Ecos del "Adorni Gate": el PRO bonaerense endurece las reglas para asumir cargos públicos
En plena tensión con el Gobierno por el escándalo patrimonial que sacude a la Casa Rosada, el macrismo provincial empuja cambios para exigir mayor transparencia y sumar sanciones ante incumplimientos en la presentación de bienes.
Mariana Portilla
La investigación judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, empezó a generar consecuencias políticas dentro del propio esquema de alianzas que sostiene al Gobierno nacional. En medio de la tensión creciente por las dudas alrededor de su patrimonio, el PRO bonaerense activó una doble ofensiva: por un lado, un proyecto legislativo para impedir que candidatos electos asuman sin presentar declaraciones juradas; por otro, un duro comunicado partidario que buscó marcar diferencias con algunos comportamientos dentro de La Libertad Avanza.
La iniciativa parlamentaria fue presentada por el senador bonaerense Alex Campbell, quien propuso modificar la Ley provincial N°15.000 para incorporar sanciones concretas contra aquellos dirigentes que incumplan con la obligación de transparentar su patrimonio antes de asumir funciones públicas.
El movimiento político no pasó inadvertido. En el PRO admiten por lo bajo que el caso Adorni alteró el equilibrio interno entre el macrismo y el oficialismo libertario, sobre todo después de que la causa judicial avanzara sobre presuntas inconsistencias entre ingresos declarados, remodelaciones inmobiliarias, alquileres y movimientos económicos vinculados al funcionario nacional.
El proyecto impulsado por Campbell apunta directamente a uno de los puntos débiles que, según el legislador, tiene el actual sistema de control patrimonial bonaerense: la falta de consecuencias operativas para quienes no presentan la documentación obligatoria.
La modificación establece que cualquier candidato electo que no haya cumplido con la entrega de su declaración jurada patrimonial “no podrá jurar ni tomar posesión efectiva del cargo hasta tanto acredite el cumplimiento de la obligación legal”.
“Si bien la ley actual constituyó un avance relevante en materia de transparencia y control ciudadano, hay una debilidad del sistema. No contiene una consecuencia directa y específica para el supuesto en que una persona electa pretenda asumir un cargo público sin haber cumplido previamente con una obligación básica de transparencia patrimonial”, sostuvo Campbell al fundamentar la iniciativa.
El proyecto también contempla un mecanismo de intimación formal y fija que, en caso de persistir el incumplimiento, la conducta será considerada “falta grave”, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o judiciales que pudieran corresponder.
La legislación vigente ya obliga a presentar declaraciones juradas a candidatos oficializados para cargos provinciales, incluidos gobernador, vicegobernador, diputados y senadores bonaerenses. Sin embargo, el texto impulsado por el dirigente del PRO agrega una condición adicional: quienes resulten electos deberán acreditar la presentación de la documentación antes de la jura y la asunción efectiva.
La causa judicial que incomoda al oficialismo
La discusión política quedó inevitablemente atravesada por la situación judicial de Adorni. En Comodoro Py, el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que el funcionario entregue su declaración jurada completa mientras avanza una investigación sobre movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y posibles activos vinculados a criptoactivos.
La causa analiza adquisiciones y remodelaciones realizadas desde octubre de 2023, entre ellas una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito.
En tribunales también fueron incorporados testimonios que complejizaron el escenario judicial del funcionario. Uno de ellos fue el del contratista Matías Tabar, quien reconoció pagos por 245 mil dólares sin facturación formal vinculados a trabajos de refacción. A eso se sumó la declaración de José Rodríguez, propietario de un inmueble en el country Indio Cua, quien aseguró haber recibido pagos en efectivo relacionados con alquileres temporarios.
La investigación todavía se encuentra en etapa preliminar, pero la demora en la presentación de la documentación patrimonial incrementó la presión política sobre el funcionario y abrió ruido incluso dentro del oficialismo.
El PRO salió a marcar diferencias con Milei
En paralelo al proyecto legislativo, el PRO difundió un comunicado titulado “Manifiesto próximo paso”, donde buscó fijar una posición propia frente al Gobierno de Javier Milei. Aunque el documento no mencionó de manera explícita a Adorni, el mensaje fue interpretado dentro del oficialismo como una señal directa en medio del escándalo.
“Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”, sostuvo el texto difundido por el partido que lidera Mauricio Macri.
El comunicado también incluyó cuestionamientos a actitudes de “soberbia” y “arrogancia” dentro del poder, además de reclamar “ejemplaridad” en momentos de fuerte ajuste económico y tensión social.
La situación se volvió todavía más incómoda después de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que Adorni presentara “de inmediato” la documentación requerida por la Justicia. “Si ya tiene toda la información, no hay motivos para demorarlo”, afirmó la ministra durante una entrevista televisiva que generó malestar interno dentro de La Libertad Avanza.
El propio Milei salió luego a respaldar a su jefe de Gabinete y aseguró que “los números están en orden”, además de minimizar las sospechas sobre el patrimonio del funcionario. Sin embargo, la documentación todavía no fue presentada ante la Justicia y en Comodoro Py esperan novedades en las próximas horas.
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