Escándalo y jura en vilo: ¿puede no asumir Villaverde?

El jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, pondrá en marcha una ofensiva para impugnar la asunción de Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, durante la jura prevista para el 28 de noviembre. La maniobra buscará sumar el apoyo de senadores del radicalismo y del PRO para alcanzar la mayoría necesaria y dejar a Villaverde sin asiento en la Cámara alta.

Científicos argentinos hallaron un mecanismo clave contra la diabetes

Por qué el peronismo quiere frenar la asunción

La decisión se sustenta en acusaciones que vinculan a Villaverde con el empresario conocido como “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, según señalan las denuncias públicas. Además, sobre la senadora electa pesan otras imputaciones públicas: una venta irregular de un terreno en Las Grutas y un préstamo cuestionado por casi 295.000 dólares del Banco Nación. Las denuncias fueron esgrimidas con insistencia por Martín Soria, ganador en la provincia, y se consolidaron en el debate político durante la campaña.

En la denuncia figura, según fuentes vinculadas al caso, la conexión a través de Claudio Ciccarelli —allegado y, según consta en denuncias periodísticas, primo del empresario acusado— y la pareja atribuida a Villaverde que motivó la exposición pública del vínculo. Ese entramado fue central para que el peronismo y otros sectores plantearan la necesidad de frenar su asunción por “riesgo institucional”, mientras que en el entorno de Villaverde insisten en que no existe hoy una causa firme que impida legalmente su jura.

Cómo se definirá la votación en el Senado

El bloque de Unión por la Patria cuenta con 28 senadores que, según las fuentes consultadas, votarán en bloque en contra de la asunción de Villaverde. La bancada de La Libertad Avanza tiene 20 escaños —incluida la propia Villaverde, que no votará durante su jura—, lo que deja una franja decisiva de 24 senadores cuyas votaciones o abstenciones determinarán el resultado final.

Búsqueda de aliados: radicales y PRO en la mira

La estrategia del peronismo consiste en captar el respaldo —o al menos la abstención— de senadores radicales y de Juntos por el Cambio que, según trascendió en UxP, “no quieren saber nada con que asuma”. En ese juego político aparecen nombres de senadores que, por fidelidades locales o cálculo institucional, podrían sentirse presionados a sumar su firma al dictamen de rechazo.

Antes de llegar al recinto, la ofensiva buscará consolidarse en la comisión de Asuntos Constitucionales. Allí el peronismo confía en reunir un dictamen de rechazo, aprovechando la conformación que, hasta la próxima semana, está presidida por la cordobesa Alejandra Vigo. En esa instancia prevén conseguir firmas de senadores que, por distintas razones, dejarán sus bancas en diciembre y pueden mostrarse más proclives a acompañar la impugnación.

El plazo para convencer a los díscolos

La maniobra tiene una ventana breve: una semana para asegurarse los apoyos claves, entre los que figuran, según fuentes del oficialismo, legisladores que están en el límite entre conservar la alianza o emigrar hacia posiciones más prudentes ante la opinión pública y la prensa.

El antecedente pesado: el caso Patti

Los peronistas y legisladores que impulsan la impugnación recuerdan antecedentes parlamentarios. El episodio más resonante fue la impugnación de la jura de Luis Patti en 2005, cuando el kirchnerismo, con el respaldo de radicales y el ARI, consiguió boicotear la asunción del ex subcomisario por las graves imputaciones por delitos de lesa humanidad. Ese precedente se usa hoy como referencia de que, políticamente, es posible impedir la asunción de un legislador electo aun cuando existan debates sobre la legalidad estricta.

Desde el entorno de Villaverde sostienen que “no hay motivos legales para impedir la jura”: la denuncia estaría radicada —según distintas fuentes— en Comodoro Py pero todavía no habría causas penales en trámite que impidan su asunción. En el bloque libertario hay preocupación: varios senadores reconocen en privado que el escándalo puede tensar la convivencia interna y complicar el liderazgo que Patricia Bullrich deberá ejercer cuando el bloque desembarque en la Cámara alta.

Riesgos para la coalición libertaria

Para LLA la situación es doblemente problemática: más allá del riesgo institucional para Villaverde, la disputa puede consumir recursos políticos y arriesgar acuerdos futuros que el bloque necesitará para avanzar con la agenda legislativa del gobierno. La jura en vilo será, por tanto, uno de los primeros desafíos de la nueva conformación parlamentaria.

Punto por punto, qué implica el nuevo pacto bilateral

El episodio excede la pelea por una banca: se trata de la primera gran prueba para la nueva distribución de fuerzas en el Senado y para las alianzas que definirán la capacidad de sancionar leyes o bloquear medidas en 2026. Si el peronismo logra armar mayoría para impugnar la jura, marcará un antecedente político de peso. Si fracasa, la leyenda de la “jura polémica” quedará instalada y la oposición cargará la responsabilidad en Juntos por el Cambio y aliados.