¿Qué hay detrás del decreto que crea embajadores comerciales?

El Gobierno nacional oficializó la creación de la figura de "Embajador Comercial para Inversiones y Desarrollo Estratégico" mediante el Decreto 43/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, esta medida busca atraer inversiones extranjeras y fomentar las exportaciones sin generar costos para el Estado. Sin embargo, la iniciativa podría despertar críticas por la falta de regulación, los posibles conflictos de interés y el riesgo de establecer una diplomacia paralela sin control estatal.

Un título diplomático sin responsabilidades claras

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, establece que los embajadores comerciales tendrán un rol protocolar, promoviendo inversiones y facilitando la expansión de mercados internacionales.

No obstante, se les otorga el rango de "Embajador Extraordinario y Plenipotenciario" sin que formen parte del Servicio Exterior de la Nación. Esto significa que podrán actuar en nombre del país en foros internacionales y misiones comerciales, pero sin estar sujetos a regulaciones diplomáticas tradicionales.

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El principal punto de controversia radica en la falta de responsabilidad institucional de estas figuras. Según el propio decreto, los embajadores comerciales "no representan a la Nación", no tienen vínculo contractual con el Estado ni recibirán remuneración alguna. Sin embargo, podrán interactuar con embajadas y consulados, lo que podría generar conflictos con el personal diplomático de carrera.

Conflictos de interés y falta de transparencia

Uno de los aspectos más cuestionados es la selección de estas figuras entre empresarios y consultores privados. Según el decreto, los embajadores comerciales serán "personas de notable trayectoria empresarial" con experiencia en negocios globales. Sin embargo, la normativa no establece mecanismos claros para evitar conflictos de interés.

Si bien el Gobierno prohíbe que estas personas gestionen recursos estatales o intervengan en licitaciones, en el decreto no se mencionan herramientas de auditoría que impidan que utilicen el cargo para favorecer sus propios negocios. Además, al no formar parte del aparato público, no estarían sujetos a controles administrativos ni a la obligación de rendir cuentas sobre sus actividades.

Un atajo político que genera incertidumbre

La decisión de designar embajadores comerciales sin regulaciones claras se alinea con la política de desregulación extrema que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el mecanismo elegido deja muchas preguntas sin respuesta:

• ¿Quiénes serán designados y bajo qué criterios?
• ¿Qué garantías existen de que no se utilizará este título para beneficiar negociados privados?
• ¿Cómo se evitará que actúen en nombre del Estado sin ningún tipo de control público?

Hasta el momento, el Ejecutivo no brindó detalles sobre estas cuestiones. La medida podría tener impacto en la política exterior argentina, debilitando el rol del Servicio Exterior y generando interrogantes sobre la seriedad de la representación del país en el comercio global.

Si bien la iniciativa busca potenciar la economía sin afectar las arcas públicas, la falta de regulación y transparencia podría convertir a estos embajadores comerciales en actores con poder de influencia sin ningún tipo de control institucional. La comunidad diplomática, el sector empresario y la sociedad merecen respuestas del Gobierno sobre los alcances y límites reales de esta nueva figura.