Las CTA bonaerenses repudian el maltrato en la ANDIS y exigen la aplicación de la Ley de Discapacidad

A horas de una nueva movilización nacional convocada frente al Congreso, las dos CTA bonaerenses emitieron un fuerte comunicado para repudiar el episodio ocurrido el viernes pasado en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde funcionarios se negaron a recibir un reclamo de prestadores, familias y personas con discapacidad. La tensión se da además en el marco del paro de 48 horas que el sector mantiene desde este martes. 

Indignación por el trato en la ANDIS

El episodio del viernes generó un profundo rechazo entre las organizaciones bonaerenses. “Frente a la solicitud del reclamo de pagos atrasados a los prestadores, escuelas, centros y transportistas mediante un escrito de dos hojas en A4, funcionarios de la cuestionada Agencia Nacional de Discapacidad se negaron a recibirlo porque no trabajaban bajo presión”, denunciaron Nancy Alarcón, secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma bonaerense, y Nancy Fernández, secretaria de Discapacidad de la CTA de lxs Trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

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Ambas centrales reclamaron que “el Gobierno se ajuste a derecho” y exigieron que “cese la violencia física y simbólica sobre las personas con discapacidad y sus familias”.

Los gremios advirtieron además que los prestadores “no cobran desde 2023” y que los profesionales terapéuticos “perciben apenas tres mil pesos por hora”, una cifra que consideran “insostenible” para mantener las prestaciones.

El comunicado también exige la devolución de las pensiones dadas de baja “injustamente” y la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos tanto en la ANDIS como en los organismos estatales que atienden al colectivo.

Paro y movilización por la Ley de Emergencia

El reclamo de las CTA se enmarca en el paro nacional de 48 horas que realizan los prestadores de terapias y servicios de salud, junto con los transportistas especializados, en demanda de la inmediata reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esa norma fue aprobada por el Congreso y promulgada tras el veto del presidente Javier Milei, pero aún no fue reglamentada, lo que impide su aplicación efectiva.

La medida de fuerza incluye una movilización este miércoles a las 11 frente al Congreso, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“La gente se presentó pacíficamente, solo para entregar una carta explicando la difícil situación del sector. Pero el interventor, Alejandro Vilches, dijo que no podía recibirla porque se sentía presionado. Eso fue un acto de falta de respeto total”, expresó Jésica Machado, referente de Prestadores Unidos.

El paro afecta también a cientos de instituciones y empresas de transporte en distintos puntos del país, mientras crecen las críticas por la falta de ejecución de los $121.000 millones asignados al área. “Hay fondos disponibles y no los ejecutan”, denunció Pablo Bolego, referente del sector.

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Un conflicto que no cede

El viernes pasado, familias y prestadores ingresaron a la sede de la ANDIS tras la suspensión de una reunión prometida por el interventor Vilches. El malestar creció cuando el funcionario se negó a recibir el petitorio. Según relataron los presentes, la situación se tornó tensa por la falta de respuestas ante el “ajuste brutal” que atraviesa el área desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

“Las personas con discapacidad y nuestras familias debemos enfrentar meses de trámites para renovar las prestaciones que son impostergables para la salud. La interrupción de las terapias tiene en muchos casos consecuencias irreversibles”, advirtieron desde las CTA bonaerenses.

La jornada de protesta de este miércoles marcará un nuevo punto de presión sobre el Ejecutivo, en medio del creciente reclamo de las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos para que se garantice la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.