"Tasas abusivas": el reclamo del campo bonaerense

El agro bonaerense denuncia tasas municipales abusivas que asfixian la producción. Exigen límites y transparencia para un desarrollo real en el interior.

Política18 de marzo de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Ignacio Kovarsky
Ignacio Kovarsky

La presión fiscal sobre el campo bonaerense se ha disparado en los últimos años, dejando al sector agropecuario en una situación insostenible. Un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), presidido por Ignacio Kovarsky, pone en evidencia cómo la tasa vial y otras cargas municipales han incrementado los costos operativos de productores de trigo, soja, ganado y granos, sin que se observe una mejora en los servicios que, en teoría, justifican estos tributos.

El peso de las tasas en el interior bonaerense

La Provincia de Buenos Aires cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales de tierra, arterias vitales para el transporte de más de 45 millones de toneladas de grano, 2.500 millones de litros de leche y 15 millones de cabezas de ganado cada año. Sin embargo, la infraestructura que sostiene la producción y la vida cotidiana de miles de familias se ve amenazada por el descontrol en el cobro de tasas municipales.

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Tasa vial: una herramienta recaudatoria abusiva

Según el informe, la tasa vial –destinada originalmente al mantenimiento de caminos– ha registrado un aumento promedio superior al 40% en la mayoría de la provincia desde 2019. “Si se analiza el aumento real en términos de kilogramos de productos agrícolas, se observa un incremento desmesurado que impacta directamente en la rentabilidad del productor”, denunciaron en el informe. En muchos casos, la tasa representa más del 4% del valor de un arrendamiento, evidenciando la disparidad entre el costo recaudado y la calidad de los servicios prestados.

Nuevas tasas y guías: un rompecabezas impositivo

Pero la situación no se limita a la tasa vial. Los municipios han implementado nuevas tasas –como la denominada “tasa de marcas y señales”– y han segmentado la recaudación según hectáreas o cantidad de producto, sin justificación técnica ni respaldo en mejoras palpables. “Estas tasas se han convertido en herramientas recaudatorias abusivas, con valores fijados de manera arbitraria”, recalca el informe. Asimismo, el sector se enfrenta a las denominadas guías de traslado, cuyos costos, en algunos municipios, pueden superar el 1% del valor bruto del producto, afectando tanto la comercialización del ganado como la venta de terneros y cerdos.

La voracidad fiscal y sus consecuencias

La recaudación estimada para 2025, únicamente por la tasa de conservación y mantenimiento de caminos, supera los 165.000 millones de pesos en 103 municipios bonaerenses. Para ponerlo en perspectiva, con ese monto se podrían adquirir cerca de 800 motoniveladoras, mientras que muchos municipios apenas cuentan con una o dos en operación. Este escenario no solo encarece la producción, sino que también frena la inversión y debilita la competitividad del agro, evidenciando un modelo recaudatorio que parece más destinado a llenar las arcas municipales que a mejorar la infraestructura.

CARBAP representa a más de 34.000 productores a través de 114 asociaciones rurales en Buenos Aires y La Pampa.

Impacto en la calidad de vida y la competitividad

Los caminos rurales son fundamentales para el acceso a servicios esenciales: escuelas, hospitales y centros de atención médica. Cuando la infraestructura se deteriora, las comunidades rurales se ven aisladas y su calidad de vida se ve comprometida. En muchos casos, el mantenimiento se realiza con fondos recaudados de manera arbitraria, sin una planificación ni controles adecuados, lo que refuerza la sensación de abandono por parte de las autoridades.

Implicaciones para el sector productivo

El aumento de las tasas y la proliferación de nuevos tributos han incrementado los costos operativos sin que se vean reflejados en mejoras concretas en los servicios municipales. Los productores denuncian que, además de enfrentar una ineficiencia en la gestión pública, deben soportar una carga impositiva que afecta su rentabilidad y limita su capacidad para invertir en tecnología y mejoras en la producción. La falta de transparencia en la administración de estos recursos genera aún más frustración en un sector que ya lucha contra la volatilidad de los precios y la incertidumbre del mercado.

Exigencia de límites y transparencia

Ante este panorama, CARBAP reclama con contundencia: “Urge establecer límites y criterios claros para la creación y aplicación de tasas municipales”. La entidad insiste en que solo a través de un compromiso firme con la transparencia y una menor presión fiscal se podrá garantizar el desarrollo sostenible del interior y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

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Mecanismos de rendición y sanciones

Además, el informe destaca la imperiosa necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para aquellos funcionarios que desvíen fondos o incumplan con su obligación. “La falta de controles efectivos sobre el destino de los fondos recaudados refleja una grave irresponsabilidad de los municipios”, enfatizan desde CARBAP. Esta postura no solo es una demanda del sector agropecuario, sino una llamada a toda la clase política para detener la escalada impositiva que asfixia a quienes generan riqueza en el interior del país.

Una urgencia para el desarrollo del interior

El crecimiento del interior bonaerense depende, en gran medida, de una infraestructura vial adecuada y de un sistema tributario justo. Garantizar caminos en condiciones óptimas no solo es crucial para la producción agropecuaria, sino también para conectar a las comunidades rurales con centros urbanos y servicios esenciales. Bajar los impuestos y optimizar la administración de los recursos públicos se presentan como medidas indispensables para fomentar la inversión y mejorar la calidad de vida en el campo.

En palabras del informe, “El crecimiento del interior no se logrará asfixiando a quienes trabajan y producen”. El sector agropecuario exige un cambio profundo en el modelo de recaudación, que deje de trasladar el costo de la ineficiencia administrativa a los productores y permita un Estado más eficiente, transparente y comprometido con el desarrollo.

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