Entrevista GLP. “Hay que ponerle un tope a la extorsión”: Leo Moreno propone regular financieras y agencias de cobranza

-¿Qué los llevó a impulsar un proyecto para regular el accionar de las empresas de cobranza? ¿Detectaron un aumento significativo de denuncias en el último tiempo?

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei y se eliminó la Secretaría de Comercio y un montón de normas que incluían derechos del consumidor, cada vez hay más denuncias y cada vez los vecinos y vecinas están más desamparados con respecto a un Estado que no cuida a los consumidores. Todos tenemos comunicación y a veces alguna articulación con algún banco, una financiera, alguna empresa, una obra social, etcétera.

Lo que venimos viendo hace mucho tiempo y por eso empezamos a trabajar muy fuerte, no solamente es la necesidad de frenar los abusos y ordenar las empresas y las agencias de cobranza, sino también el sobreendeudamiento. Muchas financieras, que cada vez las vemos más seguido en las calles de nuestras ciudades, tienen préstamos a veces bajos o normales, con una tasa usurera de hasta el 3.000%.

Estas cuestiones van de la mano con la crisis económica del gobierno nacional, con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, con la falta de medicamentos para los jubilados. Muchos vecinos se endeudan para llegar a fin de mes, para comprar los medicamentos, para poder comer. Pero también hay un montón de vecinos que no tienen deudas y que se les sigue reclamando.

Tiene que haber un control, tiene que pagarse la deuda que tiene cada uno, si la contrae, como la tarjeta de crédito, como la obra social, lo que sea. El tema es el medio y la función coercitiva que a veces tienen ciertas empresas -tampoco voy a decir todas- con respecto a los consumidores.

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Buscamos ponerle un tope a esa extorsión, muchas veces amenaza, a ese abuso que cometen algunas empresas con consumidores, vecinos y vecinas. Por ejemplo, la empresa, cuando vos tenés una deuda, debe mandarte el origen de esa deuda detallada: cuándo te endeudaste, te la tiene que mandar documentada. Tiene que haber una persona física, a través de atención telefónica o presencial, que te pueda explicar bien eso. También te tiene que decir a qué empresa responder, para que quede clara esa situación.

No puede llamarte en cualquier hora del día, ni llamar a tu trabajo, ni llamar a tus amigos, ni mandarte mensajes obsesivamente. Todo eso no lo pueden hacer las empresas. Sí pueden regular y, obviamente, querer cobrar su deuda, que esté el cliente al día, eso es lo más normal en cualquier lugar.

Pero con la profundización de la crisis esto se acentúa muchísimo y los medios que usan algunas empresas, principalmente las financieras y algunas agencias de cobranza, son sumamente extorsivos y eso hay que denunciarlo.

Hay municipios como el de Escobar, donde tenemos una OMIC, una Oficina Municipal de Información al Consumidor. En dos años hemos atendido más de 3.000 casos y mediado para que esos casos se resuelvan, siempre apoyando a los consumidores, pero también mediando para ver cuál era la situación específica. Pero hay otros municipios en la provincia que no tienen la OMIC, por eso la idea es reglamentarlo a nivel provincial para que todos estén cubiertos ante estos abusos.

-En caso de aprobarse la ley, ¿qué rol deberían asumir los municipios y las oficinas de defensa del consumidor en su implementación?

Cuando hay una OMIC, en cualquiera de los distritos de los 135 municipios de la provincia, la cosa funciona, porque uno tiene dónde ir, dónde recurrir, dónde hacer la denuncia, dónde contar qué es lo que le pasó. A veces las Defensorías del Pueblo no alcanzan a trabajar todos estos temas, porque también reciben un montón de demandas, de consultas y de denuncias de otra índole. Pero las Oficinas de Defensa del Consumidor son para eso, para mostrar y contarle al Estado las denuncias respecto a ciertas situaciones de abuso, de mediación, de endeudamiento o de estafa.

Porque también pasa eso: a veces vos sacás un préstamo, lo terminás de pagar y te siguen llegando notificaciones, llamados, te llaman sistemáticamente. Eso se tiene que cortar. Y para eso está la OMIC, que ayuda al vecino a que pueda direccionar bien su denuncia y ponerle un freno si está siendo acosado, si sufre algún abuso por alguna empresa.

-¿Existe algún antecedente similar en otras provincias o se trata de una propuesta inédita a nivel nacional?

Hay provincias que tienen un desarrollo muy importante de Defensa del Consumidor. Por ejemplo -quizás no coincidimos ideológicamente-, pero la provincia de Mendoza y la provincia de Córdoba tienen un desarrollo de la Ley de Defensa del Consumidor que ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado mucho hasta fines de 2023 con legislaciones nacionales de varios diputados -no importa el partido político- porque entienden que esta cuestión es transversal a todos nuestros vecinos.

Pero ahora estamos en un momento muy crítico, con una crisis económica galopante, con una inflación que se nota mucho en los supermercados, con cero control en los aumentos de las tarifas. Entonces uno no puede reclamar si la empresa de telefonía, de luz, de gas, de cable o la obra social le quiere aumentar el 10, el 8, el 5 o el 20% al otro mes. Lo mismo con los bancos. 

Uno no sabe cuánto va a terminar pagando el mes que viene y eso hace que los vecinos se endeuden, porque muchas veces los sueldos no van acorde a la inflación, generalmente en ningún caso desde que asumió Javier Milei. Entonces, es muy difícil sostener tarifas altísimas de servicios básicos que nosotros utilizamos y eso genera un endeudamiento. Por eso tiene que haber un trato digno y ordenado para los consumidores.