Con dos meses de atraso, Nación prorrogó la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses

El Gobierno nacional formalizó este miércoles la prórroga de la emergencia y/o desastre agropecuario en cuatro municipios bonaerenses, tras dos meses de demora y con un escenario climático que sigue golpeando al interior productivo. A través de la Resolución 1776/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía extendió hasta el 28 de febrero de 2026 la declaración vigente en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, con retroactividad al 1° de septiembre.

La medida —que debió haberse renovado a fines de septiembre— ratifica una decisión adoptada por la Provincia de Buenos Aires y permite que los productores alcanzados difieran el pago de impuestos nacionales y accedan a beneficios crediticios en el Banco Nación. Sin embargo, la resolución llega con un notorio retraso respecto de los plazos legales previstos en la Ley 26.509, que regula las emergencias agropecuarias.

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Obligación legal

La ley establece que cuando las pérdidas superan el 50% de la producción prevista puede declararse la emergencia, y que corresponde homologar las resoluciones provinciales para que las exenciones impositivas alcancen también a tributos nacionales. Así lo explicó la propia resolución de Economía, que aclara que los productores deberán presentar el certificado extendido por la autoridad provincial que acredite los daños sufridos.

De ese modo, será la administración bonaerense —a través de los municipios y el Ministerio de Desarrollo Agrario— la encargada de relevar y remitir a la Nación el listado de productores afectados. Desde ARBA, de hecho, ya habían advertido la semana pasada sobre la necesidad de acelerar los trámites, ya que solo unas 2.000 explotaciones habían iniciado la gestión.

La prórroga llega después de que el flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anunciaran públicamente medidas de asistencia, pero la resolución oficial recién se publicó este 12 de noviembre.

Reclamos y críticas por la falta de obras

El diputado radical Diego Garciarena reclamó la implementación de “un plan de emergencia provincial y la ejecución de obras de largo plazo”. En declaraciones recientes, sostuvo: “Mientras el Gobierno nacional y el provincial se echan culpas, hay tres millones de hectáreas inundadas, pueblos aislados y la producción agropecuaria quebrada. Los bonaerenses siguen sufriendo y necesitamos una política planificada de infraestructura”.

En la misma línea, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, advirtió que la situación “es de catástrofe” y que la respuesta oficial no alcanza. “La política tiene que entender que el agua se maneja en la seca, cuando deben hacerse las obras que previenen estos desastres”, señaló.

Según sus estimaciones, más de cinco millones de hectáreas están bajo el agua, con caminos intransitables y pueblos aislados. “Muchos chicos pierden la escolaridad y hay ambulancias que no llegan porque los caminos se convirtieron en canales”, describió.

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Kovarsky también apuntó al atraso del Plan Maestro del Río Salado, un proyecto estructural que debía completarse hace una década. “Aún restan 30 kilómetros bajo la órbita nacional y 90 kilómetros de la provincia”, detalló.

Una emergencia que se repite

El ingeniero hidráulico Claudio Velazco recordó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que la Cuenca del Salado —que abarca 17 millones de hectáreas y 55 distritos bonaerenses— solo tiene obras finalizadas en 219 de los 710 kilómetros de su cauce principal. “Son los mismos errores estructurales que se repiten una y otra vez”, lamentó.

Mientras tanto, los productores alcanzados por la prórroga podrán acceder a beneficios fiscales y crediticios hasta fines de febrero. Pero en el sector rural nadie descarta que, ante la persistencia de las lluvias y la falta de infraestructura, la emergencia deba volver a renovarse.