Paro general: fuerte respaldo gremial y tensión con la UTA

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el paro nacional previsto para los días 9 y 10 de abril se extenderá a 36 horas y estará acompañado por una movilización al Congreso de la Nación. La medida, impulsada por el malestar creciente ante las políticas del Gobierno de Javier Milei, busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores, así como denunciar la presión oficial para disciplinar a los sindicatos.

La CGT endurece su postura

“Desde la central reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos en la marcha del próximo miércoles. Juntos seguiremos luchando para seguir sosteniendo los derechos de todos y todas los trabajadores argentinos”, expresó el cosecretario general Héctor Daer en redes sociales, tras reunirse con organizaciones de jubilados.

El otro vocero clave, Octavio Argüello, recientemente designado como referente de Camioneros en reemplazo de Pablo Moyano, remarcó que el paro responde a un contexto de “creciente malestar social” frente al ajuste. La central obrera exige “la libertad para negociar paritarias libres a acuerdos homologados; aumento a los jubilados y actualización del bono, además de volver a discutir las asignaciones familiares”.

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“El Gobierno está pisando las paritarias para que vayan por debajo de la inflación”, denunció Daer, apuntando directamente contra el Ejecutivo.

Cronograma: cuándo y cómo será el paro

El paro de 36 horas comenzará el miércoles 9 de abril a las 12 del mediodía, con una movilización al Congreso de la Nación. La interrupción total de actividades está prevista para la medianoche del jueves 10, cuando el transporte ferroviario, los subtes y gremios aeronáuticos cesarán sus funciones por 24 horas.

Trenes: los servicios funcionarán con normalidad el miércoles 9, pero pararán completamente el jueves 10.
Subtes y premetro: también cesarán actividades el jueves 10, aunque aún se define la franja horaria exacta.
Vuelos: gremios aeronáuticos como APLA, APA y UPSA anunciaron su adhesión, por lo que se esperan cancelaciones masivas de vuelos en todo el país.

El caso UTA: entre la presión oficial y la tensión interna

La situación con los colectivos es distinta y se convirtió en eje de una fuerte controversia. En medio de un conflicto paritario, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el jueves 27 de marzo, lo que —según interpreta el Gobierno— impide a la UTA sumarse al paro.

Desde el Ejecutivo se desplegó una estrategia de presión que incluyó una auditoría sorpresa en la obra social del gremio, administrada por Silvia Bevk, esposa del líder Roberto Fernández. La jugada fue leída como una advertencia del oficialismo: un paso más dentro de su política de intervenir obras sociales sindicales.

Fuentes cercanas a Fernández reconocen que la decisión de no adherir ya está tomada, basándose en dos argumentos: la conciliación obligatoria vigente y la postura dialoguista del gremio con el Gobierno, del que depende gran parte del financiamiento del transporte en el AMBA.

Sin embargo, dentro de la CGT las críticas arden. “Nos están usando para negociar la propia”, acusó un dirigente. Otro fue más tajante: “Si fuera por mí, yo los expulsaría de la CGT”.

Especialistas laborales, como el abogado Matías Cremonte, plantean que una huelga general convocada por una central sindical escapa al alcance de una conciliación obligatoria sectorial, al estar enmarcada en objetivos sociales y no estrictamente laborales. El conflicto, lejos de limitarse a un aspecto jurídico, refleja una interna política entre el Gobierno, el sindicalismo y las bases trabajadoras.

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La adhesión de los gremios universitarios

A las definiciones se sumó el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que confirmó su participación plena en el paro de 36 horas, reforzando el carácter multisectorial de la protesta. Así, docentes, estatales, gremios industriales y del transporte confluirán en una medida de fuerza que busca ponerle freno al ajuste oficialista.

Un mensaje de unidad intergeneracional

La participación de los jubilados fue clave para redefinir el perfil del paro. La CGT busca ampliar su base social con un mensaje de “unidad intergeneracional”, que combine el reclamo por las paritarias con la denuncia del derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, cada vez más erosionadas.

La imagen de adultos mayores movilizándose junto a sindicatos activos genera una fuerte carga simbólica frente a lo que la central define como “escenas dantescas de represión desaforada”, sufridas por los sectores más vulnerables.

A días del paro, el escenario sigue abierto. La decisión final de la UTA podría modificar el alcance real de la medida. La CGT, por su parte, apuesta a visibilizar el deterioro social bajo el modelo económico del Gobierno de Milei, mientras suma respaldos y redobla la apuesta con una movilización nacional que podría marcar un punto de inflexión en la conflictividad social de 2025.