Propiedad privada y falsas denuncias: el Senado abre una semana clave

El Senado se prepara para comenzar, desde pasado mañana, el debate de la ley sobre propiedad privada enviada por el Ejecutivo al Congreso. La convocatoria oficial para analizar el proyecto se consumaría este lunes, con la presencia de funcionarios de la Casa Rosada.

El oficialismo, junto con parte de la oposición dialoguista, también acordó reactivar la discusión de la iniciativa que pena las falsas denuncias, un tema que no llegó al recinto en el pasado por ser considerado “rompe bloques”.

En paralelo, La Libertad Avanza dejó abierta la posibilidad de sesionar este jueves. El objetivo es que los recientes pliegos judiciales tomen estado parlamentario y avanzar con la designación de la ex legisladora Lucila Crexell como embajadora política argentina en Canadá.

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Definición de la agenda y negociación política

La agenda comenzaría a definirse en las próximas horas, con la convocatoria a diversas comisiones. Para una eventual sesión en el recinto, el oficialismo —comandado por Patricia Bullrich— y la oposición dialoguista esperan la cumbre prevista para mañana, que ya funciona como un cónclave semanal.

En ese encuentro se terminará de delinear la hoja de ruta legislativa. Los bloques aliados, además, buscan sumar sus propias iniciativas al temario del Senado.

Cambios en normas clave sobre propiedad privada

El proyecto impulsado por el Ejecutivo apunta a “blindar” la propiedad privada y contempla modificaciones en distintas normativas. Entre ellas, incluye cambios en el régimen de expropiaciones, con el antecedente reciente de la victoria en el caso YPF.

También abarca aspectos vinculados a barrios populares —una ley sancionada durante la gestión de Mauricio Macri con amplio respaldo político y social—, tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego, que había sido impulsada por Máximo Kirchner durante el gobierno de Alberto Fernández.

No se descarta que, en caso de avanzar el tratamiento en comisión o en plenario, participen funcionarios nacionales para defender la iniciativa.

Falsas denuncias: un proyecto que vuelve al debate

La segunda iniciativa en discusión aborda un tema sensible: las falsas denuncias. El año pasado, el proyecto había logrado un dictamen que finalmente cayó con el recambio parlamentario de diciembre y nunca llegó al recinto.

En ese momento, distintas bancadas advirtieron que la propuesta podía “dinamitar el recinto”. Ahora, el objetivo es evitar conflictos en el articulado, especialmente en lo referido a posibles choques con la convención de Belém Do Pará sobre violencia contra la mujer, que tiene rango constitucional desde su ratificación en 1996.

El texto original fue impulsado por la radical Carolina Losada, quien lo convirtió en una prioridad de su agenda durante meses. Contó con el respaldo del libertario Juan Carlos Pagotto, entonces titular de la comisión de Justicia.

Qué penas establece el proyecto

La última versión del dictamen establecía penas de “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”.

Además, contemplaba un agravante: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

El articulado también fijaba penas “de uno a cuatro años” de prisión para el “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Pliegos judiciales y la designación de Crexell

De cara al jueves, si se concreta la sesión, el oficialismo y los bloques dialoguistas buscan que los pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo tomen estado parlamentario.

En ese marco, también se avanzaría con la designación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá.

Durante su paso por la comisión de Acuerdos, Crexell fue cuestionada por el kirchnerismo. En ese ámbito, la senadora Carolina Moisés —ahora alineada al peronismo— acusó a sus excompañeras de ejercer una “sororidad demagógica”, lo que generó un fuerte cruce y dejó al bloque en una posición incómoda.