Redacción Grupo La Provincia
El Gobierno nacional ha estado celebrando un superávit fiscal mes a mes durante 2024. Sin embargo, un informe reciente del Instituto Consenso Federal ha revelado que este equilibrio en las cuentas públicas tiene un costo significativo: recortes drásticos en las jubilaciones y en los fondos destinados a las universidades.
Según el informe, el 27,6% del recorte presupuestario en los primeros siete meses del año proviene de la reducción en los haberes de la clase pasiva.
Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, ilustró la gravedad de esta medida al señalar que “de cada 100.000 pesos que dejaron de gastarse en los primeros siete meses del año, casi 28.000 tendrían que haber ido a los bolsillos de jubilados y pensionados, solo para no estar peor que en 2023”. Este recorte ha afectado directamente el poder adquisitivo de los jubilados, dejando a muchos en una situación más precaria que en años anteriores.
El impacto de los recortes también se ha sentido fuertemente en el ámbito de la educación superior. Las universidades nacionales recibieron un 31% menos de recursos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que ha generado preocupación en la comunidad académica. Este ajuste se ha intensificado a pesar de las masivas movilizaciones ciudadanas en defensa del presupuesto universitario, que tuvieron lugar el 23 de abril.
El informe detalla cómo la ejecución presupuestaria ha disminuido progresivamente: “La ejecución pasó de -25,5% para el período enero-mayo, a -30,8% entre enero y junio, para llegar a -31% para enero-julio”. Esto refleja un desinterés por parte del Gobierno en atender las demandas de las universidades, que han sido fundamentales en la formación de profesionales y en la investigación científica en el país.
El informe también destaca que las provincias han sufrido un recorte significativo en las transferencias de la Nación, con una reducción del 83,5% en los fondos ejecutados. Además, el gasto en capital, destinado a obras públicas como rutas, hospitales y escuelas, ha caído un 80,9%, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo de infraestructuras esenciales.
Por otro lado, el único rubro que no ha visto una reducción en el gasto es el destinado al pago de intereses de la deuda. Según el informe, en los primeros siete meses del año, se ejecutaron más de 6 billones de pesos en este concepto, lo que sugiere que el Gobierno ha priorizado el cumplimiento de sus obligaciones financieras sobre las necesidades básicas de la población.
