El Gobierno extiende el ajuste salarial para estatales

El Gobierno nacional decidió extender por un año la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024 mediante la publicación de la Decisión Administrativa 1/2025 en el Boletín Oficial. Esta medida, que busca mantener el equilibrio en las cuentas públicas, fija que los aumentos salariales de los empleados estatales deben ajustarse estrictamente a los parámetros presupuestarios establecidos para cada dependencia.

Restricciones salariales bajo la lupa

Según el documento firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el objetivo es garantizar la “equidad salarial” y mantener la “homogeneidad en la negociación de salarios” durante 2025. Además, se busca optimizar los recursos del Estado y avanzar hacia el equilibrio fiscal.

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La normativa establece que todas las jurisdicciones y organismos descentralizados, incluyendo empresas y sociedades del Estado, deberán negociar los incrementos salariales dentro de las previsiones presupuestarias. Asimismo, cualquier actualización deberá contar con la aprobación previa de los órganos competentes, como la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, la cual seguirá desempeñando un rol clave en las negociaciones colectivas.

Continuidad del ajuste fiscal

Desde el Ejecutivo argumentaron que esta extensión responde a la necesidad de consolidar los avances logrados en 2024, cuando se implementaron medidas para reducir el gasto público sin afectar la operatividad del Estado. “Las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público”, afirmaron en el texto oficial.

La Decisión Administrativa 1/2025 también subraya la importancia de aplicar criterios uniformes en las negociaciones colectivas, evitando disparidades salariales entre las distintas áreas del sector público. En este marco, se reiteró que las convenciones colectivas deben cumplir con los procedimientos de la Ley de Contrato de Trabajo y otros marcos legales vigentes.

Tensiones con los gremios

A pesar de las intenciones del Gobierno, los sindicatos han expresado su descontento con estas políticas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que desde la asunción de Javier Milei, los salarios del sector público han perdido un 40% de su poder adquisitivo, considerando una inflación acumulada del 112% hasta noviembre de 2024 frente a acuerdos salariales que alcanzaron solo el 73%.

“Vamos a seguir exigiendo una suma fija que permita recuperar los salarios más bajos y compense todo lo perdido durante 2024”, afirmaron desde ATE. Además, insistieron en que los retrasos salariales más significativos afectan al personal civil de las Fuerzas Armadas, el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) y el sector de Salud.

En este contexto, la Secretaría de Trabajo convocó a los gremios estatales para discutir las paritarias de 2025, aunque las negociaciones quedaron en un cuarto intermedio sin acuerdos concretos. Los representantes sindicales acusan al Gobierno de utilizar estrategias dilatorias para evitar incrementos salariales.

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Despidos y renovación de contratos

La discusión salarial se desarrolla en un clima de incertidumbre por la renovación de contratos estatales. Según datos oficiales, desde diciembre de 2024 la planta estatal se redujo en más de 35 mil trabajadores, y al cierre del año vencieron más de 57 mil contratos, sin definiciones claras sobre cuántos serán renovados.

Desafíos para 2025

Con una inflación en baja —2,4% en noviembre, según el INDEC—, el Gobierno busca limitar los incrementos salariales por debajo de ese índice, lo que agrava el conflicto con los gremios. En tanto, la prórroga de la Decisión Administrativa 28/2024 refuerza la intención del oficialismo de mantener un control estricto sobre el gasto público.

La continuidad de estas políticas promete un año de tensiones en las relaciones entre el Gobierno y los trabajadores estatales, con negociaciones salariales que marcarán el ritmo de los conflictos sociales y económicos en 2025.