Los suicidios en la Bonaerense abrieron una discusión incómoda que ya atraviesa a toda la política

La seguidilla de suicidios dentro de la Policía Bonaerense dejó de ser un tema subterráneo en la Legislatura y empezó a escalar hacia el centro de la agenda política provincial. 

En las últimas semanas, sectores del PRO, libertarios dialoguistas y La Libertad Avanza avanzaron con proyectos y pedidos de informes dirigidos a la gestión de Axel Kicillof, mientras el Gobierno bonaerense busca brindar una respuesta institucional frente a una problemática que ya golpea a una fuerza de más de 100 mil efectivos.

El dato que aceleró las presentaciones legislativas encendió alarmas dentro y fuera del Ministerio de Seguridad: durante 2024 murieron más policías por suicidios que en actos de servicio. Según cifras oficiales difundidas por la propia cartera bonaerense, 37 efectivos se quitaron la vida, mientras que 8 fallecieron en hechos vinculados al servicio.

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En ese escenario, el titular del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, impulsó un pedido de informes para exigir precisiones sobre la situación de salud mental dentro de la fuerza, los dispositivos de asistencia vigentes y la capacidad real de respuesta del Estado provincial.

“La seguridad también depende del estado emocional y psicológico de quienes salen todos los días a trabajar, muchas veces atravesando situaciones muy duras y con enorme carga de estrés”, sostuvo el exintendente de Junín al fundamentar la iniciativa.

El legislador opositor pidió datos sobre suicidios e intentos de suicidio, carpetas psiquiátricas, acceso a tratamientos, cobertura del IOMA y protocolos de prevención y acompañamiento posteriores a situaciones traumáticas.

“Detrás de esos números hay familias destruidas, compañeros que conviven con situaciones traumáticas y trabajadores del Estado que muchas veces enfrentan en soledad altos niveles de presión, estrés, violencia y desgaste emocional”, planteó.

Petrecca también puso el foco sobre las condiciones de asistencia en el interior bonaerense y cuestionó si el sistema actual está preparado para contener a una estructura policial de semejante dimensión. “Si de verdad queremos cambiar la realidad, el primer paso es conocerla bien y exigir que el Estado rinda cuentas sobre cómo cuida a quienes todos los días tienen la responsabilidad de cuidar a los bonaerenses”, afirmó.

El Gobierno busca mostrar reacción

Mientras crecían los cuestionamientos opositores, el Ejecutivo bonaerense avanzó esta semana con un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal para unificar estadísticas oficiales sobre suicidios y construir un “perfil epidemiológico” de la problemática.

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El acuerdo fue firmado en La Plata por el procurador general Julio Marcelo Conte Grand, el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el ministro de Seguridad Javier Alonso. El objetivo oficial es mejorar la calidad de los registros, detectar grupos de riesgo y diseñar políticas públicas de prevención y abordaje en salud mental.

Desde la Provincia sostienen que las dificultades para identificar y cuantificar los suicidios generan subregistros y limitan la elaboración de estrategias específicas. El convenio plantea, además, una articulación interinstitucional para consolidar información dispersa entre distintas áreas del Estado.

En paralelo, Alonso salió públicamente a instalar la discusión sobre salud mental y aislamiento social. “Por cada homicidio que se produce, hay dos veces y media un suicidio”, señaló el funcionario bonaerense en declaraciones radiales.

“El problema del suicidio es que todo transcurre con un sufrimiento, con un dolor que se vive en soledad”, agregó el ministro, que vinculó la problemática con las nuevas formas de socialización y la pérdida de vínculos personales.

“Cuando surge en la gente la idea de quitarse la vida, inmediatamente tiene que pedir ayuda. Los familiares tienen que poder hablar. Las personas necesitan poder hablar de lo que está pasando. El mayor tema es poder vencer el aislamiento”, sostuvo Alonso.

El ministro también apuntó al impacto de las redes sociales y la presión emocional que generan determinadas dinámicas virtuales. “Existe la necesidad de publicar en la red social una foto que demuestre éxito, aunque después la vida sea de angustia y de dolor”, expresó.

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La oposición endurece los reclamos

La discusión ya venía creciendo en la Legislatura antes del movimiento del PRO. En enero, el diputado de La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko había presentado otro pedido de informes para exigir datos oficiales desde 2019 hasta la actualidad y conocer qué políticas de prevención existen dentro de la fuerza.

“Sin estadísticas oficiales, sin transparencia y sin decisiones firmes, no hay prevención posible”, advirtió el legislador libertario.

Días atrás también se sumó el senador bonaerense Sergio Vargas, del bloque libertario dialoguista, quien presentó un proyecto para crear un Programa Integral de Salud Mental destinado específicamente al personal policial y penitenciario.

“Esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía”, sostuvo Vargas.

El senador describió un escenario atravesado por salarios insuficientes, recargos de servicio, estrés operativo y temor a reconocer padecimientos psicológicos por posibles consecuencias económicas dentro de la fuerza.

“El resultado de esta ecuación es trágico pero previsible: el uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde”, afirmó.

El proyecto propone garantizar atención psicológica confidencial, evaluaciones periódicas, acompañamiento interdisciplinario y preservar los ingresos de los efectivos que deban ser apartados preventivamente del uso de armas.

“Resulta necesario desarticular una cultura institucional que históricamente desalentó la expresión del malestar psíquico”, remarcó Vargas, quien pidió “cuidar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos”.