ATE denuncia que los nuevos límites en paritarias son inviables y pondrán en riesgo la paz social

La reciente publicación de la Decisión Administrativa 1/2025 ha encendido la polémica en el ámbito sindical. La normativa, que establece que los aumentos salariales para los empleados estatales deben negociarse dentro de los límites presupuestarios de cada dependencia, ha sido fuertemente criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En este contexto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que la medida es "inviable" y de "cumplimiento imposible".

Condicionar salarios a los presupuestos, un golpe al poder adquisitivo

En sus declaraciones, Aguiar dejó en claro que, con los salarios establecidos en 2023, el Gobierno no podrá garantizar la paz social. "Esta decisión es inviable, de cumplimiento imposible. Con salarios del 2023, si de algo va a estar seguro el Gobierno es que no va a existir paz social", sentenció Aguiar. En este sentido, criticó la decisión de vincular los aumentos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia, asegurando que de este modo "vamos a tener 0% de aumento anual".

El dirigente también recordó que, debido a la no sanción de una nueva ley de presupuesto, en 2025 regirá el mismo presupuesto de 2023, lo que, según ATE, llevará a un ajuste brutal en los salarios.

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El gobierno y el ajuste fiscal: sin nueva Ley de Presupuesto

El Gobierno, por su parte, justificó la extensión de esta medida como parte de un esfuerzo por mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Mediante la Decisión Administrativa 1/2025, se prorroga la vigencia de la medida implementada en 2024 que establece que los aumentos salariales deben ajustarse estrictamente a las previsiones presupuestarias. Esta resolución fue firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según el Gobierno, esta medida responde a la necesidad de garantizar "equidad salarial" y "homogeneidad en la negociación de salarios". Además, se hace énfasis en la importancia de continuar con el ajuste fiscal implementado en 2024, con el fin de optimizar los recursos del Estado y avanzar hacia el equilibrio fiscal.

La crítica de ATE y el impacto sobre los trabajadores estatales

Desde ATE, Aguiar fue muy crítico de las políticas del Ejecutivo, asegurando que el Gobierno está utilizando la falta de un presupuesto aprobado como una excusa para "asestar el golpe final sobre los ingresos" de los trabajadores públicos. “Hicieron todo para que no hubiera Ley de Presupuesto. La última norma se formuló en el 2022 y acarrea más de un mil por ciento de inflación. Pretenden utilizar esta prórroga para asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público”, apuntó Aguiar.

Además, el Secretario General de ATE no escatimó críticas hacia los funcionarios del Gobierno, como el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quien, según Aguiar, promovió a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo importante dentro del organismo. "El cinismo de estos funcionarios no tiene límites. Nos quieren ajustar a nosotros pero todos los días ascienden a sus familiares e ingresan a militantes libertarios con sueldos millonarios", concluyó Aguiar.

Tensión con los gremios y la creciente incertidumbre

La medida ha generado un fuerte malestar entre los sindicatos, que ya habían denunciado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos desde la asunción de Javier Milei. Según los datos presentados por ATE, los salarios del sector público han perdido un 40% de su poder adquisitivo en 2024, debido a una inflación acumulada del 112% frente a acuerdos salariales que solo alcanzaron el 73%.

En este marco, ATE continúa exigiendo una suma fija que permita recuperar los salarios más bajos y compensar lo perdido durante el último año. Además, la organización sindical señala que los retrasos salariales han afectado especialmente al personal civil de las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el sector de Salud.

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Despidos y renovación de contratos: incertidumbre sobre el futuro de los estatales

Otro tema que genera incertidumbre es la renovación de los contratos en el sector público. Según datos oficiales, más de 35 mil trabajadores fueron despedidos desde diciembre de 2024, y más de 57 mil contratos vencieron a fines de año, sin que se haya definido cuántos serán renovados.

El clima de tensión es palpable también en las paritarias de 2025, que no han llegado a un acuerdo concreto. Desde el Ejecutivo, se asegura que las medidas implementadas durante 2024 marcan un camino hacia la reducción del gasto público, pero los gremios acusan al Gobierno de utilizar tácticas dilatorias para evitar un aumento salarial significativo.

Desafíos para 2025: el impacto de la inflación

A pesar de la reciente desaceleración de la inflación (2,4% en noviembre, según el INDEC), el Gobierno busca limitar los aumentos salariales para 2025 a un porcentaje inferior a este índice. Esto ha generado más tensiones con los gremios, que exigen una actualización acorde al aumento del costo de vida.

Con la prórroga de la Decisión Administrativa 28/2024 y la implementación de nuevas medidas, la gestión de Milei sigue buscando mantener un control estricto sobre el gasto público, lo que promete un año lleno de conflictos sociales y económicos, especialmente en lo que respecta a las negociaciones salariales.