Redacción Grupo La Provincia
En medio de la creciente tensión política por el veto presidencial a la nueva ley de movilidad jubilatoria, un dato estremecedor sacudió a la sociedad argentina: más de 5 millones de jubilados y pensionados viven bajo la línea de pobreza. Este dato, proveniente de estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, pone de manifiesto la grave situación que atraviesan los adultos mayores en el país.
La realidad económica que enfrentan los jubilados es crítica. Con una inflación galopante en el primer semestre de 2024, este grupo se ha convertido en uno de los más afectados, viéndose obligado a hacer malabares para subsistir con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La canasta básica y la insuficiencia de las jubilaciones
De acuerdo con la Defensoría de la Tercera Edad, el costo de la canasta básica para un jubilado supera los $800.000 mensuales. Sin embargo, la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Aunque el Gobierno dispuso un bono de $70.000 que eleva el ingreso total a $295.000, esta cifra sigue siendo insuficiente para enfrentar los costos de vida actuales.
Este escenario es aún más dramático para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, y para un millón de personas con pensiones no contributivas que reciben apenas $220.000 mensuales. Estos ingresos, lejos de ser suficientes, sumen a un importante sector de la población en una situación de vulnerabilidad extrema.
La malnutrición y sus consecuencias en la salud de los jubilados
El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, alertó sobre las graves consecuencias de la crisis económica en la salud de los jubilados. Según Semino, entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, condiciones que se agravan debido a la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada.
"Muchos jubilados no pueden permitirse comprar los alimentos necesarios para mantener una dieta saludable", aseguró Semino. "Además, las dificultades para adquirir medicamentos y pagar servicios esenciales como la calefacción están llevando a un deterioro generalizado de su calidad de vida."
La polémica por la nueva ley de movilidad jubilatoria
En medio de este sombrío panorama, el Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, anunció el veto a la reciente sanción del Senado que proponía un aumento del 8,1% en las jubilaciones. Según el Gobierno, esta medida "tiene como único objetivo destruir el programa económico".
En un comunicado oficial, la administración de Milei señaló: "El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará". Asimismo, calificó al proyecto de ley como "populismo demagógico" y lo tachó de "irresponsable, ilegal e inconstitucional", advirtiendo que su implementación llevaría al país a recurrir nuevamente a prácticas como la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento.
El veto ha generado un fuerte debate en la arena política y ha dejado a millones de jubilados y pensionados en un estado de incertidumbre sobre su futuro económico. Mientras tanto, la realidad es que cada vez más adultos mayores en Argentina están cayendo en la pobreza, luchando por sobrevivir en un contexto de inflación descontrolada y políticas públicas en disputa. Además, vale decir que muchos abuelos y abuelas están recibiendo tarifas de servicios básicos que se tornan impagables. Más allá de ser subsidiados, la luz y el gas, en algunos casos les lleva la mitad del valor de la jubilación mínima.
