Alerta por la morosidad: explotan las deudas en préstamos y tarjetas

La economía de los hogares argentinos atraviesa un punto de inflexión crítico. En los últimos dos años, la morosidad en préstamos, tarjetas y créditos digitales se multiplicó y encendió alarmas entre especialistas y organismos de defensa del consumidor.

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Lo que en 2024 era percibido como un fenómeno estacional se consolidó, para marzo de 2026, como una crisis estructural de sobreendeudamiento familiar, con un número creciente de deudores que ya no pueden afrontar sus compromisos financieros.

El escenario combina inflación persistente, salarios que pierden poder adquisitivo y tasas de interés elevadas, lo que empuja a miles de hogares a destinar cada vez más ingresos al pago de deudas.

Radiografía de la morosidad entre 2024 y 2026

Los datos muestran un salto significativo en los niveles de incumplimiento de pagos durante los últimos dos años.

El sistema financiero registró una tasa de irregularidad del 9,3%, muy por encima del 2,5% que se observaba a comienzos de 2024. Este incremento triplica los niveles de mora y marca uno de los aumentos más pronunciados de las últimas dos décadas.

Sin embargo, la mayor preocupación se concentra fuera del sistema bancario tradicional.

En el sector de las billeteras virtuales y plataformas de crédito digital, las familias pasaron de destinar el 22% de sus ingresos a pagar deudas a fines de 2024 a comprometer actualmente el 34% de sus recursos mensuales.

El “efecto billetera”: créditos rápidos y mora creciente

Las billeteras virtuales —también conocidas como proveedores de servicios de pago (PSP)— concentran hoy los niveles más altos de incumplimiento del sistema.

La facilidad para acceder a créditos digitales, muchas veces en cuestión de minutos y desde el celular, amplió el alcance del financiamiento, especialmente entre sectores de menores ingresos. Pero esa accesibilidad también trajo aparejado costos financieros elevados.

En este segmento, la deuda promedio de los usuarios equivale actualmente a un 140% de sus ingresos mensuales, un indicador que revela la magnitud del sobreendeudamiento.

Además, los créditos considerados “irrecuperables” se duplicaron en apenas un año, lo que refleja el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

Crece la judicialización de las deudas

El avance del sobreendeudamiento ya comenzó a trasladarse al sistema judicial. Los especialistas advierten que la judicialización de las deudas de consumo será uno de los principales conflictos legales de 2026.

Según señaló Ricardo Orellano, titular del Quinto Juzgado de Paz de la provincia de San Juan, los juicios ejecutivos por cobro de deudas contra consumidores crecieron un 54,4% durante el último año.

El fenómeno también se replica en distintos distritos del país.

El caso de Junín y el aumento de los reclamos

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Junín, la titular del área, Alejandra Tomasone, advirtió que el aumento de la morosidad se convirtió en uno de los reclamos más frecuentes.

Según explicó, el destino del crédito cambió de manera significativa en los últimos años. “Antes el crédito se utilizaba para comprar electrodomésticos o bienes durables. Hoy se usa para financiar gastos corrientes como alimentos o servicios públicos”, señaló.

En paralelo, desde la Mesa de Entradas del Departamento Judicial de Junín informaron que los juicios ejecutivos crecieron un 65% entre 2024 y 2025, alcanzando el nivel más alto de los últimos cuatro años.

Un problema económico con impacto social

El aumento de la morosidad expone una situación que trasciende lo financiero y comienza a tener impacto social.

Con más del 60% de las familias argentinas atravesando situaciones de asfixia financiera, el sobreendeudamiento dejó de ser un problema individual para transformarse en un fenómeno estructural.

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Especialistas advierten que, sin marcos regulatorios específicos para abordar el endeudamiento de consumo, el sistema judicial podría enfrentar una masiva saturación de causas por cobro de deudas, mientras miles de personas quedarían expuestas a situaciones de exclusión económica y conflictos legales prolongados.