Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica para travestis y trans
Política 25 de mayo de 2024
Agencia de Noticias
El desmesurado y agresivo “corset antipiquete” que la Policía Federal colocó a la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica para travestis y trans no impidió que los 2.000 manifestantes que se congregaron en Plaza de Mayo para dirigirse luego a Plaza Congreso denunciaran, en la tarde del viernes y en un grito único, el recrudecimiento de la violencia institucional que se ensañó contra ese colectivo desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, expresado en discursos y acciones de odio, el desfinanciamiento de programas públicos y en el despido de agentes estatales amparados por el cupo laboral consagrado, tras décadas de lucha social, en la Ley 27.636.
La manifestación que reunió a personas travestis y trans y, en menor medida, a otros colectivos LGBTIQ+ renovó un reclamo que desde hace décadas enarbolan las primeras: que el Estado nacional reconozca y repare la persecución, encarcelamiento, asesinato y abandono del que fueron víctimas, en manos de las fuerzas policiales y militares, durante el terrorismo de Estado y, recuperada la democracia, hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743, en 2012.
Con las tetas al aire, orgullosa de su expresión de género, Patricia Alexandra Rivas, representante del grupo de las travestis históricas autoconvocadas y una de las sobrevivientes de la dictadura cívico militar que permanecen vivas, fue quien leyó el primer tramo de la proclama que exigió al Estado nacional “el respeto al estatus de humanidad y al estatus jurídico, secuestrado por la supremacía héterosexual que concibe los derechos humanos como otro de sus privilegios”.
“Vinimos a honrar la memoria de nuestras propias muertas y muertos y de nuestras propias vidas. Tomamos el espacio público para decirles que la historia que cuentan será reescrita con la memoria de nuestros cuerpos”, enfatizó Rivas, quien en representación de 90 organizaciones travestis, trans y no binaries de todo el país exigió “la reparación por los crímenes cometidos, la persecución policial, la violencia sistemática, el abuso infantil, la exclusión, la muerte, los discursos de odio, los prejuicios y fundamentalismos religiosos que estigmatizan, criminalizan y patologizan nuestras identidades desde nuestra niñez hasta que nos matan”.
Quienes tomaron la palabra denunciaron la profundización del empobrecimiento que afecta al colectivo travesti trans a partir de la aplicación del ajuste neoliberal puesto en práctica por La Libertad Avanza.
Una hora antes, cuando las y los manifestantes se dispusieron a dejar Plaza de Mayo para encaminarse por Avenida de Mayo rumbo al Congreso Nacional, cientos de policías federales -muchos de ellos pertrechados con armas largas- cargaron contra ellas y ellos y, tras algunas refriegas, las y los obligaron a marchar por la vereda. “¡Hay un tortón en el cordón! ¡Hay un maricón en el cordón! ¡Que levante la mano la marica yuta!”, les enrostraban algunos de los manifestantes a las decenas de uniformados abroquelados en una fila de una cuadra de largo para impedir cualquier atisbo de ocupación de la tradicional arteria porteña.
“No nos conformamos con la limosna cis héterosexual. Los derechos de las travestis y trans también son derechos humanos”, apuntó a su turno y como parte de la proclama Marlene Wayar, una de las referentes del colectivo, quien denunció “el daño material e inmaterial” que este sufrió por parte de la Nación y las provincias, así como “el genocidio y crímenes de lesa humanidad” del que fue víctima. También peticionó que “el Estado establezca mecanismos de consulta y diálogo con representantes de la comunidad travesti para comprender sus necesidades, preocupaciones y demandas específicas”.
Como parte de las políticas reparatorias, Wayar reclamó la identificación de víctimas, de los perpetradores de crímenes y de los lugares donde fue ejercido el terrorismo de Estado y la violencia institucional contra travestis y trans.
“Para el común de la gente, la dictadura cívico militar terminó en 1983. En cambio, para nosotras terminó en 2012, cuando fue sancionada la Ley de Identidad de Género. Por eso, las sobrevivientes reclamamos que sea reconocido y reparado el daño que el Estado ejerció contra nosotras”, dijo a Somos Télam Rivas un rato antes de que se subiera al escenario a leer el documento de las organizaciones impulsoras de la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica.
En base a fuentes del Congreso Nacional, la agencia Presentes informó hoy que conserva estatus parlamentario el proyecto de ley que busca reconocer y reparar los delitos estatales cometidos contra la población travesti trans. Son tres las iniciativas presentadas por sendos legisladores, todos pertenecientes a la actual bancada de Unión por la Patria.
“En 2023, horas antes de la primera marcha, hubo una primera reunión de comisión en la Cámara de Diputados. La convocó la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputadas y referentxs del colectivo travesti y trans fueron voces protagónicas”, consignó la agencia Presentes, aunque no hubo consenso entre las diferentes fuerzas para avanzar en su discusión y eventual sanción.
Rivas y otras “voces históricas”, como las de Marcela Tita y Marcela Navarro -estuvo detenida en Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12, ubicado en la intersección de Ruta Provincial 4 y Avenida Ricchieri, en el partido bonaerense de La Matanza-, estimaron entre 3.000 y 6.000 las travestis y trans adultas mayores que reclaman una reparación económica del Estado nacional, que les posibilite transitar de modo digno su envejecimiento.
“Estamos acá, en la marcha por la reparación histórica, pero también para ‘acuerparnos’, ‘transencontrarnos’ (sic), abrazarnos y profundizar esto que venimos diciendo: no es porque no pudimos estudiar, no es porque nos corrieron de niñas de nuestras casas, no es porque nos persiguieron a fuerza de edictos policiales lo que nos pasa; es por el solo hecho de ser travestis y transexuales”, aseveró Alma Fernández, quien supo ser una de las impulsoras de la Ley 27.636 y denunció despidos de trabajadoras de ese colectivo en diversos organismos del Estado nacional.
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