El fin de los subsidios: cómo afectará la tarifa focalizada en 2025

El gobierno argentino mantiene el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas hasta el 31 de mayo de 2025, según lo dispuesto en la resolución 386/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial. Esta decisión refleja el objetivo de la Secretaría de Energía de avanzar hacia una tarifa más focalizada, buscando que los subsidios lleguen solo a aquellos sectores que realmente los necesitan. La funcionaria María Tettamanti explicó que la idea es promover el uso responsable de la energía y reducir el déficit fiscal, todo en un contexto de transición hacia nuevas tarifas más equitativas.

El nuevo esquema de subsidios y la tarifa focalizada

En sus declaraciones, Tettamanti destacó que el nuevo régimen será "una tarifa focalizada, que es lo más parecido a una tarifa social", diseñada para ayudar a quienes realmente no pueden afrontar el costo total de los servicios. Desde 2022, el país implementó un sistema de segmentación de subsidios, donde los usuarios fueron clasificados en tres niveles según sus ingresos: N1 (altos), N2 (bajos) y N3 (medios).

Aunque la gestión de Javier Milei ya había comenzado a aplicar recortes parciales en los subsidios, el objetivo del gobierno es eliminar gradualmente estos subsidios. En principio, se había anunciado que el nuevo esquema entraría en vigor a principios de 2025, pero la urgencia de evitar cortes masivos durante el verano y algunos cambios en la Secretaría de Energía postergaron esta fecha hasta mayo.

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El impacto de las tarifas en los hogares argentinos

La secretaria de Energía explicó que, a pesar del aumento de tarifas, la sociedad ha comprendido que “lo que no se paga por un lado, se paga por el otro”. Según datos oficiales, los hogares argentinos pagan hasta el 80% de lo que consumen en luz y gas, lo que representa un ahorro significativo para el Estado en términos de subsidios. El nuevo esquema se centrará en un bloque mínimo subsidiado, a partir del cual se reflejará el costo real de la producción, transporte y distribución de los servicios.

Tettamanti remarcó que la segmentación permitirá que el subsidio se ajuste según las necesidades de cada familia, tomando en cuenta factores como las diferencias geográficas y climáticas. “En gas natural ya existe, pero en energía eléctrica no", explicó la funcionaria, anticipando que pronto se implementarán medidas similares en el suministro de electricidad.

Los cambios en la Revisión Tarifaria Integral (RTI)

En paralelo, el gobierno comenzó a trabajar en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) con la participación del nuevo interventor del ENRE, Osvaldo Rolando. Esta revisión tiene como objetivo establecer un marco regulatorio que permita ajustar las tarifas de manera más justa y razonable. Según Tettamanti, este proceso será clave para equilibrar las tarifas, garantizar la rentabilidad de las empresas energéticas y asegurar una tarifa justa para los usuarios.

Sin embargo, la secretaria destacó que los tiempos para aplicar la RTI aún están siendo evaluados, y podría llevarse a cabo en una o varias etapas, como ocurrió en la revisión de 2017.

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Emergencia energética y el contexto legal

La resolución 386/2024 se encuentra enmarcada dentro de un contexto de emergencia energética que afecta a todo el sistema de generación, transporte y distribución de electricidad y gas natural en el país. Esta emergencia fue declarada en 2024 y se extenderá hasta julio de 2025, como resultado del Decreto N° 1.023/2024.

El gobierno, a través de esta normativa, busca garantizar la actualización de precios en el sector energético, priorizando la estabilidad y el mantenimiento de tarifas reales constantes, mientras se lucha contra la inflación.

Un panorama incierto para el futuro energético

Aunque el gobierno se encuentra trabajando en los nuevos marcos regulatorios, el panorama sigue siendo incierto. La aplicación de la nueva tarifa focalizada y la Revisión Tarifaria Integral dependerá de la capacidad del gobierno para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y de cómo se implemente la segmentación de subsidios a lo largo de este año.

Con un costo social y político elevado, las autoridades deberán encontrar el equilibrio entre la necesidad de reducir el déficit fiscal y evitar mayores tensiones sociales por los aumentos en las tarifas de luz y gas.