Argentina pierde en Londres: 1.500 millones por el cupón PBI

La Corte Suprema de Gran Bretaña ha dictado un fallo desfavorable para Argentina, obligando al país a pagar aproximadamente 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros más intereses) tras el rechazo de su pedido de apelación en el juicio conocido como “cupón PBI”. Esta decisión, esperada por muchos analistas, marca un hito en la crisis económica del país, ya que no quedan instancias legales para continuar dilatando el caso.

La condena y sus implicaciones

Según un portavoz de la Corte Suprema del Reino Unido, “el tribunal rechazó a Argentina el permiso para apelar un fallo que la obliga a indemnizar a los inversores que registraron pérdidas con los bonos vinculados al crecimiento económico del país”. Sebastián Maril, de Latin Advisors, indicó que “era previsible este resultado” y resaltó la gravedad de la situación: “Argentina enfrenta, por primera vez desde 2014, un escenario en el que no tiene más opciones legales y debe realizar el pago”.

El rechazo de la Corte británica se suma a las pérdidas sufridas por el país en sus intentos anteriores de apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Londres, donde ya había fracasado en sus esfuerzos por anular la sentencia que le obliga a pagar esta cuantiosa suma.

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La demanda y su origen

El litigio se origina en una demanda presentada por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que poseían alrededor del 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010. La demanda, iniciada en 2019, se centró en el argumento de que Argentina había manipulado datos económicos para evitar el pago adicional que se debía en caso de que el Producto Bruto Interno (PBI) creciera más del 3,3% anual.

La controversia se intensificó tras la intervención del Indec en 2007, donde el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue acusado de manipular los datos de inflación. En 2013, bajo la dirección de Axel Kicillof como ministro de Economía, se modificó el cálculo del PBI, reportando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó que Argentina cumpliera con sus obligaciones hacia los acreedores.

Consecuencias inmediatas

Tras el fallo, los beneficiarios de la indemnización ejecutarán una garantía por 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo a través de una carta de crédito emitida por el Banco Santander. A pesar de la decisión adversa, Maril sugirió que “siempre hay algún abogado que logra encontrar una manera de retrasar el proceso”, dejando entrever la posibilidad de futuros intentos de dilación.

La Procuración del Tesoro de Argentina ha calificado este litigio como el quinto en importancia por el monto demandado, relacionado con instrumentos de deuda denominados en euros y regidos por ley inglesa. En este contexto, el gobierno de Javier Milei deberá decidir si pagará el fallo de 1.330 millones de euros más intereses, una decisión que podría tener profundas repercusiones en la economía nacional.