La UCR bonaerense acelera su interna con calendario confirmado y negociaciones al límite por una lista de unidad

La cuenta regresiva ya está en marcha. Con el aval judicial al adelantamiento electoral, la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires formalizó el cronograma que desembocará en la elección del 7 de junio y empuja a todos los sectores a definiciones urgentes en medio de un clima cargado de desconfianza, advertencias cruzadas y negociaciones abiertas hasta último momento.

El fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla no solo cerró el frente judicial inmediato al rechazar la impugnación presentada por el sector que encabeza Miguel Fernández, sino que terminó de ordenar —y al mismo tiempo tensionar— el tablero político interno.

La resolución validó el adelantamiento de los comicios y ratificó la potestad de los órganos partidarios para tomar decisiones por mayoría, lo que fortaleció al bloque integrado por el abadismo, Evolución y otros aliados.

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Cronograma en marcha y presión por evitar la interna

Con la oficialización del calendario, el radicalismo bonaerense ya tiene fechas clave: el 9 de abril será el límite para la presentación de fichas de afiliación, mientras que el cierre de listas quedó fijado para el 7 de mayo a la medianoche. Ese plazo funciona como un reloj político que presiona a los distintos espacios a definir si habrá competencia o si se logrará una síntesis.

En los hechos, el proceso afiliatorio tuvo que ser extendido por la Junta Electoral para garantizar la participación de todos los distritos, en medio de ajustes técnicos en el sistema SISAPP y capacitaciones a certificadores. La resolución permitió sumar días adicionales entre el 31 de marzo y el 9 de abril, con el objetivo de ampliar la base de afiliados habilitados.

Pero más allá de lo formal, en la dirigencia radical predomina una lectura común: la situación del partido “no da para una interna”. El argumento económico —el costo de organizar la elección— aparece como un factor concreto, aunque detrás subyace una preocupación política más profunda: el riesgo de profundizar la fractura en un espacio que arrastra tensiones desde las fallidas internas de 2024.

En ese contexto, fuentes partidarias coinciden en que “se va a discutir hasta el último momento” para intentar una lista de unidad. Sin embargo, las posiciones siguen lejos de converger.

Sectores en pugna y advertencias de ruptura

El mapa interno muestra al menos cuatro espacios con peso propio. Por un lado, Evolución, referenciado en Martín Lousteau; por otro, el sector que lidera Miguel Fernández; también el armado que responde a Maximiliano Abad; y un grupo más reducido donde confluyen dirigentes como Juan Manuel Casella y Federico Storani.

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La tensión principal se concentra en la disputa entre el sector de Fernández —que además cuenta con el respaldo de dirigentes como la presidenta del bloque UCR en la Cámara baja bonaerense Alejandra Lordén— y el conglomerado que impulsó el adelantamiento electoral. Desde el espacio del exintendente de Trenque Lauquen ya dejaron trascender una advertencia clara: si no hay una integración “real” en una lista de unidad, competirán con candidato propio.

Ese posicionamiento no es solo discursivo. En las últimas semanas, el sector mostró capacidad de movilización territorial con encuentros seccionales y una fuerte demostración en Saladillo, donde confluyeron intendentes, legisladores y referentes locales.

En ese marco, se analiza la posibilidad de impulsar una figura “nueva y joven” para disputar la conducción del Comité Provincia, en una jugada que combine renovación con posicionamiento interno, incluso en un escenario adverso.

Crisis de liderazgo y debate estratégico sin saldar

Detrás de la discusión electoral asoma una crisis más estructural. La UCR bonaerense sigue funcionando bajo un esquema transitorio, con un Comité de Contingencia presidido por Fernández y una Convención también en formato excepcional, encabezada por Pablo Domenichini. Ese diseño, que debía ser provisorio, se extendió más de lo previsto y alimenta la disputa por la legitimidad de las decisiones.

El fallo de Ramos Padilla terminó de consolidar el criterio de mayoría como regla de funcionamiento, desestimando la necesidad de consensos amplios para avanzar con definiciones clave. Pero esa validación jurídica no resolvió el problema político de fondo.

Las diferencias estratégicas siguen abiertas. No hay definición sobre el posicionamiento frente al gobierno nacional ni sobre la relación con la gestión provincial. Tampoco está saldado si el radicalismo buscará integrar un armado opositor más amplio o sostener una construcción propia.

En ese escenario, el rol de los intendentes del interior aparece como determinante para inclinar la balanza en cualquier negociación.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, sintetizó el clima interno con una advertencia que resuena en todos los sectores: “Cuando la justicia tiene que intervenir, es porque de alguna manera perdimos la capacidad de hacerlo con nuestros propios medios”. Y agregó: “Si no nos podemos poner de acuerdo para hacer una elección, menos nos vamos a poner de acuerdo después de un resultado electoral”.