Mariana Portilla
Con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, el presidente Javier Milei endureció las condiciones para realizar medidas de fuerza en sectores estratégicos del país. La normativa establece nuevos límites al derecho a huelga al extender el concepto de “servicios esenciales”, lo que obliga a garantizar entre el 50 y el 75% de funcionamiento durante un conflicto sindical.
La medida, difundida este miércoles en el Boletín Oficial, generó un fuerte rechazo de parte del sindicalismo, que ya había cuestionado el intento de avanzar por decreto sobre derechos laborales.
En su artículo 3, el DNU señala que los conflictos que afecten la prestación de servicios esenciales o actividades de "importancia trascendental" estarán sujetos a una cobertura mínima obligatoria. En el caso de los servicios esenciales, no se podrá negociar un nivel de funcionamiento menor al 75%, mientras que para actividades de importancia trascendental, el piso será del 50%.
“El Gobierno busca garantizar el funcionamiento del país incluso en escenarios de conflicto gremial”, señalan fuentes oficiales, que destacan que se trata de una política para asegurar “la continuidad de servicios vitales”.
Hasta ahora, el listado de servicios esenciales se limitaba a áreas como la salud, el agua, la energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Sin embargo, el DNU 340/2025 amplió significativamente ese listado, incluyendo sectores clave como:
-Transporte y distribución de medicamentos
-Servicios farmacéuticos
-Telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales
-Control portuario y aeronáutica comercial
-Servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior
-Cuidado de menores y educación en todos los niveles
-Transporte marítimo y fluvial de personas y carga
-Operaciones costa afuera y servicios conexos
La medida también se enmarca en un proceso de desregulación del sector de la marina mercante, y fue firmada por Milei junto a varios de sus ministros, entre ellos Luis Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello.
El nuevo DNU promete reavivar la tensión entre el Gobierno y los sindicatos, especialmente aquellos con fuerte presencia en sectores ahora declarados esenciales, como salud, educación y transporte.
Además, no se descarta que la Justicia vuelva a intervenir: el antecedente inmediato del DNU 70/23 —también impulsado por Milei y declarado inconstitucional parcialmente— deja abierta la posibilidad de que el Poder Judicial frene la implementación de esta medida, si es considerado lesivo de derechos constitucionales.
