Juan Manuel Villarreal
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires tomó una medida contundente contra seis empresas de medicina prepaga. Medicus, Galeno, Swiss Medical, Cemic, Medifé y Omint fueron imputadas por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores debido a la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos. Estas prácticas obligan a los usuarios a suscribir a términos sin posibilidad de discusión, lo que las autoridades consideran una infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Cada una de las empresas imputadas podría enfrentar multas de hasta 1.300 millones de pesos. Las autoridades bonaerenses detectaron una serie de cláusulas abusivas relacionadas con el aumento no autorizado de las cuotas, especialmente para adultos mayores, y cambios en los grupos familiares sin información adecuada sobre los impactos en los valores.
Swiss Medical: Establece en sus contratos que puede cobrar gastos sin especificar ni informar con claridad. Además, prevé la baja del servicio por falta de pago sin previo aviso.
Omint: Aunque declara que sus usuarios han sido informados sobre las condiciones del contrato, estas no están detalladas en los documentos entregados. Además, menciona un "Manual del Beneficiario" que no es entregado a los consumidores, obligándolos a solicitarlo sin poder alegar desconocimiento.
Medifé: Cobra intereses, tanto compensatorios como punitorios, además de otros gastos no especificados ni informados adecuadamente en caso de mora.
Galeno: Incluye en su solicitud de adhesión un Reglamento General que no está disponible en ningún sitio web, lo que impide a los usuarios acceder a información clave sobre las condiciones del contrato.
Cemic: No aclara cómo notificará las modificaciones contractuales a sus afiliados, permitiendo realizar modificaciones sin la antelación obligatoria establecida por la ley.
Medicus: Impone un aumento del 40% a los mayores de 70 años y establece la posibilidad de aumentar aranceles o topes de reintegros sin proporcionar información suficiente y detallada.
Las prácticas descritas infringen diversos artículos de la Ley N° 24.240, que regula la Defensa del Consumidor, y las resoluciones que establecen cómo deben operar los contratos de adhesión. Las prepagas no están cumpliendo con la obligación de publicar todos los términos de sus contratos en sus portales web, lo que afecta directamente a los derechos de los consumidores.
Las autoridades provinciales subrayan que, debido a la naturaleza de los contratos de adhesión, los consumidores no tienen la posibilidad de negociar los términos, lo que hace más relevante el control estatal para evitar abusos. Las empresas ya fueron notificadas y deberán adecuar sus contratos a la normativa vigente para evitar sanciones mayores.
La imputación se da en el contexto de un esfuerzo más amplio de la provincia para defender los derechos de los consumidores. En un plenario reciente del Consejo Provincial de Consumidores, se compartieron experiencias y se coordinaron acciones conjuntas entre las autoridades provinciales y municipales para fortalecer la protección de los usuarios.
