Manuel Adorni desmintió a Francos y confirmó que el Gobierno no modificará la ley de acceso a la información pública. Oposición en alerta.
Política06 de septiembre de 2024
Redacción Grupo La ProvinciaEl vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este viernes cualquier posibilidad de que el Gobierno modifique el decreto que regula la Ley de Acceso a la Información Pública, desmintiendo así lo dicho por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien había prometido analizar la normativa en el Congreso.
Durante su exposición en la Cámara de Diputados, Francos había asegurado a la oposición que el Gobierno estaba dispuesto a "revisar" el decreto si fuera necesario, lo que generó expectativas de que los cambios impuestos por el Ejecutivo podrían ser revertidos. "Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo", había dicho el jefe de gabinete el miércoles.
Sin embargo, minutos después de las declaraciones de Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo dejó claro a través de la red social X (anteriormente Twitter) que no había intención de dar marcha atrás con los cambios. "El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones", escribió Caputo, enviando un mensaje directo a la oposición.
Este viernes, Adorni salió a desmentir públicamente las palabras de Francos, confirmando que la normativa no será modificada. "Nosotros siempre estamos dispuestos, a que, si tenemos que modificar algo, modificarlo. No va a ser este el caso", afirmó el vocero presidencial, enfatizando que no hay contradicción entre los funcionarios del gobierno.
Según Adorni, Francos se refirió a una disposición general del Gobierno de estar abierto a realizar cambios en la legislación si se detectan fallos, pero aclaró que en el caso específico de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se realizarán modificaciones.
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A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene su postura. Adorni defendió el decreto argumentando que busca "ordenar" el acceso a la información pública y evitar el uso excesivo de recursos para responder consultas que, según él, no afectan la transparencia en la gestión de fondos públicos.
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