Entrevista GLP. Ramallo avanza con la venta del juicio a Siderar: “La justicia siempre nos dio la razón”, dijo Poletti

Mauro Poletti, intendente de Ramallo.

—Intendente, ¿por qué decidieron avanzar con la posibilidad de vender el juicio por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene contra Ternium-Siderar?

En estos días estamos enviando al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio. Es una norma que acompaña la declaración de emergencia que ya impulsó el gobernador Axel Kicillof para la Provincia y los 135 municipios.

Uno de los artículos de esta ordenanza habilita la venta de deuda o títulos que el municipio posee en concepto de tasas impagas por distintos contribuyentes. Es cierto que ha llamado mucha gente interesada específicamente por la deuda que mantiene Siderar, del Grupo Techint, y estamos evaluando seriamente esa posibilidad. Una vez que tengamos establecidos los mecanismos formales, se avanzará.

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Hay que recordar que la empresa presentó oportunamente una cautelar cuestionando el monto de la tasa. El municipio ganó en primera instancia, la Cámara confirmó el fallo y hoy la cautelar está en la Suprema Corte bonaerense, pero con dos decisiones previas favorables al municipio.

Además, iniciamos juicios ejecutivos para cobrar la deuda, que supera los 5 mil millones de pesos. También en ese caso la justicia nos dio la razón en primera instancia y en la Cámara, y la empresa volvió a apelar ante la Corte. Hasta ahora la Corte no se expidió, pero todos los fallos previos fueron a favor del municipio. Por eso esta deuda genera tanto interés.

 
—Usted mencionó que ya hay laboratorios y otras empresas interesadas en adquirir ese juicio

Sí, totalmente. Desde que la información tomó estado público, varios grupos empresarios se comunicaron para interiorizarse y conocer en detalle el mecanismo que vamos a implementar.

Mientras tanto, esta semana elevamos nuevos juicios ejecutivos para avanzar en el cobro de cuatro períodos adicionales de deuda que mantiene la empresa. Eso lleva el total a una cifra cercana a los 6 mil millones de pesos. 

Mauro Poletti, intendente de Ramallo.

—La empresa insiste en que el aumento de la tasa es “manifiestamente inconstitucional”. ¿Qué responde como intendente? ¿Cree que la postura de la compañía es económica, jurídica o también política?

Lo primero que hay que decir es que la tasa fue aprobada mediante los mecanismos que establece la ley. En este caso, la Ley Orgánica de las Municipalidades exige el tratamiento en el Concejo con la participación de los mayores contribuyentes.

Y algo importante: la ordenanza no fue aprobada sólo por los concejales que responden al oficialismo, sino por unanimidad de todas las fuerzas políticas.  Además, se definió un nuevo aumento del 50% para 2026 para todas las empresas radicadas en Ramallo. No hacemos un trato diferencial ni discriminatorio.

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Por otra parte, en un momento la empresa argumentó la “confiscatoriedad” de la tasa. Frente a eso, les pedimos que presentaran sus números y balances para aplicarles el régimen de Ingresos Brutos, como se les cobra a muchos contribuyentes. Se negaron a entregar esa información.

El mismo planteo se dio ante el Juzgado Contencioso Administrativo: les pidieron los balances y la documentación para demostrar la supuesta confiscatoriedad, y tampoco los presentaron.