de solo 50 mil pesos con los que no se puede alquilar ni una pieza en un hotel o pensión”, agregó.
Por otro lado, pidió “frenar el protocolo” de salud mental porque “es inconstitucional e ilegal”, además de “cruel y violento”.
“Muchas veces estas personas son derivadas a centros de salud mental, pero es solo la excusa para levantarlas y no hay luego un seguimiento. Esto además está generando un rechazo del personal de los centros de salud mental porque obviamente está aumentado la demanda. Esto es totalmente incompatible con la ley de salud mental”, aseveró.
En tanto, la legisladora porteña Berenice Iáñez (FdT) denunció una “campaña de deshumanización” de esta población por parte de Jorge Macri “que tiene por objeto generar en la sociedad la idea de que cualquier cosa que hagan está bien con tal de sacarlos de la calle, en vez de brindar soluciones reales de acceso a la vivienda e integración al resto de la comunidad”.
“Desde la campaña electoral, Jorge Macri tuvo como blanco a las personas y familias que se encuentran en calle, cuando planteó que los cajeros automáticos no eran mono ambientes para vivir. Esta fuerte búsqueda de deshumanización, de estigmatización está acompañado por acciones represivas e inconstitucionales como es el protocolo de salud mental”, dijo Iáñez, quien preside la comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura Porteña.
En particular sobre el protocolo, aseguró que “hay que declararlo nulo porque está en completa contradicción con las leyes de salud mental nacional y de la ciudad”, pero además porque “no se puede plantear para una determinada población – en este caso quienes están en situación de calle- ninguna diferencia en la aplicación de una norma respecto al resto”.
“¿Cómo funciona en los hechos? A algunos los internan ‘por locos’, a otros los limpian como basura y a otros les están abriendo causas para que en una segunda oportunidad ya queden en cana”, dijo Iáñez quien aseguró que ya se han presentado varios pedidos de informes en la Legislatura, por ahora sin respuesta.
Además de Proyecto 7 e HIJOS Capital, entre las organizaciones convocantes se contaron el Cels, Correpi, Escuela Isauro Arancibia, Hecho en Buenos Aires, APDH Capital, Sipreba, CTA Autónoma CABA, Junta Interna ATE Indec, UTEP y AGTSYP (Metrodelegados).
Durante la actividad desarrollada en la Plaza de la República, a metros del Obelisco, hubo un stand del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, donde se evacuaban dudas y asesoraba sobre casos de violencia institucional así como la solicitud de subsidios habitacionales o acceso a otros programas sociales.
“Está bien lo que están haciendo desde la Defensoría General pero estos casos después se pierden, porque hoy están parando acá y mañana no sabés, no tienen celular, muchos no saben leer ni escribir o no tienen DNI”, sostuvo Luis Cabrera que milita en Jóvenes de Barrios de Pie Capital.
A organizaciones como la suya, además, cada vez les está resultando más difícil mantener la olla popular para personas en situación de calle que realizan una vez a la semana en Retiro: “Tardamos mucho más en cocinar que en repartir, porque, apenas legamos, nos desaparecen de las manos”, relató.
Frente a esta demanda, Cabrera reconoció que “tuvimos que achicar la bandejita, como hacen los supermercados” (con productos para no aumentar tanto los precios), “pero es lo mismo porque algunas personas nos piden repetir”.
“Antes la gente se acercaba y te dejaba plata en un bolsillo, hoy solamente te dan un pedazo de pan”, se lamentó Guillermo Mendoza, un hombre que pasó 28 de sus 42 en situación de calle, a metros del Obelisco, y que hoy forma parte del Hogar Monteagudo.
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