La Matanza frena tarifazos avalados por el gobierno de Milei con un amparo judicial

El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, bajo la dirección del juez Federico José Gallo Quintian, dictó una medida cautelar que prohíbe a las empresas prestatarias de servicios realizar cortes por falta de pago en todo el territorio de La Matanza. Esta decisión se mantendrá hasta que se definan tarifas accesibles, abordando la cuestión de fondo planteada por el amparo presentado.

El recurso judicial, impulsado por el intendente Fernando Espinoza, fue presentado junto con entidades de defensa del consumidor y otras fuerzas vivas del distrito. El objetivo principal es proteger a las familias, templos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales del municipio. La Justicia dio su respaldo a este pedido, transformando el amparo en una medida cautelar que frena los cortes de servicio.

Según estudios del Conicet y la UBA, las tarifas de servicios han aumentado un promedio del 370% en lo que va del año, lo que equivale a un incremento cuatro veces mayor que la inflación. En muchos casos, las facturas registran aumentos de hasta el 1000%, lo que ha llevado a la gran mayoría de los usuarios a encontrarse en una situación de "Pobreza Energética". Este término se refiere a cuando los costos de los servicios básicos superan el 10% de los ingresos de una familia.

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Ante el impacto de estos aumentos, la comunidad de La Matanza se organizó en asambleas multitudinarias impulsadas por la Multisectorial del distrito. En estas reuniones, curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, comerciantes y representantes de entidades de defensa del consumidor, junto al municipio, coordinaron una respuesta conjunta contra lo que consideraron políticas tarifarias desmedidas y perjudiciales para la mayoría de la población.

Gracias a la reciente decisión judicial, las empresas prestatarias no podrán cortar los servicios, incluso si los usuarios no pueden hacer frente a los exorbitantes montos de las facturas. Esta medida responde a la creciente preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los habitantes, que se refleja en un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza durante los primeros seis meses de la presidencia de Javier Milei.

El municipio de La Matanza avanza en su lucha por establecer tarifas que se ajusten a las posibilidades de pago de los usuarios, gravemente afectados por la recesión y la pérdida de ingresos. La intención es frenar una crisis económica que no solo empobrece a la población, sino que también pone en riesgo al aparato productivo y al nivel de actividad del distrito.