La diputada nacional Micaela Morán (UxP) advirtió sobre los riesgos de mantener deudas millonarias con las compañías de generación eléctrica.
Legislativas17 de mayo de 2024
Con información de Agencia de Noticias
La diputada nacional de Unión por la Patria Micaela Morán reclamó hoy a través de un proyecto de resolución que se cite al secretario de Energía, Eduardo Chirillo, a la Cámara baja para que informe sobre cómo piensa regularizar el mercado eléctrico luego de la decisión de suspender pagos millonarios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que mantiene deudas millonarias con las principales generadoras de energía eléctrica.
Para diferir la deuda de CAMMESA, el Gobierno le ofreció a las compañías eléctricas bonos en dólares a 2038, con una quita del 50 por ciento.
Hasta ahora, las principales generadoras vienen resistiendo el ofrecimiento del Gobierno, y tienen un deadline para contestar muy próximo.
“Hoy, el Estado está retirándose de su responsabilidad”, advirtió Morán a través de una publicación en su cuenta de la red social X, bajo el título “Energía en alerta”.
Según sostuvo la massista, “la Secretaría de Energía, al suspender el pago a CAMMESA, pone en riesgo el sistema completo de generación y distribución, y no propone ningún mecanismo alternativo razonable para cubrir esa deuda”.
“Por eso, desde esta citación por parte de los @Diputados_UxP, necesitamos que el Secretario de explicaciones y nos cuente qué es lo que tienen proyectado o planificado ante esta grave situación de cesación de pagos y para la normalización del sector”, explicó.
A su entender, “el gobierno nacional parece querer desmantelar el esquema que solventa el sistema energético sin haber propuesto una alternativa, poniendo en riesgo la generación, la inversión y la distribución de energía eléctrica".
“La Secretaría de Energía y el ministro Caputo decidieron no realizar los pagos a los principales generadores de energía eléctrica del país y están acumulando DEUDAS MILLONARIAS”, siguió en X.
La legisladora opositora advirtió que mientras continúa la indefinición por esas deudas con las compañías eléctricas, “las familias enfrentan precios récord en tarifas ajustadas a dólares, por culpa de la devaluación”.
“Ante el peligro que esto implica para el suministro a nivel país, proponen pagar las deudas de forma compulsiva, a pesar de que las generadoras ya rechazaron la propuesta y alertan una gravísima inseguridad jurídica”, señaló Morán.
“Son la pura contradicción. El DNU decretó la emergencia energética con el fin de “generar certidumbre y previsibilidad” y después proponen un “Plan Bonex” para la Energía”, finalizó.
Entre sesiones fallidas, vetos presidenciales y dictámenes clave, el Congreso entra en pausa con varias definiciones aún en el aire.
La diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para reformar el Código Procesal Civil y Comercial bonaerense, incorporando audiencias virtuales, firma digital y notificaciones electrónicas para agilizar los procesos y achicar la brecha con la ciudadanía.
La oposición necesita 172 votos para rechazar el veto presidencial. El oficialismo, en cambio, con solo 86 votos puede sostenerlo. El antecedente de 2024 marca el camino.
Tras los incidentes protagonizados por legisladores de distintos bloques, la Cámara de Diputados podría contar con un órgano específico para intervenir en casos de violencia, faltas éticas o desórdenes.
La ministra de Seguridad apuntó contra la titular del Senado, con quien mantuvo un áspero cruce este jueves por la sesión impulsada por la oposición. “Que se ponga del lado de la gente y no de los senadores kirchneristas”, lanzó.
Una nueva encuesta revela qué alianza se consolida como primera fuerza en la provincia de Buenos Aires y qué liderazgos muestran señales de recuperación.
Mientras en Tres de Febrero crecen las quejas por el deterioro urbano y la falta de inversión en seguridad, el intendente Diego Valenzuela destinó casi 46 millones de pesos a la Universidad Austral para auditar un polémico plan inmobiliario. La contratación, considerada innecesaria, se dio en el marco de un proyecto cuestionado por violar el código urbanístico, carecer de estudios de impacto ambiental y beneficiar a desarrolladoras privadas con tierras públicas.
